ISSN IMPRESO: 2528-8008
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VOLUMEN 9 / Nº2
Mayo-Agosto 2025
ISSN IMPRESO: 2528-8008
ISSN ELECTRÓNICO: 2588-087X
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VOLUMEN 9 / Nº2
Mayo-Agosto 2025
ISSN IMPRESO: 2528-8008
ISSN ELECTRÓNICO: 2588-087X
Volumen 9 Número 2,
ISSN impreso: 2528-8008
ISSN electrónico: 2588-087X
Cuenca, agosto de 2025
Revista Killkana Sociales
Vol. 9, No. 2 | agosto 2025 | ISSN: 2528-8008. ISSN Elect.: 2588-087X
https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v9i2.1626
4
Dennys Alejandro Realpe del Salto
Revista Killkana Sociales
ISSN IMPRESO: 2528-8008
ISSN ELECTRÓNICO: 2588-087X
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Av. de Las Américas y Humboldt
Código Postal 010101, Cuenca–Ecuador
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Central telefónica:
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Volumen 9, Número 2
Publicación trianual
Editor en Jefe de las Revistas Cientíca
Ph.D José Sebastían Endara Rosales
Editor de la revista
Ph.D. Marco Antonio Marín Guamán
Diseño, diagramación y maquetación
Alexander Campoverde Jaramillo
English texts revision/edition
Departamento de idiomas de la Universidad
Católica de Cuenca
Versión digital
Comité Científico Externo
Julio Alonso Arévalo, PhD.
Universidad de Salamanca, Salamanca
España, alar@usal.es
María Dolores Pesántez, PhD.
Universidad Nacional de Educación, Azogues - Ecuador
maria.pesantez@unae.edu.ec
Miriam Carlota Ordoñez, PhD.
Universidad de Cuenca, Azuay - Ecuador
miriam.ordonez@ucuenca.edu.ec
Jaime Ullauri Ullauri, PhD.
Universidad Nacional de Educación, Azogues - Ecuador
jaimeullauri_docente@outlook.com
Comité Científico Interno
MCF. Yanice Ordoñoez Parra, Ph.D
Universidad Católica de Cuenca – Unidad Académica de
Ciencias Económicas y Administrativas – Cuenca
jordonezp@ucacue.edu.ec
Mgs. Renan Rodríguez Pillaga
Universidad Católica de Cuenca – Unidad Académica de
Ciencias Economicas y Administratovas – Cañar
rtrodríguezp@ucacue.edu.ec
Mgs. Ramiro Ochoa Ochoa, Ph.Dc
Universidad Católica de Cuenca – Unidad Académica de
Ciencias Sociales – Cuenca
rochoa@ucacue.edu.ec
Contenido
Sistemas de información y resiliencia
organizacional: de los datos a la adaptación
inteligente
Information systems and organizational resilience: from
data to intelligent adaptation
Revisión sistemática jurídica del uso en las
comunidades indígenas y ancestrales de plantas
con propiedades psicotrópicas frente a la
legislación penal ecuatoriana y al UIS PUNIENDI
Systematic legal review of the use of plants with
psychotropic properties in indigenous and ancestral
communities in the face of ecuadorian criminal
legislation and the UIS PUNIENDI
Beneficios intangibles del arbitraje,respetando
la gratuidad de la justicia
Intangible benefits of arbitration, respecting the free
nature of justice
Interculturalidad, pluralismo y derechos
humanos en el contexto de la colonialidad
Interculturality, pluralism and human rights in the context
of coloniality
Auditoría financiera a la Empresa Oasis por el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del
2023
Financial audit of the Oasis Company for the period from
january 1 to december 31, 2023
La violencia intrafamiliar y su incidencia en el
desarrollo profesional de la mujer
Domestic violence and its impact on womens
professional development
Compliance y gestión de riesgos judiciales en el
Ecuador
Compliance and judicial risk management in Ecuador
31
49
67
87
VII
1
15
Editorial
Sistemas de información y
resiliencia organizacional:
de los datos a la adaptación
inteligente
Information systems and organizational
resilience: from data to intelligent adaptation
Renan Teodoro Rodriguez Pillaga
Universidad Católica de Cuenca. Cuenca-Ecuador
DOI: https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v9i2.1657
En una economía global caracterizada por su creciente com-
plejidad, interdependencia y vulnerabilidad, ninguna organiza-
ción está exenta de enfrentar riesgos económicos, emergen-
cias sanitarias, desinformación, ciberataques, entre otros. Un
ejemplo claro fue la pandemia global del Covid -19, que originó
una profunda crisis económica considerada un “cisne negro”,
provocando una caída drástica en las ventas, interrupción en
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Vol. 9, No. 2 | agosto 2025 | ISSN: 2528-8008. ISSN Elect.: 2588-087X
VII
Editorial
Recepción: 6 de abril de 2025 | Publicación: 30 de mayo de 2025
https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v9i2.1657
Renan Teodoro Rodriguez Pillaga
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VIII
las cadenas de suministros y el cierre de numerosas empresas trajo
consigo una significativa pérdida de empleos. (Nicola et al., 2020)
La resiliencia como ventaja competitiva
En este entorno volátil y desafiante, la resiliencia deja de ser una capa-
cidad meramente defensiva para convertirse en una ventaja competi-
tiva y sostenible. Esta se construye a partir de atributos claves como la
conciencia de riesgo, preferencia por la cooperación, la agilidad ope-
rativa y la capacidad de improvisación. (Andersson et al., 2019). Según
Duchek, (2020) la resiliencia transcurre en tres etapas fundamenta-
les: anticipación, afrontamiento y adaptación. Cada una de estas eta-
pas requiere planificación, monitoreo, control y acceso a los recursos
necesarios.
El rol estratégico de los sistemas de información
Para construir resiliencia, es imprescindible contar con información
confiable y oportuna, procesos flexibles, liderazgo innovador, toma
de decisiones basada en datos, y una postura proactiva. (Jiménez &
Rodríguez.,2024). En este contexto, los sistemas de información (SI) se
constituyen en aliados fundamentales: permiten recolectar, procesar,
almacenar y presentar la información crítica para la toma de decisiones
estratégicas.
Erol et al., (2010) sostiene que las empresas funcionan como sistemas
complejos compuestos por personas, procesos, infraestructura tecno-
lógica y sistemas de información orientados a la producción de bienes
y servicios mediante el uso eficiente de recursos físicos, financieros y
humanos. Los SI, por lo tanto, articulan las funciones organizativas, an-
ticipan disrupciones y habilitan respuestas inteligentes y coordinadas.
Han pasado de ser herramientas operativas para convertirse en nú-
cleos estratégicos de datos, a partir de la interacción constante dentro
y fuera de la organización
Desde su implementación, SI han contribuido significativamente a me-
jorar la productividad y competitividad y globalización de las empre-
sas, especialmente con la irrupción de la industria 4.0 (Marcucci et al.,
2021). Actualmente, su valor se potencia al facilitar el análisis de grandes
Editorial
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IX
volúmenes de datos y convertirlos en conocimiento mediante tecnolo-
gías como la inteligencia artificial el análisis predictivo, el aprendizaje
automático y los sistemas de apoyo a la decisión. Estas herramientas
permiten identificar patrones ocultos, modelar escenarios prospecti-
vos y anticipar puntos de quiebre antes de que se materialicen.
No obstante, los procesos de transformación digital también han evi-
denciado limitaciones estructurales en muchas organizaciones: in-
fraestructuras fragmentadas, datos inconexos, brechas de seguridad,
baja interoperabilidad, y escasa gobernanza informacional.(Rodríguez
& Bañuls, 2022) Esto subraya la necesidad de democratizar el acceso a
tecnología, especialmente para microempresas con recursos.
Tecnología + inteligencia organizacional =resiliencia efectiva
Para que los SI realmente contribuyan a la resiliencia organizacional,
no basta con disponer de tecnologías avanzadas: se requiere inteli-
gencia organizacional. Esto implica fomentar procesos participativos
para la adopción e implementación tecnológica, así como compromiso
institucional para aceptar el cambio. La calidad de la información de-
pende en gran medida de la interacción humana con los sistemas, por
lo que la cultura organizacional cumple un papel decisivo.
Los SI bien diseñados e integrados permiten a las organizaciones
aprender, adaptarse y fortalecerse tras una crisis. Cumplen roles fun-
damentales como la monitorización temprana de señales de cambio,
el apoyo a la toma de decisiones bajo incertidumbre y la coordinación
operativa en contextos adversos. Actúan, en definitiva, como el siste-
ma nervioso central de la organización: conectan, procesan y movili-
zan los procesos contables, administrativos, entre otros, dentro de la
organización.
Conclusiones
En un entorno global cada vez más incierto, las empresas deben fo-
mentar la resiliencia organizacional como una estrategia clave para ga-
rantizar la continuidad de sus operaciones. En este camino, los siste-
mas de información se consolidan como herramientas esenciales para
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X
anticipar, enfrentar y adaptase a las disrupciones. Para maximizar su
impacto, es fundamental con equipos capacitados, una gobernanza de
clara de los datos y una cultura organizacional basada en transparen-
cia, el aprendizaje continuo y la orientación a resultados.
La información generada a través de las interacciones con los stake-
holders es fundamental para el desarrollo de la resiliencia ya que per-
mite a las empresas anticipar riesgos, tomar decisiones informadas en
contextos de incertidumbre y adaptarse rápidamente a los cambios.
De esta forma, la información no solo sustenta la operación diaria, sino
que se convierte en un activo clave para afrontar crisis, innovar y cons-
truir una ventaja competitiva sostenible frente a entornos cada vez más
complejos y volátiles.
Los SI por sí solo no son suficientes para la construcción de resilien-
cia: se requiere estructuras organizativas flexibles, liderazgo proactivo
y una cultura colaborativa e informada. Así, los SI, cuando están co-
rrectamente diseñados e implementados, permiten a las organizacio-
nes responder con inteligencia y adaptabilidad frente a los desafíos del
entorno.
Líneas de investigación futuras
Como líneas de investigación futuras de puede abordar como la integra-
ción de inteligencia artificial en los sistemas de información (SI), puede
contribuir a anticipar crisis, modelar escenarios y responder de forma
proactiva. Como los datos recabados contribuyen de manera efectiva a
la toma de decisiones en contextos de incertidumbre. Como gestionar
los riesgos mediante la planificación, monitoreo y control para antici-
parlos, comprenderlos y gestionarlos con inteligencia estratégica.
Es relevante abordad la transformación digital en la capacidad adapta-
tiva de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), explorando cómo
escalar o adaptar SI a estructuras con recursos limitados. Finalmente,
en un entorno global interconectado, investigar la resiliencia en cade-
nas de suministro inteligentes es esencial para garantizar continuidad
operativa, mediante una mayor visibilidad, trazabilidad y capacidad de
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XI
respuesta ante disrupciones. Estas líneas constituyen un camino estra-
tégico para avanzar hacia organizaciones más adaptativas, inteligentes
y sostenibles.
Referencias
Andersson, T., Cäker, M., Tengblad, S., & Wickelgren, M. (2019). Building
traits for organizational resilience through balancing organizatio-
nal structures. Scandinavian Journal of Management, 35(1), 36-45.
https://doi.org/10.1016/j.scaman.2019.01.001
Duchek, S. (2020). Organizational resilience: A capability-based con-
ceptualization. Business Research, 13(1), 215-246. https://doi.
org/10.1007/s40685-019-0085-7
Erol, O., Sauser, B. J., & Mansouri, M. (2010). A framework for investi-
gation into extended enterprise resilience. Enterprise Information
Systems, 4(2), 111-136. https://doi.org/10.1080/17517570903474304
Jiménez Rodríguez, D. D., & Rodríguez Pillaga, R. T. (2024). Resiliencia
organizacional: Caso de estudio en la Cooperativa de Ahorro
y Crédito YUYAY Ltda. Killkana Social, 8(2), 51–61. https://doi.
org/10.26871/killkanasocial.v8i2.1349
Marcucci, G., Antomarioni, S., Ciarapica, F. E., & Bevilacqua, M. (2021).
The impact of Operations and IT-related Industry 4.0 key technolo-
gies on organizational resilience. Production Planning and Control,
0(0), 1-15. https://doi.org/10.1080/09537287.2021.1874702
Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C.,
Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications
of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. International
Journal of Surgery, 78(April), 185-193. https://doi.org/10.1016/j.
ijsu.2020.04.018
Renan Teodoro Rodriguez Pillaga
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Rodríguez, R. T., & Bañuls, V. A. (2022). Challenges of Emergency
Management Digital Transformation in Industrial Parks. Information
Systems for Emergency Management.
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Revisión sistemática jurídica del
uso en las comunidades indígenas
y ancestrales de plantas con
propiedades psicotrópicas frente a la
legislación penal ecuatoriana y al UIS
PUNIENDI
Systematic legal review of the use of plants with
psychotropic properties in indigenous and ancestral
communities in the face of ecuadorian criminal legislation
and the UIS PUNIENDI
Dennys Alejandro Realpe del Salto
denalej-94@hotmail.com
Investigador Independiente
DOI: https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v9i2.1626
Resumen
Este estudio realizó una revisión sistemática de literatura jurídica, tomando como criterios
de fundamentación los derechos ancestrales (derecho consuetudinario) y la legislación
vigente en el ámbito penal del Ecuador, enfocándose en el uso cultural y ritual de plantas
Artículo bibliográco. Revista Killkana Sociales. Vol. 9, No. 2, pp. 1-14, mayo-agosto, 2025.
p-ISSN 2528-8008 / e-ISSN 2588-087X. Universidad Católica de Cuenca
Recepción: 20 de febrero de 2025 | Publicación: 30 de mayo de 2025
Revista Killkana Sociales
Vol. 9, No. 2 | agosto 2025 | ISSN: 2528-8008. ISSN Elect.: 2588-087X
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Dennys Alejandro Realpe del Salto
consideradas sagradas por las comunidades indígenas y que, de acuerdo con la legis-
lación ecuatoriana, pueden ser tratadas como plantas sujetas a fiscalización. Se abordó
el conflicto de derechos existente entre las disposiciones del Código Orgánico Integral
Penal (COIP), la Ley Orgánica de Salud y los derechos de los pueblos ancestrales e in-
dígenas, garantizados por la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales como
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Utilizando la declaración PRISMA 2020 como marco metodológico, el estudio realizó una
revisión sistemática de la literatura entre 2020 y 2022, empleando bases de datos como
Scopus y Web of Science, entre otras, para investigar la dinámica entre la legislación pe-
nal y las prácticas culturales que involucran sustancias con propiedades psicotrópicas.
Entre los hallazgos más relevantes se identificó que el COIP no contempla cláusulas que
salvaguarden explícitamente el uso ritual de estas sustancias, lo que genera ambigüeda-
des jurídicas que derivan en criminalización. Los resultados revelan una necesidad ur-
gente de reformas legislativas que reconozcan y protejan el uso ritual de estas sustancias,
asegurando que las comunidades indígenas ejerzan sus tradiciones sin temor a represa-
lias legales. El análisis ofrece recomendaciones para políticas públicas interculturales y
respetuosas de los derechos indígenas.
Palabras clave: Derechos Ancestrales, Indígenas Ecuador, Legislación Penal, Prácticas
Culturales, Reformas Legislativas, Sustancias Psicotrópicas.
Abstract
This study conducted a systematic review of legal literature, using ancestral rights
(customary law) and current Ecuadorian criminal legislation as foundational criteria.
The focus was on the cultural and ritual use of plants considered sacred by indigenous
communities, which, under Ecuadorian law, may be classified as controlled substances.
The analysis addressed the conflict of rights between the provisions of the Comprehensive
Organic Penal Code (COIP), the Organic Health Law, and the rights of ancestral and
indigenous peoples as guaranteed by the Ecuadorian Constitution and international
instruments such as the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
Following the PRISMA 2020 statement as a methodological framework, the study reviewed
literature published between 2020 and 2022, using databases such as Scopus and Web
of Science, among others, to examine the relationship between criminal legislation and
cultural practices involving psychoactive substances. One of the key findings revealed
that the COIP lacks explicit provisions to safeguard the ritual use of these substances,
resulting in legal ambiguities that lead to criminalization. The results highlight an urgent
need for legislative reforms that recognize and protect such ritual use, ensuring that
indigenous communities can practice their traditions without fear of legal reprisals. The
analysis not only identifies legal conflicts but also oers policy recommendations that
promote intercultural respect and uphold the rights of indigenous peoples in Ecuador.
Keywords: Ancestral Rights, Indigenous Ecuador, Criminal Legislation, Cultural Practi-
ces, Legislative Reforms, Psychotropic Substances.
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Revisión sistemática jurídica del uso en las comunidades indígenas y ancestrales de plantas con propiedades psicotrópicas
Introducción
El uso de plantas y sustancias por comunidades indígenas a nivel mundial consti-
tuye una parte integral de su tejido cultural, social y espiritual de su cosmovisión.
Estas prácticas, que datan de milenios, son rituales religiosos y componentes
importantes de la medicina tradicional y de las estructuras sociales de numero-
sos pueblos (Saini, 2022). En regiones como la Amazonía, los Andes, y partes de
Norteamérica y África, plantas como la ayahuasca, el peyote y la iboga se han uti-
lizado para la curación física, mental y comunicación espiritual y la consolidación
de la comunidad (Hamill et al., 2019; Ona et al., 2022).
Estas prácticas cumplen una función social importante, facilitando la transmisión
de valores culturales y conocimientos ancestrales de una generación a otra, for-
taleciendo los lazos comunitarios y afirmando la identidad cultural en un mundo
cada vez más globalizado (Pedroza-Buitrago et al., 2020). En muchos casos, estos
rituales permiten a los participantes abordar desafíos personales y colectivos, re-
afirmando su conexión con el pasado y su responsabilidad hacia el futuro de la co-
munidad (Labate & Cavnar, 2018; Motyka, 2022). Estos usos tradicionales reflejan
una comprensión profunda de las propiedades de estas plantas, integradas en un
marco de respeto, equilibrio y armonía con el entorno natural.
La regulación de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas en Ecuador se
basa en dos pilares: la prohibición y la excepción. El Código Orgánico Integral
Penal (COIP) tipifica como delito el tráfico ilícito de estas sustancias, pero permite
su uso ancestral, tradicional o religioso bajo ciertas condiciones. La Ley Orgánica
de Salud, por su parte, prohíbe la producción, comercialización, distribución y
consumo de estas sustancias en general, salvo para uso terapéutico bajo pres-
cripción médica y control de la autoridad sanitaria nacional.
La Constitución ecuatoriana garantiza los derechos de las comunidades indíge-
nas a mantener sus tradiciones ancestrales, incluyendo el uso de plantas con pro-
piedades estupefacientes para fines rituales. Sin embargo, la falta de claridad en
el COIP sobre este tema ha generado conflictos, ya que las autoridades pueden
interpretar la ley de manera restrictiva y criminalizar estas prácticas culturales
legítimas. Se necesita mayor claridad legal para proteger los derechos indígenas
y garantizar el respeto a su cosmovisión.
Esta investigación, a través de una revisión bibliográfica jurídica exhaustiva, busca
comprender cómo las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal y la Ley
Orgánica de Salud pueden ser armonizadas con los derechos consagrados en la
Constitución y tratados internacionales suscritos por el Ecuador para las pobla-
ciones indígenas. El análisis de la literatura existente permitirá identificar lagunas,
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contradicciones y posibles vías de acción legal y políticas que respeten tanto la
soberanía nacional como los derechos indígenas.
Metodología
(Arya et al., 2021). (Linares-Espinós et al., 2018).
(Ciapponi, 2021). (García-Peñalvo, 2021).
Para asegurar la rigurosidad y transparencia de la revisión sistemática, se siguió la
declaración PRISMA 2020 (Arya et al., 2021). El primer paso fue desarrollar un pro-
tocolo de revisión exhaustivo que definiera claramente los objetivos de la investi-
gación, criterios de inclusión y exclusión y, las estrategias de búsqueda en bases
de datos científicas. Posteriormente, se realizó una selección preliminar por títu-
los y resúmenes, y luego una evaluación completa de los artículos seleccionados
para asegurar su relevancia y calidad (Linares-Espinós et al., 2018). La evaluación
crítica de la calidad metodológica de los estudios seleccionados fue otro paso
fundamental (Ciapponi, 2021). Finalmente, la extracción y síntesis de datos se lle-
vó a cabo utilizando un formulario estandarizado. Este formulario fue diseñado
para capturar información esencial sobre las características de cada estudio, las
poblaciones de comunidades indígenas examinadas, las intervenciones legales
evaluadas, y los resultados obtenidos en términos de la interacción entre las prác-
ticas culturales y la legislación penal (García-Peñalvo, 2021). Los 22 estudios se-
leccionados fueron analizados cualitativamente mediante codificación temática.
Se los clasificó por país, autor, marco normativo abordado (internacional, nacional
o consuetudinario), dimensión de análisis (jurídica, cultural, social o de derechos
humanos), y criterios de impacto como relevancia empírica, reconocimiento legal
y valor cultural de las prácticas documentadas.
Preguntas de investigación
El estudio abordó tres dimensiones que se interrelacionan para proporcionar un
análisis comprensivo: la dimensión legal, que explora la interacción entre el COIP
y los usos ancestrales de sustancias con propiedades psicotrópicas, se investigó
problemáticas y puntos de reconciliación; la dimensión cultural, se enfocó en el
significado y la importancia de estas prácticas en la cohesión social y la identidad
de las comunidades indígenas y; la dimensión social y de derechos humanos, que
evaluó los impactos del marco legal sobre los derechos y el bienestar de estas
comunidades.
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Revisión sistemática jurídica del uso en las comunidades indígenas y ancestrales de plantas con propiedades psicotrópicas
Tabla 1. Preguntas de investigación
N. Pregunta Motivación
RQ1
¿Cómo afectan las disposiciones del
COIP al uso tradicional de sustancias con
propiedades psicotrópicas en las comuni-
dades indígenas?
Explorar la relación entre la legis-
lación penal vigente y las prácticas
ancestrales para identificar con-
flictos y áreas de posible reconci-
liación legislativa.
RQ2
¿Cuál es el papel de las prácticas rituales
que involucran sustancias con propie-
dades psicotrópicas en la cohesión e
identidad cultural de las comunidades
indígenas?
Entender la importancia cultural
y social de estas prácticas para
proponer políticas que protejan
estas tradiciones sin comprometer
el orden y la seguridad pública.
RQ3
¿Cuáles son los impactos sociales y de
derechos humanos del marco legal actual
sobre las comunidades indígenas que
practican el uso ritual de sustancias con
propiedades psicotrópicas?
Evaluar cómo las leyes afectan
los derechos y el bienestar de las
comunidades indígenas y desarro-
llar recomendaciones para ajustes
en la política y la legislación que
mejoren su integración y respeto.
Sistematización de la búsqueda y recolección de datos
Para garantizar una cobertura exhaustiva de la literatura científica más relevan-
te y actualizada, se realizó una búsqueda sistemática de publicaciones desde el
año 2018 hasta 2022. Esta exploración se llevó a cabo a través de una selección
cuidadosa de bases de datos y plataformas académicas orientadas hacia las cien-
cias sociales, derecho, antropología, y estudios indígenas. Entre estas fuentes se
incluyeron Scopus, ProQuest Social Sciences, JSTOR, PubMed (para investiga-
ciones sobre aspectos de salud pública y medicina tradicional), Redalyc, Scielo,
Web of Science, y Google Scholar. Además, se extendió la búsqueda a revistas
especializadas en derechos humanos, estudios indígenas y antropología jurídi-
ca, como “Human Rights Quarterly, “Journal of Indigenous Studies”, y “Journal
of Legal Anthropology, para asegurar una visión comprensiva de los avances y
descubrimientos más recientes en el campo.
A continuación, se definió términos claves específicos alineados con los objeti-
vos de investigación. Para el Punto de Vista 1 (PV1), enfocado en la dimensión
legal, se utilizaron términos como “Indigenous rights” AND “Penal Code” AND
“Psychoactive substances”. En el Punto de Vista 2 (PV2), que examina las consi-
deraciones culturales, se seleccionaron términos como “Cultural practices” AND
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“Psychoactive use” AND “Indigenous communities. Finalmente, para el Punto de
Vista 3 (PV3), centrado en los impactos sociales y de derechos humanos, se esco-
gieron términos como “Indigenous communities” AND “Human rights” OR “Social
impacts” AND “Legal framework.
Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión
N. Inclusión Exclusión
C1
Artículos que se centren en el uso
ritual y cultural de sustancias con
propiedades psicotrópicas por
comunidades indígenas.
Documentos con información
redundante o altamente similar que no
aporten al tema central.
C2
Publicaciones realizadas
exclusivamente entre enero de 2018
y enero de 2022, para asegurar la
actualidad y relevancia de los datos.
Artículos que no aborden el uso
cultural y legal de sustancias
psicotrópicas como tema central o
relevante.
C3
Estudios publicados en inglés y
español, o traducciones al inglés
verificadas por su fiabilidad,
para garantizar la calidad y
comprensibilidad del contenido.
Publicaciones procedentes de fuentes
con bajo reconocimiento o impacto
científico.
C4
Investigaciones que proporcionen
datos empíricos originales o análisis
detallados de casos sobre la
interacción entre las leyes penales y
las prácticas rituales indígenas.
Estudios enfocados en áreas
fuera del marco legal y cultural
de las sustancias psicotrópicas,
como disciplinas no relacionadas
directamente con los derechos
indígenas o aspectos legales.
Selección de la información
Se aplicó criterios detallados para la codificación y selección de estudios, la figura
1 muestra un esquema visual de las etapas de selección y los criterios aplicados
en cada una de ellas.
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Revisión sistemática jurídica del uso en las comunidades indígenas y ancestrales de plantas con propiedades psicotrópicas
Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA
Inclusión
Identificación
Cribado
Número de registros
identificados mediante
búsquedas en bases de datos
(n = 750)
Número de registros cribados
(n =665)
Registros de texto completo
evaluados para su elegibilidad
(n =625)
Estudios seleccionados para la
revisión sistemática
(n =22)
Registros no recuperados
(n =40)
Registros excluidos de
acuerdo con los criterios
establecidos
(n =603)
Registros duplicados
eliminados
(n =87)
Extracción de datos
La información extraída de cada documento se fundamentó en responder a las
preguntas de investigación planteadas anteriormente. Se consideró diversos as-
pectos, tales como: casos de estudio sobre conflictos legales, métodos de in-
tegración cultural y evaluaciones de políticas públicas efectivas. Finalmente, se
verificó las referencias con el objetivo de asegurar que cada una estuviera correc-
tamente ubicada y que contuviera todos los elementos que detallan información
relevante, y que estuviera en consonancia con el contexto de cada pregunta de
investigación.
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Dennys Alejandro Realpe del Salto
Tabla 3. Artículos seleccionados
N. Título Autor (es)
1
A rights‐based approach to indigenous
women and gender inequities in resource
development in northern Canada
Koutouki, Konstantia; Lofts,
Katherine; Davidian, Giselle
2
Ayahuasca and the traveller: A scoping
review of risks and possible benefits
Houle, Sherilyn; Evans, Derek;
Carter, Caitlin; Schlagenhauf,
Patricia
3
Conocimientos y prácticas de indígenas
universitarios sobre plantas sagradas y
sustancias psicoactivas. Medellín, Colombia
Mendoza-Ríos, Abraham; Posada-
Zapata, Isabel C
4
Cultural practices enhancing drug
abuse among rural youths in etinan local
government area of akwa ibom state
Peters, Moses Idongesit
5
Beyond the psychoactive eects of
ayahuasca: cultural and pharmacological
relevance of its emetic and purging
properties
Politi, Matteo; Tresca, Giorgia;
Menghini, Luigi; Ferrante, Claudio
6 Decolonizing drug policy
Daniels, Colleen; Aluso, Aggrey; Burke-
Shyne, Naomi; Koram, Kojo; Rajagopalan,
Suchitra; Robinson, Imani
7
Ancestral Rituals Heritage as Community-
Based Tourism—Case of the Ecuadorian
Andes
Torres-Toukoumidis, Angel;
Marín-Gutiérrez, Isidro; Hinojosa-
Becerra, Mónica
8
Drug control and human rights in national
jurisdictions.
Kondowe, George Jotham
9
Epistemología jurídica sobre los delitos de
tráfico de drogas en el contexto legal del
Ecuador
Ortiz, Jore Gabriel Velasco; Masías, Silvia
Patricia Simisterra
10
Injusticia epistémica: afectación de la
imparcialidad de la justicia como resultado
de la estigmatización del chamanismo
amazónico en Ecuador
León Calle, Stephanie Cristina;
León Calle, Stephanie Cristina
11
International guidelines on human rights and
drug policy
Organization, World Health
12
Influence of spirituality and religiosity on
the use of alcohol and drugs: an integrative
review.
França Campos, Marco Túlio;
Peixoto Rodrigues, Jéssica
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Revisión sistemática jurídica del uso en las comunidades indígenas y ancestrales de plantas con propiedades psicotrópicas
13
Communalistic use of psychoactive plants
as a bridge between traditional healing
practices and Western medicine: A new path
for the Global Mental Health movement
Ona, Genís; Berrada, Ali; Bouso,
José Carlos
14
Drugs, religion, and cultural heritage: an
analysis of the public policies regarding the
use of Ayahuasca in Brazil.
Antunes, Henrique Fernandes
15
Ancient psychoactive plants in a global
village: The ritual use of cannabis in a self-
managed community in Catalonia.
Kohek, Maja; Avilés, Constanza
Sánchez; Romaní, Oriol; Bouso,
José Carlos
16
Sacred Plants and Mental Health in Latin
America
García, Oscar Hugo Espin;
Velásquez, Martin Ignacio Díaz
17
Representaciones sociales del consumo
de sustancias psicoactivas en indígenas
Emberas de Dabeiba-Antioquia.
Romero Brieva, Yenifer Liris; De
La Hoz Pertuz, Mariluz
18
Review of methamphetamine use among
Aboriginal and Torres Strait Islander people
Australian Indigenous
HealthBulletin
19
The Criminalization of the Cannabis Plant:
Decolonizing the Harmful Enforcement
Brown, Angelo
20
Consumo de alcohol, tabaco y sustancias
psicoactivas de los adolescentes de
un territorio indígena en la Amazonía
colombiana
Pedroza-Buitrago, Adriana;
Pulido-Reynel, Adriana; Ardila-
Sierra, Adriana; Villa-Roel, Silvia
Mora; González, Patricia; Niño,
Levinson
21
Paradigma de la interseccionalidad:
herramienta útil para explorar el fenómeno
del consumo de sustancias psicoactivas.
Blanco Echeverry, María del Pilar
22
Culturally tailored substance use
interventions for Indigenous people of North
America: a systematic review.
Richer, Ariel
Resultados y discusión
RQ1. ¿Cómo afectan las disposiciones del COIP al uso tradicional de sustancias
con propiedades psicotrópicas en las comunidades indígenas?
El COIP genera desafíos para las comunidades indígenas que utilizan plantas psi-
cotrópicas en sus prácticas ancestrales (Apud & Romaní, 2017). La normativa,
enfocada en el control del tráfico y consumo ilícito de drogas, no distingue clara-
mente entre usos ceremoniales, medicinales y espirituales. Esta falta de claridad
podría exponer a las comunidades a sanciones legales por prácticas culturales
tradicionales (León Calle & Senent-De Frutos, 2022).
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La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 364, claramente estipula
el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a mantener, desarrollar y
fortalecer su identidad y tradiciones, este derecho es fundamental para garantizar
la preservación de la diversidad cultural (Cabanilla, 2015). Sin embargo, existe la
posibilidad de subjetividad por parte de los jueces al momento de valorar lo esta-
blecido en el mandato constitucional y las disposiciones del COIP (Reyes Robles
& García Llamuca, 2019).
La falta de una cláusula que exima el uso cultural y ceremonial de estas sustancias
dentro de las comunidades indígenas conduce a una ambigüedad jurídica, con el
Art. 364 y Art. 57 de la Constitución, que garantiza específicamente los derechos
de los pueblos a mantener y desarrollar sus propias formas de convivencia y orga-
nización social, y sus costumbres y tradiciones (Kohek et al., 2021).
El Art. 66, numeral 3, de la Constitución establece el derecho a la identidad cul-
tural, lo que debería interpretarse como una salvaguarda contra cualquier forma
de desintegración cultural impuesta por legislaciones que no reconocen las par-
ticularidades de los pueblos indígenas. Este derecho se ve vulnerado cuando las
leyes penales, como las del COIP, no distinguen claramente entre el uso ilícito de
sustancias y el uso legítimo basado en tradiciones milenarias.
RQ2. ¿Cuál es el papel de las prácticas rituales que involucran sustancias con
propiedades psicotrópicas en la cohesión e identidad cultural de las comunidades
indígenas?
Las prácticas rituales que incorporan sustancias con propiedades psicotrópicas
como la coca, el cannabis y la ayahuasca son esenciales para mantener y fortale-
cer la cohesión e identidad cultural en diversas comunidades indígenas (García &
Velásquez, 2019); Haga clic o pulse aquí para escribir texto.. Estos rituales superan
los límites del uso medicinal o recreativo, integrándose en marcos culturales que
combinan espiritualidad, medicina tradicional y normativas comunitarias (Houle
et al., 2021). Esta integración demuestra una comprensión profunda de las sustan-
cias no solo como elementos físicos, sino también como componentes cruciales
del tejido social, espiritual y legal de las comunidades, vinculando el legado an-
cestral con prácticas contemporáneas (Torres-Toukoumidis et al., 2022).
RQ3. ¿Cuáles son los impactos sociales y de derechos humanos del marco legal
actual sobre las comunidades indígenas que practican el uso ritual de sustancias
con propiedades psicotrópicas?
Los impactos del marco legal actual sobre las comunidades indígenas que practi-
can el uso ritual de sustancias con propiedades psicotrópicas son profundamente
perjudiciales y multifacéticos, reflejando una compleja intersección de derechos
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Revisión sistemática jurídica del uso en las comunidades indígenas y ancestrales de plantas con propiedades psicotrópicas
culturales, de salud y legales (Peters, 2019). A nivel internacional y nacional, mu-
chas legislaciones no reconocen el uso ritual de sustancias con propiedades
psicotrópicas como una práctica cultural legítima (Reichert & Zaluar, 2021). La
criminalización de las tradiciones culturales viola los derechos humanos esta-
blecidos en instrumentos internacionales, estigmatiza y margina a las comuni-
dades, erosionando su identidad y cohesión social. Esta situación constituye una
violación del derecho fundamental a la salud, según lo establecido por el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los es-
tados a garantizar el acceso sin discriminación a medidas preventivas, curativas y
paliativas de salud (Schmidt, 2021).
Adicionalmente, la protección de los recursos naturales es un impacto conside-
rable del marco legal restrictivo (Kondowe, 2020). Este impacto se analiza a la
luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, que enfatiza el derecho de los pueblos indígenas a conservar y forta-
lecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares y otros
recursos que tradicionalmente han poseído o utilizado (HealthBulletin, 2019).
Finalmente, la falta de comprensión y reconocimiento del contexto cultural y me-
dicinal de las prácticas indígenas (Ley Orgánica de Salud, 2006), puede resultar
en juicios y sanciones penales injustas, donde los sistemas legales imponen una
visión monocultural que no reconoce ni respeta la pluralidad de prácticas de salud
indígenas (Organization, 2019).
Conclusiones
La Constitución ecuatoriana ampara la medicina tradicional indígena y sus cono-
cimientos, mientras que la Ley Orgánica de Salud prohíbe las sustancias adicti-
vas, salvo para uso terapéutico bajo receta médica. Esta aparente contradicción
requiere un análisis profundo para determinar si existe un conflicto real y cómo
resolverlo, considerando el derecho a la salud indígena, la interculturalidad y la
protección de la salud pública.
El artículo 220 del COIP, debido a su redacción imprecisa y contradictoria, vulnera
derechos y principios constitucionales como la lesividad, ponderación, favorabi-
lidad, in dubio pro reo y legalidad. Esto genera un reconocimiento y protección
inciertos del uso ritual y cultivo de plantas sujetas a fiscalización por parte de
comunidades indígenas, a pesar de las garantías establecidas en la Constitución
(Art. 57) y en instrumentos internacionales.
Estas leyes tienden a no reconocer la validez cultural de dichas prácticas, llevando a
procesos de criminalización que no solo infringen los derechos culturales, sino que
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también fomentan la estigmatización y marginalización social de estas comunida-
des. Esta situación erosiona la identidad colectiva y la cohesión social, limitando se-
veramente la capacidad de estas comunidades para mantener y transmitir sus tradi-
ciones ancestrales, lo que resulta en una pérdida gradual de su patrimonio cultural
y conocimientos tradicionales, en concordancia con el Art. 171 de la Constitución.
De igual forma, es pertinente considerar la Sentencia No. 10-17-CN/19 de la Corte
Constitucional, que estableció la prohibición del uso de sustancias psicotrópicas
contenida en la Ley Orgánica de Salud no debe aplicarse de manera absoluta a los
pueblos indígenas. La Corte Constitucional señaló que el Estado debe respetar y
proteger el derecho de los pueblos indígenas a utilizar sus propias medicinas tra-
dicionales, incluyendo plantas y sustancias psicotrópicas, siempre que se realice
dentro de su marco cultural y de acuerdo con sus propias costumbres y tradiciones.
Para finalizar es menester señalar la Sentencia No. 25-18-IN/20 de la Corte
Constitucional reitera su posición de que la prohibición del uso de sustancias psico-
trópicas no debe aplicarse a los pueblos indígenas que las utilizan en sus prácticas
ancestrales. La Corte Constitucional también señaló que el Estado debe implemen-
tar medidas para proteger la salud pública, pero que estas medidas no deben afectar
el derecho de los pueblos indígenas a utilizar sus propias medicinas tradicionales.
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Beneficios intangibles del arbitraje,
respetando la gratuidad de la justicia
Intangible benefits of arbitration, respecting the free
nature of justice
Francisco Javier Gorjón Gómez
francisco.gorgongm@uanl.edu.mx
Universidad Autonoma de Nuevo León - México
Juan José Carrasco Loyola
juanjose.carrasco@ucacue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca - Ecuador
DOI: https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v9i2.1637
Resumen
Los métodos alternativos de solución de conflictos, con vigencia constitucional y legal,
hoy en día, están siendo considerados por autoridades, profesionales y ciudadanos para
optimizar acuerdos en diversas áreas de la convivencia ciudadana. La justicia, conside-
rada como el equilibrio exacto entre los derechos y las exigencias del orden jurídico,
busca un nuevo sendero de conceptualización que consagre los principios de igualdad,
legalidad, imparcialidad, proporcionalidad, debido proceso, seguridad jurídica, transpa-
rencia con mayor fuerza normativa y aplicativa. Responde a la realidad actual, implemen-
tar la variable conceptual de alternativos hacia alternos, con el firme convencimiento del
Artículo original. Revista Killkana Sociales. Vol. 9, No. 2, pp. 15-30, mayo-agosto, 2025.
p-ISSN 2528-8008 / e-ISSN 2588-087X. Universidad Católica de Cuenca
Recepción: 06 de abril de 2025 | Publicación: 30 de mayo de 2025
Revista Killkana Sociales
Vol. 9, No. 2 | agosto 2025 | ISSN: 2528-8008. ISSN Elect.: 2588-087X
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Juan José Carrasco Loyola
derecho ciudadano para contar con diversas líneas de acción frente a sus dificultades. No
podemos seguir dando exclusividad al juez como el único tercero imparcial en el sistema
judicial, debemos considerar opciones válidas, como los MASC. El arbitraje, ponderado
por el orden de sometimiento a una competencia y resolución, criticado por sus implica-
ciones económicas, emerge valorado en el orden de sus intangibles positivos, en aras de
superar disfuncionalidades e ineficacias operativas del sistema procesal. La gratuidad
judicial, entendida como modalidad de lograr el acceso equitativo a la protección judicial
y la consagración de derechos legítimos, debe someter su aplicación a las esferas de ma-
yor incidencia social. El arbitraje no solo socava la responsabilidad del Estado, sino que
además ofrece a los ciudadanos un mecanismo especializado para resolver sus contro-
versias. Es esencial valorar el derecho emocional de las personas a tener una respuesta
motivada, justa y dentro de los ámbitos temporales establecidos; especialmente hoy en
día, es clave el respeto a los mandatos de término y principios legales. No prestarles
atención puede llevar a decisiones sorpresivas, sesgadas y que se alejan del marco que
defienden nuestras leyes sobre imparcialidad.
Palabras clave: intangibles, arbitraje, métodos alternos de solución de conflictos, laudo
arbitral, ejecución.
Abstract
Alternative dispute resolution methods, constitutionally and legally valid, are currently
being considered by authorities, professionals, and citizens to optimize agreements in
various areas of civic coexistence. Justice, considered the exact balance between rights
and the demands of the legal system, seeks a new conceptualization that enshrines the
principles of equality, legality, impartiality, proportionality, due process, legal certainty,
and transparency with greater regulatory and enforceable force. The implementation of
the conceptual variable of alternatives to alternatives responds to current reality, with the
firm conviction that citizens have the right to have diverse lines of action to address their
diiculties. We cannot continue to grant exclusivity to the judge as the only impartial third
party in the judicial system; we must consider valid options, such as ADR. Arbitration,
weighted by the order of submission to jurisdiction and resolution, criticized for its
economic implications, emerges valued in the order of its positive intangibles, in order
to overcome dysfunctions and operational ineiciencies of the procedural system. Free
judicial access, understood as a way of achieving equitable access to judicial protection
and the enshrinement of legitimate rights, must be subject to the spheres of greatest
social impact. Arbitration not only undermines the State’s responsibility but also oers
citizens a specialized mechanism for resolving their disputes. It is essential to value
people’s emotional right to a reasoned, fair, and timely response; especially today, respect
for time mandates and legal principles is key. Failure to heed these principles can lead
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Benecios intangibles del arbitraje, respetando la gratuidad de la justicia
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to surprising, biased decisions that deviate from the framework defended by our laws on
impartiality.
Keywords: intangibles, arbitration, alternative methods of conflict resolution, arbitration
award, execution.
Introducción
El progreso integral de la humanidad en el contexto de la globalización ha acelera-
do la necesidad de un sistema legal que considere diversas perspectivas sobre los
conflictos. El Estado no puede ser el único y exclusivo responsable de promover,
socializar y aplicar métodos alternativos de resolución de conflictos para gene-
rar impactos favorables y reducir la atención judicial en los juzgados. En cambio,
debe promover la conciliación voluntaria a través de los MASC, que determinen
la generación de soluciones estratégicas. Corresponde a la presente fecha, una
nueva línea de acción que supere las expectativas de eficacia en la justicia, con
el objetivo de unificar un sistema procesal alterno de justicia ordinaria, mediación
judicial y arbitral que se ajuste a las diversas necesidades de la ciudadanía. El
principio de gratuidad para la obtención de derechos legítimos debe analizarse
exhaustivamente y ratificarse en su interés social y público. Sin embargo, si el
interés del derecho privado se vincula a los derechos individuales, estimamos, no
es sostenible. Es hora de superar la idea de que el arbitraje no es funcional debi-
do a los costos de competencia y desarrollo. En su lugar, debemos centrarnos en
fortalecer nuevas esferas de resolución de conflictos que preserven los derechos
humanos y una vía segura hacia una resolución de conflictos eficaz y productiva
con reconocimiento constitucional y legal.
Perspectiva contemporánea sobre el acceso a la justicia
Frente a la realidad social actual y el funcionamiento de la esfera judicial, corres-
ponde interrogarnos: ¿La justicia gratuita en todas las esferas de la conflictividad
no compromete su calidad y sostenibilidad? Es muy importante no hacer genera-
lizaciones sobre el orden de gratuidad y analizar los aspectos de eficiencia y efica-
cia en el funcionamiento de los tribunales y sus decisiones. Además, es importan-
te colocar en primer plano la atención de las necesidades sociales. Mientras esos
problemas no estén relacionados con el interés colectivo, hoy en día es necesario
abrir un espacio de exploración que identifique habilidades independientes que
no estén sujetas a la justicia ordinaria gratuita.
El orden superior de diversos países latinoamericanos mantiene entre sus prin-
cipios la gratuidad de la justicia: Ecuador, en el artículo 168 (Constitución de la
República del Ecuador, 2008). México en el artículo 17 (Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 2025). El Salvador, en el artículo 182 (Constitución
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de la República de El Salvador, 1983); Argentina, en el artículo 18 (Constitución
de la Nación Argentina, 1994); Bolivia, en el artículo 15 (Constitución Política del
Estado de Bolivia, 2009) ; Brasil, en el art. 5, inciso LXXIV (Constituição Federal
do Brasil, 1988); Colombia, en el artículo 229 (Constitución Política de Colombia,
1991); Costa Rica, en el artículo 39, (Constitución Política de Costa Rica, 1949);
Perú, en artículo 139, (Constitución Política del Perú, 1993); Venezuela, en el artí-
culo 26, (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999). En otros
países como Chile, si bien no se determina expresamente el principio, se observan
privilegiadas algunas secciones poblacionales vulnerables de pobreza que, logran
acceder a las esferas judiciales sin incurrir en erogaciones monetarias.
No debemos permanecer anclados en el orden de gratuidad general, sino diversi-
ficar líneas de acción y atención para los requerimientos. Reconocer que algunos
de ellos ameritan y justifican la existencia de una retribución, capaz de optimizar
los servicios de justicia. En tanto que privadamente, a través de los centros es-
pecializados de mediación y arbitraje, constituirse en complemento del sistema
judicial para la descongestión de tribunales y reducción de fondos determinados
presupuestariamente.
Considera Gorjón Gómez (2015) :
La sociedad requiere de opciones, de fórmulas de entendimiento para vivir
en armonía, que sean vinculantes, que generen el respeto a la vida, la dismi-
nución de conductas violentas y antisociales, y la promoción y la práctica de
la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. La so-
ciedad debe de tomar conciencia que existen otros métodos distintos a la vía
judicial para resolver sus conflictos, lo que requiere desde luego un profundo
cambio de conciencia social (pág. 127).
Refiere Squella (2010) al orden de la justicia, como el más alto de los fines del de-
recho. Deja determinado que se piensa con mayor énfasis en las normas positivas
que en las metodologías formales y funcionales a través de la cual se desarrollará
y ejecutará la resolución del conflicto. En consonancia con lo expuesto, García
(2002) expone sobre la existencia de los arbitrajes derivados de negocios jurídi-
cos, en los que las partes de mutuo acuerdo, excluyen expresamente la resolución
de sus posibles conflictos de la intervención de la justicia ordinaria. Conceptualiza
que, en este mundo globalizado, los conflictos derivados de acuerdos y contratos
ya no se resuelven por los tribunales ordinarios. Dada la falta de operatividad re-
solutiva en Latinoamérica, vamos buscado fórmulas más adecuadas para resolver
sobre intereses y derechos.
Es decir, para alcanzar justicia, no es necesario únicamente aplicar la esfera ju-
risdiccional gratuita; sino que, estamos frente a la posibilidad procedimental de
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aplicar medios capaces de satisfacer las prerrogativas ciudadanas, mirando al
conflicto de frente y encarándole de forma positiva, constructiva, con equilibrio
emocional y desafío intelectual, no encasillado exclusivamente en la justicia tradi-
cional sin costo.
El arbitraje, bajo la competencia resolutiva de un tercero imparcial deslindado del
orden jurisdiccional, se constituye en un referente para la solución de controver-
sias que, si bien en una primera visión es criticado por el costo de su aplicación,
no es menos cierto que sus ventajas de desarrollo, alcanzan compensaciones
superiores al ámbito de la crítica.
Conceptualizado por Gorjón Gómez y Sáenz López (2006) ratificamos la
exposición:
El arbitraje es un procedimiento heterocompositivo extraprocesal, fundado
en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que enaltece el
principio pacta sunt servanda, esto es, que las partes someten sus diferen-
cias a la consideración de un particular, un árbitro, quien actuará según su
potestad, bajo la tutela del principio erga omnes basado en el ius mercatorum
o lex mercatoria y en la lex fori (pág. 111) .
En relación deviene el criterio de análisis social de Luhmann (1980) donde expone
que ya no se trata de conceptualizar a los modelos alternativos por referencia a
un sistema deductivo de conceptos, sino que, cosa distinta, se trata de identificar
las ventajas relativas que diversas instituciones proveen respecto de una misma
función, en este caso, la de resolución de controversias, para, desde allí, formular
una cierta política de justicia.
La mediación no puede ser deslindada del marco de análisis, se antepone y prio-
riza en los procedimientos arbitrales como una metodología pacificadora y con-
ciliadora de alta calidad y efectividad. Sus lineamientos, estipulando la cláusula
med-arb, determinarán una priorización, siendo el arbitraje su esfera de resguar-
do para la no incursión en el ámbito jurisdiccional. Así, sintetizamos el presupues-
to que llamamos “el coraje de arbitrar.
Determinan, con mención a lo expuesto, Cobo Ordóñez y Mesías Vela (2018):
El arb-med es un modelo de Acción Arbitral que permite la mediación in-
traprocesal, después de la primera sesión y hasta la emisión del laudo del
tribunal arbitral. Los integrantes del tribunal arbitral son responsables de la
mediación, y los mediadores indican si las partes optan a mediar. Una modi-
ficación derivada del arb-med es el arb-med-arb, donde en caso de un con-
senso mediador, el arbitraje se incorpora y el tribunal emite un laudo (pág.
45).
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Consideramos de otro lado, previo a cerrar el apartado sobre el principio de gra-
tuidad de la justicia, el criterio de Gorjón Gómez (2017) que puntualiza: En México,
la justicia es gratuita en teoría; sin embargo, hay costos ocultos para el ciudadano.
Estos están relacionados con el tiempo que se tarda la recuperación y la falta de
compensación por la inversión en el proceso judicial, debido a la cantidad de ac-
ciones legales que hay en el procedimiento. En este orden, cuando se discuten las
metodologías paralelas, estas, si bien no dejan de ser eminentemente formales
y legales, reducen y tienden a desaparecer, lo cual repercute directamente en el
costo del procedimiento.
A pesar de lo anteriormente expuesto, la justicia sin costos, siempre ocupará un
espacio importante en los estados de derecho. No se trata, en consecuencia, de
establecer costos a la justicia, sino de coadyuvar hacia el derecho de eficacia de
ésta, esencialmente en su conceptualización integral y el derecho humano a la
justicia, adecuada para cada caso o para cada evento en particular.
Enfoque plural del servicio de justicia
Hoy en día, disputas particulares que podrían ventilarse en la esfera de los MASC,
saturan el sistema judicial y generan zozobra, incertidumbre y angustia de los
ciudadanos y abogados; lo cual, incrementa los costos operativos del estado y
ralentiza la resolución de las divergencias eminentemente prioritarias y sujetas al
conocimiento judicial. La norma consagrada en el papel dista mucho de la reali-
dad material de ejecutorias y mandatos del servicio público de eficacia, eficiencia,
calidad, jerarquía, planificación, transparencia y evaluación.
Las alternativas al esquema pueden generar una redistribución de competencias,
permitiendo que la justicia gratuita alcance ciertas áreas socialmente prioritarias,
a la vez que permite la retribución de los costos del proceso controvertido. Se
propone un orden progresivo de disyunciones de la justicia gratuita y sustantiva,
con esquemas comerciales y financieros que promueven la descongestión y una
diversificación armoniosa de la justicia.
Expone Carrasco Loyola (2023), en relación:
La Función Judicial se encuentra actualmente debilitada y actúa como un co-
brador supervisado, brindando servicios gratuitos y, en ocasiones, utilizando
medidas preventivas para ejecutar la tarjeta de crédito robada de la Banca
Nacional. Si bien es legítima, esta función agota el ámbito judicial. La Función
Judicial podría utilizar estratégicamente métodos alternativos de resolución
de conflictos para abordar eficazmente casos financieros controvertidos
(pág. 124).
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Diversificar la justicia, entonces, mediante el sometimiento al arbitraje, permite
una conceptualización funcional con altos índices de eficacia, eficiencia y con
competencia específica, determinada y obligatoria para las partes; es decir, se-
paramos la competencia tradicional; y, avanzamos en una visión particular que
implica resaltar sus elementos intangibles de sometimiento como confianza, le-
gitimidad, sostenibilidad y efectos jurídicos resolutorios, capaces de consolidarlo
como una opción efectiva y equilibrada.
Al observar los lineamientos de la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador, ve-
rificamos la alternativa del arbitraje en particular que, consideramos, el meca-
nismo con mayor tecnificación para encontrar soluciones consensuadas en fir-
me. El apoyo técnico especializado determinará un mejor encuentro resolutivo
que inclusive queda diversificado en las esferas del derecho y la equidad. (Ley de
Arbitraje y Mediación, 2006).
La nueva visión que consideramos, relaciona criterios de un derecho emocional
operativizado en la justicia, proponente de nuevos lineamientos para vislumbrar
el orden normativo. Considerando el pensamiento de Bautista Jaimes (2025), se
establecerá una postura sobre la relación entre el derecho, la razón y la emoción
mediante una investigación hermenéutica. Además, se analizará cómo la justicia y
la equidad pueden prevenir y resolver conflictos de cualquier tipo, proporcionan-
do un método único para regularlos a través de la empatía. Por lo tanto, se llevará
a cabo un análisis cualitativo para ver cómo han cambiado estos conceptos. Se
conceptualiza que la emoción y el derecho están vinculados y se interpretarán
para entender mejor la sociedad, que es principalmente emocional porque está
formada por personas.
Por tal motivo, desde una investigación netamente hermenéutica, se fijará posi-
ción con relación a la conexidad entre el derecho, la razón y la emoción; y cómo
con base en la justicia, equidad, se pueden prevenir y resolver conflictos de cual-
quier naturaleza, aportando una forma particular e inédita de regularlas con base
en la empatía. En tal sentido, se estimará bajo un análisis cualitativo cómo estos
conceptos han evolucionado; se establecerá que la emoción y el derecho están
estrechamente vinculados, y se interpretarán para comprender mejor a la socie-
dad, que es netamente emocional por ser conformada por seres humanos (pág.
64).
La diversificación de la justicia es un desafío fundamental para el Estado y la ciu-
dadanía. Se deben explorar mecanismos fortalecidos para resolver conflictos y
garantizar un sistema judicial equitativo, eficiente, inclusivo y legítimamente mo-
tivado. No es necesario reformar institucionales, propuestas políticas o legislacio-
nes, sino cambiar el paradigma de procedimientos y alternativas.
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El arbitraje, herramienta jurídica de bienestar y optimización judicial
El recorrido por las cortes de justicia, el libre ejercicio profesional y la prestación
de servicios públicos ha determinado observar nostalgia en procedimientos judi-
ciales o administrativos en las personas por diversos factores tales como su con-
dición psicológica, profesional o económica. ¿Bajo la premisa invocada, es legíti-
mo que los ciudadanos deban sufrir desgaste psicológico prolongado por temas
del orden jurídico o administrativo?
Existe una primera respuesta general que determina que, racionalmente, el ser
humano, al no estar habituado a vivir o soportar un estado diferenciado de pre-
ocupaciones, se ve afectado; así, la tutela efectiva y la seguridad jurídica exigen
a las autoridades brindar confianza a la colectividad frente a los resultados del
conflicto, mucho más cuando éste ha incursionado en instancias procesales. La
justicia, en su camino, encarna un ámbito emocional irreductible que las personas
con sus atributos de razón y emoción, no podrán apartar de la litis, siendo muchas
ocasiones lesionados al momento de la resolución.
El factor elegido se adhiere a una salvaguardia emocional de la justicia, que se
mejora mediante el MASC, y que puede sintetizarse garantizando la eficiencia,
la calidad, la jerarquía, la desconcentración, la coordinación, la participación, la
planificación, la transparencia y la evaluación. Así, es crucial abordar la duración
estimada de procedimientos jurisdiccionales, que debilitan la salud humana, con
la salvaguardia emocional de la justicia arbitral que abarca valores, dignidad, se-
creto profesional, restituciones, indemnizaciones y la conciencia social de los re-
sultados sobre ejecutoria.
En este contexto Bautista Jaimes (2025) determina que, dado que los que par-
ticipan y provocan los conflictos son, al final, las personas, aparece la idea del
Derecho Emocional. Este se presenta como una modalidad de regulación de com-
portamiento que se basa en la empatía, en la que se armoniza el hecho con el
derecho, considerando la individualidad de las partes involucradas, sus caracte-
rísticas fundamentales y específicas como persona, y ofreciendo una alternativa
para la resolución de controversias basada en la justicia y la equidad.
Un estado de derecho establece las libertades fundamentales, la justicia y la equi-
dad, con opciones de resolución judicial y alternativa. El arbitraje promueve el
bienestar integral del ser humano, centrándose en la creación de líneas de justicia
y la protección efectiva de los derechos. Este enfoque diversifica los mecanismos
de justicia, beneficia al Estado, pero también requiere la promoción individual y
ciudadana, con el objetivo de crear un sistema justo y eficiente.
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Socialización del arbitraje, declinando la visión conceptual de costos
Las partes inmersas en una dificultad suelen recurrir a la justicia ordinaria, que
se caracteriza por procedimientos definidos y rígidos con etapas sistemáticas. En
la actualidad, las resoluciones judiciales son materia de crítica, desvalorización
e incertidumbre, que genera expectativas en los involucrados en la jurisdicción
correspondiente. El entorno económico, en general, limita las líneas favorables
expresadas en el arbitraje, centrándose en efectos intangibles de mayor enverga-
dura que una visión puramente monetaria. El bienestar económico no se trata solo
del ahorro, sino también de la satisfacción de objetivos sociales, empresariales o
individuales. Esta limitación ilógica del orden arbitral se debe a la figura jurídica
determinable y a las líneas de análisis globales, sin incursionar en la esfera arbi-
tral, pensamos, por falta de precisión de sus bondades.
El arbitraje adicionalmente ofrece, en adición a un orden de salud emocional, en-
tornos diferenciados de equidad, donde los árbitros actuarán conforme a su leal
saber y entender y atendiendo a los principios de la sana crítica; inclusive éstos no
necesariamente tendrán que ostentar la profesión de abogados, sino que, apare-
jado a una profesión que verifique de mejor manera los hechos litigiosos puestos
en consideración de la metodología. De otro lado, si el laudo debe expedirse fun-
dado en derecho, lógicamente obedece motivación en fundamentos de hecho y
de derecho conforme al orden constitucional y legal; los principios universales del
derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina, deberán ser abogados. Esta dualidad
de conocimientos y consideraciones no está establecida en el orden jurisdiccio-
nal puesto que tradicionalmente el juez es un profesional del derecho (Ley de
Arbitraje y Mediación, 2006, art. 3).
La propuesta aboga por un sistema de justicia eficiente que respete el derecho de
los ciudadanos a elegir libremente sus derechos, permitiendo a los jueces espe-
cializarse en casos que la requieran y optimizando y diversificando los mecanis-
mos de resolución del sistema.
Los intangibles del arbitraje, factores relevantes ante la justicia ordinaria
Bajo el concepto social y profesional de que el arbitraje, encierra el sinónimo de
costos, resulta imperativo realizar un análisis progresista y objetivo, sin negación
de lo expuesto, pero encaminado hacia la observación de los factores intangibles
como atributos de valor, beneficio y mejora.
Reducción de riesgos de imparcialidad, en uso del arbitraje
La imparcialidad en el arbitraje se enfoca en la confianza y seguridad de las au-
toridades, ya que es esencial para la transparencia y proporcionalidad del laudo
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arbitral. En el presupuesto, el marco judicial, lamentablemente a la presente fe-
cha es un factor de desconfianza y coloca a las partes en una “ciega espera de
resultados que podrían ser inesperados e indeseados”. Los árbitros tienen mayor
libertad de acción y se orientan hacia un desarrollo técnico profesional, especia-
lizado e independiente con el único objetivo de resolver conflictos. El principio de
inmediación, permitirá una interacción y mejora de las acciones de las partes y la
interacción con las autoridades arbitrales, generando confianza y tratamiento de
los hechos en conjunto, muy superior a lo que aspiramos de la función judicial.
Herramienta de construcción de soluciones con desarrollo intelectual
Analizados avances sociales, evidenciamos los ámbitos intelectual y emocional,
como un factor determinante para generar competencia en resolución de con-
flictos. Se presenta una profunda reflexión situada en la necesidad de considerar
más allá del ámbito jurídico las capacidades del cerebro para entregar aportes
de solución resolutoria hacia situaciones; pero no es menos cierto, apreciar el or-
den de su resguardo frente a litigios. No cabe duda, conforme menciona Bautista
Jaimes (2025).
La dualidad flexible de los métodos alternos de solución de conflictos, admite la
fijación de una cláusula med-arb consolidando una competencia alterna, la se-
guridad jurídica y efectividad para encontrar soluciones extrajudiciales que ro-
bustecen la paz transaccional, considerando que la mediación operará en cual-
quier fase o etapa mientras no se encuentre consolidado el laudo arbitral. Así,
diferenciamos considerablemente procedimientos del ámbito jurisdiccional que
puntualizan etapas que van precluyendo, sin encontrar retorno hacia las vencidas;
lo cual, enriquece las bondades del arbitraje en relación al ámbito jurisdiccional.
Relaciona Cuéllar Tijerina (2015), sobre la ventaja de estipular una clausula
med-arb:
Por ello, una cláusula simple de mediación en los tiempos actuales apareja-
dos a la realidad cambiante en que vivimos, no asegura cabalmente un pro-
ceso de mediación sano y alejado de vicios de la voluntad, por lo que aún y
que el contrato se encuentre dotado de una cláusula de sometimiento previo
a la vía de la mediación, con las anteriores deficiencias que mencionamos,
las partes acabarían recurriendo a los tribunales del Estado, para resolver el
problema, recayendo de nueva cuenta en tribunales colapsados y frustrados
por el exceso de trabajo, fastidiando el progreso de la sociedad dentro de la
justicia rápida y expedita (pág. 147).
Entonces, es viable someter los conflictos hacia una esfera conciliatoria con “so-
metimiento expreso de competencia” bajo la fórmula resolutoria final del laudo
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arbitral; sin embargo vemos la vialidad amigable, conciliadora y que permite cons-
truir la decisión por composición de la voluntad a los intervinientes en cualquier
momento bajo el entorno de la mediación, lo cual conocemos como la determina-
ción de las cláusulas med-arb o conceptualizadas en nuestro análisis como aval
de seguridad transaccional.
El tiempo, como factor racional en el arbitraje
Establece en inicio, el entorno del arbitraje, la dimensionalidad inherente de ce-
leridad, autonomía e independencia que se ven acompañados por la especializa-
ción y universidad de aplicación. En adición su régimen de impugnación, frente
al carácter de ejecutoría en última instancia y carácter de cosa juzgada, permite
exclusivamente causales expresas de nulidad para su procedencia, con funda-
mento en el artículo 31 de la ley de la Ley de Arbitraje y Mediación (2006). En
contrapartida, es crucial analizar la cantidad limita de juzgados acompañada de
la carga judicial, lo cual determina que los ciudadanos con necesidad de servicios
de justicia emergentes tienen que guardar largos tiempos de espera.
El texto normativo de la jurisdicción ordinaria aborda la posibilidad de interponer
recursos de alzada ante autoridades en ciudades distintas a la sede procesal ini-
cial, perfeccionando el uso indiscriminado del principio del doble conforme. Esto
no garantiza los derechos de las partes, sino que facilitan las dilaciones al amparo
de la falta de buena fe y lealtad procesal. El cabal conocimiento del juez no llega
a ser integral y el arbitraje será el procedimiento más próximo, directo, de someti-
miento voluntario y alcanzar fuerza jurídica de cosa juzgada y resolutiva en última
instancia.
Decisión vinculante y susceptible de ejecución
El arbitraje, no es susceptible de apelación ni ejecución en el mismo centro de
resolución de disputas. Tiene efectos definitivos y se rige por la orden judicial de
cumplimiento. Las innovaciones legales, como los fideicomisos de garantía, los
certificados financieros, las acciones de bolsa de valores y otras formas, permi-
ten evaluar los resultados del arbitraje o las obligaciones preestablecidas. Estas
innovaciones formalizan la asunción, garantizan la ejecución y protegen contra
incumplimientos sin interferencia de la función judicial; particulares que depen-
derán del pensamiento crítico y analítico de los intervinientes para posicionar sus
pretensiones.
El arbitraje se basa en la buena fe de la estimación y el desarrollo de la lealtad
procesal, lo que puede determinar el orden de cumplimiento de las obligacio-
nes y el aval responsable para fiel cumplimiento. El profesional del derecho debe
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optimizar la vía procedimental, establecer salvaguardias adecuadas y ejecutorias
en caso de incumplimiento.
5.5 Derecho al bienestar holístico y al arbitraje, una alternativa universal
Partimos de los criterios determinados por Ruiz-Gallardón (2017), con referencia
al arbitraje: La equidad representa un método para superar la impersonalidad de
la justicia sin abandonar el ámbito formal de la misma. También representa un
impacto o reflejo de la amistad en el ámbito de la justicia, independientemente de
la motivación amistosa que en cada situación pueda determinar su uso o ejercicio
(pág. 174). De otro lado Bautista Jaimes (2025), expone en relación: Desde el ám-
bito del derecho emocional, la finalidad es formar profesionales del derecho que
comprendan y reconozcan su análisis crítico, aplicando el derecho como norma
fundamentada en la inteligencia emocional y asegurando la justicia y la equidad.
Los expertos deben entender las emociones que afectan a las partes involucradas
en un proceso, ya sea como mediadores, negociadores o árbitros, con el fin de
alcanzar un equilibrio en el que ambas partes se sientan satisfechas y se perciban
como vencedoras (pág. 74).
Diversificación de la justicia
El arbitraje, como un complemento hacia la celeridad del servicio de justicia, se
centra en fortalecer una nueva opción sensata y critica que ofrece los mismos
resultados; sin embargo, optimiza su desarrollo. Así, consideramos, proporciona
soluciones especializadas, rápidas y adaptadas a las necesidades de los involu-
crados. Su incorporación fortalece un modelo de justicia más eficiente y accesi-
ble, enfocándose en asuntos principalmente que no ameritan la intervención del
Estado. La controversia puede ser resultante mediante el uso de diversos idiomas
y el único requisito del árbitro es ser independiente respecto a cualquiera de las
partes. La confidencialidad y la ejecutoriedad de los laudos arbitrales son claves
para el cumplimiento de las decisiones.
Innovaciones profesionales en la práctica jurídica
Los métodos alternativos de resolución de conflictos, requieren un enfoque peda-
gógico integrado con componentes teóricos, analíticos y de pensamiento crítico.
Se centran en la justicia ordinaria y los métodos de recomposición voluntaria. El
futuro profesional debe reconocer la competencia, las conexiones y la compleji-
dad de cada línea de acción para la defensa técnica de los derechos. El enfoque
debe orientarse hacia el dinámico mundo del sistema judicial actual, que a menu-
do intensifica la confrontación, promueve la agresión y deja secuelas emocionales
negativas.
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La UNESCO (2021) expone: En conclusión, un enfoque integral de la educación
y el aprendizaje puede permitir a los maestros convertirse en agentes del cam-
bio, colaborando en un espíritu de confianza con todas las partes interesadas
para construir un mundo basado en la justicia social y la sostenibilidad. Por eso,
la inversión en la docencia es esencial para mejorar la calidad de la educación y
garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes adquieran las competencias nece-
sarias para su desarrollo.
Conclusiones
El derecho emocional representa una evolución en la concepción de la justicia, re-
conocida por las emociones que influyen en la toma de decisiones, la percepción
de equidad y la legitimidad de los procesos jurídicos. La integración del arbitraje
permite abordar conflictos de manera más humana, equitativa y restaurativa, ga-
rantizando el bienestar psicoemocional de las partes.
La confidencialidad es un pilar diferenciador del arbitraje, permitiendo a las partes
resolver disputas sin exponer información sensible, proteger la reputación y esta-
bilidad comercial, factor clave en sectores financieros y empresariales.
La flexibilidad procesal del arbitraje, permitiendo a las partes diseñar procedi-
mientos ajustados a sus necesidades específicas, lo que otorga una ventaja com-
petitiva sobre la rigidez del sistema judicial. Este intangible facilita la adopción de
soluciones eficientes, rápidas y especializadas según la materia del conflicto.
La legitimidad del arbitraje se fortalece por la percepción de justicia, imparciali-
dad y eficacia por parte de los usuarios y del respaldo institucional. El laudo arbi-
tral posee la misma eficacia jurídica como una sentencia definitiva de la justicia
ordinaria
Alcanzar justicia no está limitado a un orden jurisdiccional de cero costos, sino
en una dimensión procedimental diversificada que considera valor social, servicio
costo e intangibles resultados positivos, generando idénticos logros, resultados y
desenlace emparejados a la ejecutoriedad y la cosa juzgada.
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Interculturalidad, pluralismo y
derechos humanos en el contexto de
la colonialidad
Interculturality, pluralism and human rights in the context
of coloniality
Dayton Francisco Farfán Pinoargote
darfan@sangregorio.edu.ec
Universidad San Gregorio de Portoviejo. Manabí-Ecuador
DOI: https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v9i2.1627
Resumen
Este artículo analiza cómo la interculturalidad y el pluralismo son fundamentales para
construir un Estado ecuatoriano justo e igualitario, especialmente en la lucha contra la
persistencia de la colonialidad. La problemática se centra en la necesidad de asegurar el
respeto total de los derechos humanos dentro de un marco inclusivo, equitativo, diverso
y no discriminatorio, ante las estructuras coloniales que aún perduran. El objetivo princi-
pal es examinar la relación entre interculturalidad, pluralismo y derechos humanos como
estrategias para transformar el Estado ecuatoriano. La metodología utilizada consiste en
un análisis crítico y reflexivo de la literatura existente y de la Constitución ecuatoriana, con
el fin de identificar cómo estos conceptos pueden ayudar a desmantelar las estructuras
coloniales en la sociedad. Los resultados más destacados indican que la interculturalidad
Artículo original. Revista Killkana Sociales. Vol. 9, No. 2, pp. 31-48, mayo-agosto, 2025.
p-ISSN 2528-8008 / e-ISSN 2588-087X. Universidad Católica de Cuenca
Recepción: 03 de marzo de 2025 | Publicación: 30 de mayo de 2025
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y el pluralismo funcionan como un contrapeso a la influencia colonial. Se espera que
este análisis genere propuestas concretas para superar la colonialidad y promover una
sociedad más equitativa y justa. En conclusión, la interculturalidad, el pluralismo y los de-
rechos humanos son pilares esenciales en la construcción de un Estado ecuatoriano que
reconozca y proteja la diversidad cultural. Es clave que las comunidades participen en las
decisiones, toda vez que esto contribuye a lograr una mayor justicia y equidad para todos.
Además, la intersección entre interculturalidad, pluralismo y derechos humanos resalta
la importancia de entrelazar estos elementos para asegurar el respeto a la dignidad hu-
mana, la igualdad y la justicia. Sin embargo, aún existen desafíos en la implementación
efectiva de los derechos humanos, especialmente para la comunidad indígena, que sigue
enfrentando discriminación.
Palabras claves: Interculturalidad, pluralismo, derechos humanos, colonialidad, justicia
Abstract
This article analyzes how interculturality and pluralism are fundamental to building a just
and egalitarian Ecuadorian state, especially in the fight against the persistence of colo-
nialism. The issue centers on the need to ensure full respect for human rights within an
inclusive, equitable, diverse, and non-discriminatory framework, in the face of the colonial
structures that still persist. The main objective is to examine the relationship between
interculturality, pluralism, and human rights as strategies for transforming the Ecuadorian
state. The methodology used consists of a critical and reflective analysis of existing lite-
rature and the Ecuadorian Constitution, in order to identify how these concepts can help
dismantle colonial structures in society. The most notable results indicate that intercul-
turality and pluralism function as a counterweight to colonial influence. This analysis is
expected to generate concrete proposals to overcome colonialism and promote a more
equitable and just society. In conclusion, interculturality, pluralism, and human rights are
essential pillars in building an Ecuadorian state that recognizes and protects cultural di-
versity. It is key for communities to participate in decision-making, as this contributes to
achieving greater justice and equity for all. Furthermore, the intersection of interculturali-
ty, pluralism, and human rights highlights the importance of interweaving these elements
to ensure respect for human dignity, equality, and justice. However, challenges remain in
the eective implementation of human rights, especially for the Indigenous community,
which continues to face discrimination.
Keywords: Interculturality, pluralism, human rights, coloniality, justice
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Interculturalidad, pluralismo y derechos humanos en el contexto de la colonialidad
Introducción
En el contexto contemporáneo de construcción y consolidación de los Estados, la
interculturalidad y el pluralismo surgen como elementos esenciales para la crea-
ción de sociedades justas, y principalmente en aquellos países donde existe unas
historias marcadas por la colonialidad. El Ecuador ha sufrido diversas formas de
opresión y dominación a lo largo de su historia, la reflexión sobre interculturalidad,
el pluralismo y los derechos humanos se convierte en un imperativo para la cons-
trucción de un Estado que garantiza la equidad y la justicia.
Este estudio ayuda a identificar y proponer medidas concretas para lograr un
Estado que respete y promueva la diversidad cultural, tomando en consideración
que la Constitución del 2008 “no definió de manera explícita lo que debe enten-
derse por plurinacionalidad e interculturalidad, sin embargo, a lo largo del texto
constitucional, los dos conceptos se los entendió de dos maneras: como un reco-
nocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos
y montuvios; y como una propuesta de fomento de la interculturalidad en la socie-
dad y el Estado ecuatoriano” (Valarezo, 2019: p 17).
La interculturalidad, el pluralismo y los derechos humanos se erige como pilares
esenciales en la construcción de un Estado ecuatoriano justo, enfrentando de ma-
nera decidida la persistente sombra de la colonialidad. Este articulo académico se
sumerge en un análisis profundo y reflexivo sobre la compleja interrelación entre
conceptos fundamentales, como la integración efectiva puede propiciar una trans-
formación sustancial en la estructura y el funcionamiento del estado ecuatoriano.
Es importante indicar que esta investigación se propuso indagar la intersección
entre la interculturalidad, el pluralismo y los derechos humanos en el marco de
instaurar un Estado ecuatoriano justo y equitativo, teniendo en cuenta las profun-
das implicaciones que la colonialidad ha dejado en la estructura social y política
del país.
Esto se manifiesta en la persistencia de estereotipos, prejuicios y prácticas dis-
criminatorias que limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos de las co-
munidades indígenas y otras minorías; Murillo y otro (2022: p. 612) indica “que
aún persiste un alto número de individuos sometidos a varias exclusiones, que se
tornan más notables a personajes en la vida pública, cuando son objetos de agra-
vios racista y de algún tipo de acciones discriminatorias”. De ahí lo complicado de
buscar una explicación para entender estas acciones resultantes en negación de
derechos hacia minorías étnicas, traducidas en exclusión sistemática.
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Investigar la relación entre la interculturalidad, colonialidad y los derechos huma-
nos permitirá entender cómo estas estructuras históricas siguen influyendo en la
forma en que se afirman y respetan los derechos de las comunidades indígenas y
afrodescendientes en Ecuador. Esto ayudaría a generar propuestas para superar
la colonialidad y promover una sociedad más equitativa y justa.
La riqueza cultural y étnica del Ecuador reflejada en la diversidad de sus pueblos
indígenas, afrodescendientes, montuvios y mestizos, constituye un componente
clave de su identidad nacional. Sin embargo, la presencia histórica de la coloniali-
dad ha generado desafíos persistentes en la búsqueda del reconocimiento de los
plenos derechos humanos para todos los ciudadanos.
Los derechos humanos emergen como un marco normativo esencial, proporcio-
nando la base para la construcción de políticas y prácticas que respeten la digni-
dad propia de cada individuo, independientemente de su origen étnico o cultural.
“Los derechos humanos emergen como un marco normativo esencial, proporcio-
nando la base para la construcción de políticas y prácticas que respeten la digni-
dad propia de cada individuo, independientemente de su origen étnico o cultural
(Paoli, 2018: p. 111)
La Constitución de la Republica del Ecuador (2008) refleja un compromiso cla-
ro con la interculturalidad y la plurinacionalidad, reconociendo y protegiendo los
derechos de los diversos grupos étnicos y fomentando la participación activa de
las comunidades en la toma de decisiones. Estos principios buscan construir una
sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural del país
A través de esta exploración, se pretende arrojar luz sobre como la interculturali-
dad y el pluralismo pueden convertirse en herramientas para desmantelar las es-
tructuras coloniales que persisten en el tejido social ecuatoriano, y al mismo tiem-
po, se busca explorar cómo estos elementos pueden ser la “llave” de un Estado
que no solo garantiza la diversidad cultural, sino también que promueva activa-
mente los derechos humanos como fundamentos esenciales de su estructura.
Metodología
Este artículo utiliza una investigación cualitativa de tipo documental y analítica,
con un enfoque crítico-reflexivo para entender la relación entre interculturalidad,
pluralismo y derechos humanos en el contexto ecuatoriano, así como su potencial
para superar la colonialidad. El estudio se sitúa en el Estado ecuatoriano contem-
poráneo, marcado por su historia colonial y la aspiración hacia una sociedad justa
e igualitaria. En lugar de centrarse en casos específicos, se examina el marco legal
y conceptual general, considerando la legislación ecuatoriana (especialmente la
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Interculturalidad, pluralismo y derechos humanos en el contexto de la colonialidad
Constitución de 2008), la literatura académica pertinente y los discursos de los
movimientos sociales indígenas. Se empleó un diseño de investigación no ex-
perimental, enfocado en el análisis e interpretación de fuentes secundarias. El
procedimiento incluyó una revisión exhaustiva de la literatura académica y legal,
seguida de un análisis crítico de los conceptos clave y su aplicación en el contexto
ecuatoriano, identificando tanto desafíos como oportunidades para construir un
Estado intercultural y plurinacional que garantice los derechos humanos. La reco-
lección de datos se llevó a cabo mediante la búsqueda y selección de documentos
relevantes en bases de datos especializadas, bibliotecas y archivos. Este enfoque
metodológico permite analizar la interrelación entre los conceptos clave desde
una perspectiva crítica, identificando el reconocimiento tanto en los retos como
las oportunidades que emergen en el proceso de formación de un Estado
Discusión–resultados
Interculturalidad en el contexto ecuatoriano
La constitución de la República (2008), establece en su artículo 1 que “El Ecuador
es un Estado intercultural” sin embargo hay que establecer bien la definición so-
bre multi, pluri e interculturalidad. “estos términos tienen genealogías diferentes,
pluricultural y multicultural son términos que describe las múltiples culturas exis-
tentes en un determinado lugar planteando su respeto, tolerancia y reconocimien-
to, mientras que interculturalidad tiene sus orígenes en los países occidentales, en
un relativismo cultural que oculta la realidad existente esto es las desigualdades y
las inequidades sociales.” (Walsh, 2008: p. 6).
Las relaciones entre diferentes culturas han mantenido desigualdades que vienen
de lejos, reproduciendo exclusiones que se basan en la raza, el género y la edad, lo
que dificulta alcanzar una verdadera equidad. “Muchas de estas relaciones inter-
culturales se han fundado en el racismo, el colonialismo y otro tipo de exclusiones
como las de género o de edad” (Guendel, 2008: p. 9). Para García (2004) señala:
Confirmamos que los objetos de estudios de las ciencias sociales no pueden ser
identidades separadas, ni culturas relativistamente desconectadas, ni campos ab-
solutamente autónomos. Las evidentes interacciones entre ellos no se entienden
si las concebimos como simple yuxtaposición. En un tiempo de globalización, el
objeto de estudio más revelador, más cuestionador de las pseudo certezas et-
nocéntricas o disciplinarias es la interculturalidad (p. 101).
La interculturalidad, entendida como un fenómeno en constante evolución, mues-
tra la importancia de establecer relaciones justas entre diferentes culturas, dejan-
do atrás las jerarquías que han existido a lo largo de la historia. La interculturalidad,
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compleja y contextual, adquiere diversos significados según la región, vinculada
a migración en Europa, pueblos indígenas y educación bilingüe en Latinoamérica.
(Sánchez, 2022: p. 35 – 46). “la interculturalidad surge al profundizar en el pro-
blema de la cultura. La noción matriz de cultura genera términos como culturas,
aculturación, inculturación, pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad,
evidenciando su interdependencia” (Higuera & Castillo, 2015, p. 4)
La interculturalidad en Ecuador resalta cómo la educación indígena y bilingüe
ha promovido un cambio hacia un Estado más inclusivo y diverso. “La intercul-
turalidad en Ecuador, antes de su incorporación como política de Estado en la
Constitución de 1998, y de su establecimiento como un Estado plurinacional e
intercultural, en la Constitución de 2008, tiene sus antecedentes históricos en dos
momentos, el primero con la educación indígena; y el segundo, con la educación
intercultural bilingüe” (Quichimbo, 2022: p.37).
Promoción de la interculturalidad por parte del estado
El movimiento indígena transformó la visión homogénea de la nación, impulsan-
do diversidad, inclusión y reivindicación de derechos colectivos. “La irrupción del
movimiento indígena representó un descentramiento de la visión homogénea y
unidireccional de la nación, lo que determinó significativas repercusiones en el
ámbito político, social y cultural” (Puente, 2005: p.11). Cuando aparece en la es-
cena nacional un movimiento indígena más organizado en la década de 1990 sus
acciones a través de exigencias en movilizaciones produjeron una reacción desde
la esfera del poder y de una sociedad mestiza, trajo consigo cambios estructurales
en el Ecuador que se vio reflejada en la Constituciones de 1998 y 2008.
Para Rodríguez (2018: p. 218 ) indica que: “En el caso concreto de Ecuador, si
bien el centro histórico de las reivindicaciones indígenas había sido el derecho
a la tierra y al territorio, a partir de la década de 1960 y especialmente durante la
de 1970, éstas pasaron a ser replanteadas en términos de la especificidad étnica
(Chiodi 1990; Bretón 2009). Dicho replanteamiento llevó a la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) a incorporar la interculturalidad
en sus discursos y reivindicaciones, pero de manera íntimamente vinculada con
la educación y el bilingüismo, buscando la conservación de las lenguas y culturas
propias y el fin de las relaciones de dominación colonial.
El tratamiento constitucional de la “cultura” destaca la responsabilidad estatal en
la defensa el patrimonio cultural, declarándolo deber primordial según el artículo
3. Se enfoca en fortalecer una “identidad nacional” vinculada a interese de grupos
de poder, especialmente a través de bienes y obras relevantes para la concepción
hegemónica. El estado, con instituciones y colaboración simbólica de la iglesia,
cumple estas tareas mediante el Directorio del Instituto Nacional de Patrimonio
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Interculturalidad, pluralismo y derechos humanos en el contexto de la colonialidad
Cultural, que incluye representantes de Educación, Gobierno, Defensa, La
Conferencia Episcopal, La Casa de la Cultura y el Consejo de Educación Superior
(Puente, 2005: p.17)
La Constitución de 2008 en Ecuador incorporó cinco nuevos derechos colectivos,
incluyendo protección contra racismo y discriminación, reconocimiento a comu-
nidades afectadas, autonomía legal indígena y consulta previa en legislación y
limitación militar. También destaca el reconocimiento de la justicia indígena, pro-
moviendo coordinación intercultural e igualitaria.
Pluralismo como contrapeso a la influencia colonial
El pluralismo jurídico celebra la existencia de sistemas legales indígenas y colo-
niales, destacando la riqueza de nuestra diversidad cultural y jurídica. “El surgi-
miento de concepto del pluralismo jurídico inicia a principios del siglo XX cuando
los primeros antropólogos empezaron a examinar sociedades colonizadas que
seguían manteniendo un derecho indígena a pesar de la influencia coloniales”
(Gutiérrez, 2014: p. 2), “En estos movimientos anti sistémicos encuentra la fuerza
social capaz de eliminar todas las jerarquías y los privilegios” (Quijano, 2020: p.
19). En un contexto ecuatoriano poscolonial, el pluralismo se presenta como una
herramienta necesaria para reconocer las diversas formas de pensar, actuar y vivir
de las comunidades y pueblos indígenas.
Cantillo (2021) afirma que:
El derecho positivo vigente en sentido amplio, porque incluye el sistema norma-
tivo de los pueblos indígenas que también es Derecho en sentido estricto y, por
tanto, obligatorio y vinculante para todos los operadores jurídicos. No es ni será
tarea fácil, pero significará el camino a la concientización de la plurinacionalidad
para la efectivización del pluralismo jurídico. En efecto, los movimientos sociales
indígenas a través de “estrategias para el reconocimiento internacional” y consti-
tucional han afirmado las concepciones de autodeterminación, identidad cultural
y autonomía (p. 208).
La justicia indígena representa un sistema normativo completo que está en cons-
tante comunicación y diálogo con el Estado. “Hablar de justicia indígena impli-
ca referir a un todo mayor, más omnicomprensivo, como es el de los Sistemas
Normativos Indígenas que se conforman y despliegan en dialéctica conflictiva con
los Sistemas Normativos del Estado” (Martínez de Bringas, 2014: p. 58).
De Sousa Santos (2009: p 17- 185). En su obra “Una Epistemología del Sur, pro-
pone una visión crítica de la epistemología occidental desde la perspectiva del
Sur Global. Destaca la diversidad de conocimientos y culturas, cuestionando las
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jerarquías epistémicas y abogando por una inclusiva que reconozca la pluralidad
de voces y saberes”. Mandujano (2014: p. 105) explica que, De Sousa Santos, en su
escrito entiende que las “diversas prácticas y culturas poseen distintos tiempos y
códigos temporales, influyendo en la comprensión del poder. La ecología tempo-
ral impacta en las relaciones sociales y jerarquías”
Intersección: interculturalidad, pluralismo y derechos humanos
La interculturalidad y el pluralismo en el marco de los derechos humanos, son
conceptos importantes que buscan promover la diversidad cultural y el respeto
a los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su
origen étnico, cultural o religiosos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1948, establece los principios fundamentales
de los derechos humanos. Aunque no aborda específicamente la interculturali-
dad, sin embargo, su enfoque en la igualdad y la dignidad inherente a todos los
seres humanos proporciona un marco general para la promoción de la diversidad
cultural.
Luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se realizaron varios
Instrumentos Internacionales en donde particularizan los derechos de los pueblos
indígenas,
la participación en la vida cultural, y la tolerancia a un mundo diverso, entre
los Convenios y Declaraciones que podemos citar se encuentran: Convenio
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
(CERD) de 1965; La Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo
de 1989,; Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992; Declaración de
Principios sobre la Tolerancia de la UNESCO de 1995; Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.
El trabajo también se enfoca en la colonialidad, “es un concepto que da cuenta de
uno de los elementos fundamentales del actual patrón de poder, la clasificación
social básica y universal de la población del planeta en torno de la idea de “raza”
y “etnia”. Esta idea y la clasificación social en ella fundada, fueron originadas hace
500 años junto con el “descubrimiento” de América, la modernidad y capitalismo”
(Hyun Jo, 2013: p. 40).
Y es precisamente que el Estado debe apuntar a fortalecer la educación intercul-
tural, “romper” la colonialidad del poder en las mentes de los comuneros, borrar
esas prácticas sociales que se siguen practicando desde la época colonial.
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Interculturalidad, pluralismo y derechos humanos en el contexto de la colonialidad
La persistencia de estructuras coloniales en la sociedad ecuatoriana presenta de-
safíos significativos para la realización de sus plenos derechos. Enrique Dussel
(1998), proporciona la base filosófica para abordar los desafíos de la colonialidad
y la necesidad de una transformación y la necesidad de una transformación pro-
funda en la estructura social
El Estado ecuatoriano dentro de la promoción de la interculturalidad ha adoptado
medidas para promover la interculturalidad como principio rector de su política
nacional, entre leyes y programas podemos mencionar:
a. El Reconocimiento de la plurinacional e interculturalidad, manifestada en la
Constitución de la República (artículo 1), dando un valor y respeto a la di-
versidad étnica y cultural de las comunidades indígenas, afrodescendientes,
montuvias y mestizas (CRE, 2008)
b. Inclusión de contenidos interculturales en los planes de estudios para pro-
mover el respeto y la comprensión de las diversas culturas, así como el fo-
mento de la educación bilingüe, principalmente en áreas del sector indígena,
a través de la Ley Orgánica de Educación intercultural. (LOEI, 2011)
c. La Constitución de la Republica en su Capitulo IV artículos 57, reconoce los
derechos de los pueblos ancestrales y afrodescendientes, promoviendo su
integración en la esfera pública de la nación. (CRE, 2008)
d. Implementación de programas y proyectos destinados a fortalecer las comu-
nidades indígenas y afrodescendientes y montuvios abordando sus necesida-
des específicas, como es el caso de la Agenda para La Igualdad de Derechos
de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Pueblo Afroecuatoriano y Pueblo
Montubio 2019 – 2021.
e. Apoyo a eventos y festivales que promuevan y celebran la diversidad cultural
del país.
f. Implementación de procesos de consulta previa, libre e informada con las
comunidades indígenas antes de emprender proyectos que afectan direc-
tamente a sus territorios o formas de vida, éste derechos está consagrado
en la Constitución de la República, (2008) en su Capitulo IV artículos 57 y el
Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), ratifica-
do por el Ecuador
g. Fomento de medios de comunicación comunitarios que reflejan la diversi-
dad cultural y den voz a las comunidades indígenas y afrodescendientes,
Artículo 79 de la Ley de comunicación (2013).
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El pluralismo juega un papel crucial en contrarrestar la influencia colonia en la
construcción del Estado ecuatoriano. La diversidad cultural, política y social se
convierte en un elemento central para superar las estructuras coloniales arraiga-
das. Se abordan cuestiones relacionadas con la participación ciudadana, la re-
presentación política y la descentralización como estrategias para fortalecer el
pluralismo en el país.
Participación ciudadana, democracia y pluralismo
La descentralización del poder resulta algo fluido y situacional. Un sistema mul-
ticéntrico con múltiples actores en constante conflicto, se subraya la idea de que
no hay una única elite domínate, sino más bien un equilibrio de poder distribuido.
Desde esta mirada la diversidad de opiniones y la interacción constante entre los
diversos centros de poder pueden generar un proceso más dinámico y equitativo
en la toma de decisiones.
Además, Canto enfatiza la “importancia de la independencia, permeabilidad y
heterogeneidad de los segmentos del estrato político”. Esta caracterización ga-
rantizará que cualquier grupo insatisfecho tenga la posibilidad de encontrar un
vocero”. Esta noción refuerza la idea de que el pluralismo no solo se trata de tener
múltiples centros de poder, sino también de asegurar que la representación sea
accesible y receptiva a una variedad de voces y perspectivas de la sociedad.
Pluralismo y diversidad cultural
El pluralismo jurídico asegura una justicia justa y el reconocimiento cultural de las
minorías, “No existe protección adecuada de las minorías étnicas, sino a través
de la existencia de pluralismo jurídico” (Ramírez, 2022: p. 2). La protección de las
minorías étnicas no se logra simplemente a través de mecanismo estatales con-
vencionales, sino mediante la existencia de lo que se denomina pluralismo jurídico
El pluralismo jurídico transforma nuestra comprensión del derecho al incorporar
una variedad de perspectivas y realidades sociales “Tal como se plantea dossier,
al pluralismo jurídico no se lo considera como uso “alternativo” del derecho sino
como un proceso de construcción de otras formas jurídicas que identifiquen al de-
recho con los sectores mayoritarios de la sociedad. (García, 2008: p. 11-13). la refe-
rencia a modos de resolución diferenciados sugiere que cada grupo étnico puede
tener sus propios métodos y normas para resolver disputas internas, (Ramírez,
2022: p.2). La aceptación de estos métodos diferenciados es fundamental para
garantizar el respeto a los derechos de las minorías étnicas.
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Interculturalidad, pluralismo y derechos humanos en el contexto de la colonialidad
Para Milani (2020):
La diversidad cultural puede dar vida a diferentes modelos sociales, tales como la
multiculturalidad, la pluriculturalidad y, precisamente, la interculturalidad. Todos
estos modelos sociales tienen una perspectiva común: la heterogeneidad cultural,
debida a la presencia, en un determinado contexto geopolítico, de diversas cultu-
ras; contraponiéndose de este modo a la homogeneidad cultural, entendida como
la presencia de un único sistema cultural en un espacio determinado. (p. 9)
Pluralismo cultural y derechos humanos:
“El ideal del multiculturalismo es la tolerancia y la coexistencia entre culturas. En
cambio, la interculturalidad apuesta por ir más allá, para construir el respeto, la
convivencia, el diálogo y el aprendizaje mutuo”. (Rodríguez, 2012). Este enfoque
promueve una integración más profunda, animando una comprensión más legíti-
ma y colaborativa entre las diferentes identidades culturales en lugar de simple-
mente coexistir.
La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada el
2 de noviembre del 2001 en su artículo 2, “De la Diversidad cultural al pluralismo
cultural nos indica:
En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable ga-
rantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y gru-
pos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las
políticas que favorecen la inclusión y la participación de todos los ciudadanos
garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de
esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la
diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural
es propicio a los intercambios culturales y al desarrollo de las capacidades crea-
doras que alimentan la vida pública.
El pluralismo en sociedades multiculturales necesita un balance entre valores
que a veces confrontan “Las sociedades multiculturales ofrecen escenarios en
los que tiene lugar un acentuado pluralismo caracterizado por una superposición
de valores que exige una cuidadosa ponderación de los principios en conflicto.
Educación, neutralidad, igualdad, libertad religiosa o tolerancia” (Álvarez, 2012:
p. 50). El planteamiento de Giménez (2003: p. 9-26), sobre la relación entre multi-
culturalidad e interculturalidad como modalidad dentro del pluralismo cultural es
interesante y refleja una evolución en el pensamiento sociocultural a lo largo del
tiempo. Su enfoque destaca la transición de políticas multiculturales en la década
de los sesenta hacia propuestas interculturales a partir de los años ochenta, abar-
cando diversos sectores como la educación, la filosofía y la comunicación.
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Esta evolución probablemente se haya manifestado por cambios en la perspecti-
va académica, social y política. La creciente globalización, la migración y la comu-
nicación instantánea han creado un contexto en el cual las culturas interactúan
más estrechamente, lo que ha llevado a la necesidad de enfoques más dinámicos
y participativos.
En el ámbito educativo, la interculturalidad podría traducirse en programas que
promuevan la comprensión intercultural, el respeto mutuo y la colaboración entre
estudiantes de diferentes culturas.
Para (Pedrero & otras, 2017)
Educar para la diversidad cultural y en la interculturalidad supone una actitud de
valoración positiva hacia la comunicación e interacción entre culturas y hacia la
comprensión de lo diverso como un factor de aprendizaje positivo y necesario en
las actuales organizaciones escolares (p. 11-26)
En filosofía, podría implicar la integración de perspectivas culturales diversas en
la reflexión y construcción de conocimiento. En el estudio de la filosofía de Raúl
Fornet-Betancourt: diálogo y filosofía intercultural, Gutiérrez & otro (2004) indica:
la filosofía intercultural intentará cambiar la conflictividad actual del mundo glo-
balizado, brindándole mayor capacidad discursiva a las culturas para integrarse
en una diversidad histórica que afiance mejores relaciones para la convivencia a
través de una interpretación hermenéutica, epistemológica y antropológica de las
realidades compartidas. Para cumplir con tal propósito, se hace necesario recu-
perar la categoría de peregrino en los pueblos de Latinoamérica, como lo propone
la filosofía de la liberación
Intersección: interculturalidad, pluralismo y derechos humanos
El análisis de estos elementos es la necesidad de entrelazar para poder garanti-
zar el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la justicia. Para (Stavenhagen,
2006: p. 24.) señala: “El régimen internacional de los derechos humanos permite
que los pueblos indígenas se inserten en sus tres vertientes principales. En primer
lugar, los indígenas reclaman para sí todos los derechos individuales garantizados
en la Declaración Universal (1948), los dos Pactos Internacionales de Derechos
Humanos (1966) y numerosos otros instrumentos jurídicos internacionales de de-
rechos humanos. Si bien esto puede parecer lógico y evidente, el hecho es que
en numerosos países los indígenas siguen sufriendo discriminación étnica, racial
y de género, y en algunos hasta hace poco eran sujetos de regímenes tutelares
especiales sin disfrutar plenamente de todos los derechos humanos reconocidos”
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Interculturalidad, pluralismo y derechos humanos en el contexto de la colonialidad
En cuanto a los regímenes tutelares especiales señala que un pasado en el cual
algunas comunidades indígenas estaban bajo la tutela del Estado, limitando su
autonomía y capacidad para ejercer plenamente sus derechos.
Aunque estos regímenes pueden haber cambiado en algunos lugares, sus secue-
las a menudo persisten, y las comunidades indígenas pueden seguir enfrentando
desafíos para lograr una participación equitativa y gozar de todos sus derechos.
La discrepancia entre la teoría legal y la realidad coexistida subraya los desafíos
en la implementación efectiva de los derechos humanos para los pueblos indíge-
nas. Esto pueden atribuirse a factores como la falta de aplicación y ejecución a
nivel nacional, así como la resistencia cultural y estructural a los cambios.
Interculturalidad, pluralismo y derechos humanos frente a la colonialidad
Arturo Escobar realiza una exploración en donde analiza la relación entre el desa-
rrollo, la modernidad y las formas de conocimiento. Cuestiona la idea tradicional
de desarrollo, argumentando que ha llevado a la explotación de comunidades lo-
cales y a la degradación del medio ambiente. Propone la necesidad de considerar
otras formas de conocimiento, epistemologías situadas en contextos culturales
específicos, que pueden ofrecer alternativas más sostenibles y justas, Escobar
(2003: p. 1–36).
La colonialidad impacta de manera profunda nuestra existencia, no solo la forma
en que percibimos lo subalterno. “El surgimiento del concepto “colonialidad del
ser” responde, pues, a la necesidad de aclarar la pregunta sobre los efectos de la
colonialidad en la experiencia vivida, y no sólo en la mente de sujetos subalternos”
(Maldonado, 2007: 130.)
Las intersecciones entre estos conceptos se manifiestan en como las estructuras
coloniales han influido en la discriminación cultural, limitando el ejercicio pleno de
los derechos humanos para algunas comunidades. Mignolo (2000: p. 34), arguye
que la interculturalidad y el pluralismo deben ser abordada desde una perspectiva
descolonial para lograr una transformación social
Conclusiones
La llegada de los colonizadores europeos marcó profundamente la identidad
ecuatoriana, generando desigualdades sociales y discriminación hacia las comu-
nidades indígenas. La lucha de este este sector ha sido significativa para lograr
reconocimiento y respeto por sus costumbres ancestrales.
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La persistencia de estructuras coloniales en la sociedad ecuatoriana presenta de-
safíos reveladores para la realización de los plenos derechos. La necesidad de
una transformación en la estructura social se vuelve imperativa para abordar esos
retos de la colonialidad.
El Estado ecuatoriano ha adoptado medidas para promover la interculturalidad
en su Constitución. Además, se destaca La incorporación de contenidos intercul-
turales en los planes de estudio y la promoción de la participación activa de las
comunidades indígenas en la vida política y social del país.
El pluralismo se presenta como un elemento crucial para contrarrestar la influen-
cia colonial en la construcción del Estado ecuatoriano. La descentralización del
poder, la participación ciudadana y la representación política se presentan como
estrategias para fortalecer el pluralismo en el país.
La protección de las minorías étnicas se formula a través del pluralismo jurídico,
que implica la coexistencia de diferentes sistemas legales para la resolución de
conflictos dentro de un mismo territorio. Esto garantiza el respeto a los derechos
específicos de cada grupo étnico.
El pluralismo cultural se asocia con la coexistencia y reconocimiento de diversas
culturas dentro de una sociedad, buscando garantizar los derechos fundamenta-
les de todas las personas. La interacción entre el pluralismo y los derechos huma-
nos se concentra en lograr un acuerdo armonioso y justo, donde la diversidad sea
valorada y protegida.
La intersección entre interculturalidad, pluralismo y derechos humanos se mani-
fiesta en la necesidad de entrelazar estos elementos para garantizar el respeto a
la dignidad humana, la igualdad y la justicia. Sin embargo, persisten desafíos en la
implementación efectiva de los derechos humanos, principalmente para la comu-
nidad indígena que aún se enfrentan a la discriminación.
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Auditoría financiera a la Empresa
Oasis por el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre del 2023
Financial audit of the Oasis Company for the period from
january 1 to december 31, 2023
Diana Elizabeth Gonzalez Castro
diana.gonzalez@insteclrg.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico del Austro. Azogues, Ecuador
John Gerardo Romero Guartan
john.romero@insteclrg.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico del Austro. Azogues, Ecuador
Ismael Gonzalo Medina Carangui
ismael.medina@insteclrg.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico del Austro. Azogues, Ecuador
DOI: https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v9i2.1565
Resumen
El siguiente trabajo tiene como finalidad realizar la Auditoría Financiera al Hotel Gimnasio
Oasis de la ciudad de Biblián, en el periodo comprendido entre el 01 enero al 31 diciembre
2023, y es considerado como una empresa con mayor acogida que ofrece servicios a
nivel provincial. El estudio se enfocó cumpliendo todas las normas de auditoría que son
aplicadas y aceptadas por todo el argumento que analiza esta actividad de este prototipo
Artículo original. Revista Killkana Sociales. Vol. 9, No. 2, pp. 49-66, mayo-agosto, 2025.
p-ISSN 2528-8008 / e-ISSN 2588-087X. Universidad Católica de Cuenca
Recepción: 05 de septiembre de 2024 | Publicación: 30 de mayo de 2025
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Diana Elizabeth Gonzalez Castro, John Gerardo Romero Guartan, Ismael Gonzalo Medina Carangui
de estudio, de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría Financiera, Normas
de Auditoría Generalmente Aceptadas. Se constituyo y ejecuto un análisis para evaluar
todas las cuentas de los estados financieros del hotel gimnasio, siguiendo los métodos
para obtener un resultado claro y preciso del mismo; así como las expectativas de la parte
administrativa de la empresa, por lo que determinamos que la auditoría realizada a los
estados financieros fue exitosa en sus resultados dentro del periodo establecido. Para el
desarrollo del proceso se aplicó las fases de la auditoría financiera como son planifica-
ción, para ello envió la comunicación de inicio de auditoría, se obtuvo la información de
documentos internos y externos que regula las actividades de la empresa, se realizó la
visita previa y el informe de planificación preliminar, además para la fase de planificación
específica se aplicó los cuestionarios de control interno, se evaluó el control interno, se
realizó la matriz evaluación de riesgo y confianza, muestreo estadístico, evaluación de
riesgos y confianza para cada cuenta; para la fase de ejecución se realizó las hojas de
hallazgos; para la fase de comunicación de resultados se elaboró el informe de auditoría
y dictamen; para la fase de seguimiento se realizó un plan de acción.
Palabras clave: Auditoría Financiera, Estados Financieros, Normas, Resultados.
Abstract
The purpose of the following work is to carry out the Financial Audit of the Hotel Gimnasio
Oasis in the city of Biblián, in the period between January 1 and December 31, 2023, and
it is considered a company with greater acceptance that oers services at the provincial
level. The study focused on complying with all the audit standards that are applied and
accepted by the entire argument that analyzes this activity of this prototype study, ac-
cording to the International Financial Auditing Standards, Generally Accepted Auditing
Standards. An analysis was established and executed to evaluate all the accounts of the
financial statements of the hotel gym, following the methods to obtain a clear and precise
result of it; as well as the expectations of the administrative part of the company, so we
determined that the audit carried out on the financial statements was successful in its re-
sults within the established period. For the development of the process, the phases of the
financial audit were applied, such as planning, for this, the audit start communication was
sent, the information from internal and external documents that regulate the companys
activities was obtained, the previous visit and the preliminary planning report were ca-
rried out, in addition, for the specific planning phase, the internal control questionnaires
were applied, the internal control was evaluated, the risk and confidence evaluation ma-
trix was carried out, statistical sampling, risk and confidence evaluation for each account;
for the execution phase, the findings sheets were made; for the results communication
phase, the audit report and opinion were prepared; for the follow-up phase, an action plan
was made.
Key words: Financial Audit, Financial Statements, Standards, Results.
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Auditoría nanciera a la Empresa Oasis por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023
Introducción
En la ciudad de Biblián, se encuentra ubicado el Hotel Gimnasio Oasis, se realiza
la auditoría a los estados financieros, lo que constituye un apasionante y deta-
llado trabajo que involucra un orden y seguimiento del mismo, el cual constituirá
experiencia profesional al auditor y como elemento de privacidad de información
tratados dentro del contexto de la ética.
La auditoría financiera se aplica como una herramienta para encontrar fraudes,
precisar la situación económica y las utilidades de las operaciones, como objetivo
busca analizar si los procesos y controles administrativos, contables son correc-
tos para lograr un eficiente resultado, como muestra positiva que le interesaría al
cliente [1].
Por consecuencia, el estudio presente es de enfoque cualitativo y de rol documen-
tal además descriptivo debido que se compone por los siguientes puntos: primero
se presentara el concepto de auditoría financiera, segundo se detallara la metodo-
logía tratada utilizada en la investigación, tercero dar como resultado la revisión
documental sobre la auditoría financiera y el cuarto punto exponer las principales
conclusiones y referencias bibliográficas de este estudio.
El concepto de auditora financiera según el estudio de algunos autores investi-
gados como “El conjunto de procesos sistemáticos, ejecutados por auditores de
acuerdo a normas y métodos técnicos que tienen por finalidad obtener y eva-
luar de forma independiente los eventos de carácter económico administrativo
de una entidad, permitiendo determinar el grado de veracidad de dichos eventos
conforme a las disposiciones legales vigente” según (Calderon , 2015). Con esta
referencia de auditoría financiera se prevalece inicialmente con el resultado de
los estados financieros el cual sus resultados encontrados en los registros y libros
contables, además la auditoría analiza y estudia todas las operaciones que están
representadas en los estados financieros con el objetivo de verificar su transpa-
rencia ya aprendizaje de la misma, para exponer un informe lógico y actual finan-
ciero dentro de un grado de independencia.
Como efecto, se considera que la auditoría financiera tiene como objeto dictar de
manera profesional y transparente sobre los resultados en los estados financieros
y verificar su cumplimiento en base a las normas que la regulan, y verificar me-
diante a revisión todas las operaciones contables de esta empresa.
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Diana Elizabeth Gonzalez Castro, John Gerardo Romero Guartan, Ismael Gonzalo Medina Carangui
Marco teórico
Antecedentes
“La auditoría financiera es tan extensa como la administración, es el proceso de
acumular y evaluar evidencia, realizado por unas personas competentes sobre
a información correcta de una institución específica”. Según (Juan Jose Gomez
Cambronero, 2013). Y se tiene como acto principal informar sobre la calidad de
correspondencia siendo esta real y dentro de este informe ser verídico y con cri-
terios establecidos.
El concepto claro sobre la auditoría es “Un examen sistemático de los estados
financieros, registros y transacciones relacionadas para determinar la adheren-
cia a las normas internacionales de información financiera (NIIF), normas inter-
nacionales contables (NIC), principios contables, disposiciones legales, políticas
de dirección y otros requerimientos establecidos por los organismos formales de
control establecido. Según (Michael C, Knnap, 2013)
Debe quedar claro que la auditoría no es una subdivisión o una continuación de
campo de la contabilidad. Es el proceso de reunir información contable dentro de
este sistema.
Su preparación de estados financieros, forma la función del contador y esté en-
cargado de la revisión de los estados, que relacionados forman la base para ob-
tener suficiente evidencia acerca del estudio de la muestra de este análisis, su
propósito de poder expresar una opinión profesional de ello.
Fases de la auditoría
Debe cumplir y seguir un proceso, empieza con la planificación, segundo con la
ejecución, tercero presentar el informe y como último realizar el seguimiento.
Planificación. Esta fase tiene que establecer ordenadamente los procedimientos
de auditoría, conceptualizando los pasos a seguir y las actividades que se van a
tratar esta se clasifica en la planificación preliminar y planificación específica.
La planificación preliminar se detalla la estrategia que se va a realizar en base a la
información que te tiene de la empresa.
La planificación específica se centra mediante la determinación de los procedi-
mientos que te va a aplicar en cada proceso de trabajo.
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El contenido de la planificación consiste en:
Antecedentes.
Motivos de la auditoría.
Objetivos generales y específicos.
Alcance de la auditoría.
Descripción, base legal, misión, visión, objetivos, políticas.
Políticas y prácticas contables.
Determinación de las variaciones y porcentajes.
El contenido de la planificación específica es evaluar el control interno y detallar
los riesgos y definir su proceso:
Movimientos importantes reconocidos.
Motivos para la auditoría.
Resultado del estudio del control interno.
Conocimiento de la estructura que se va a examinar y su consecuencia.
Plan que se va estructura en la auditoría.
Cronograma de la auditoría específico para presentar el resultado de la
misma.
Conclusión de la auditoría.
Control interno es un plan de estructura y métodos incorporados por la entidad
para amparar los recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información
financiera y administrativa. Con ello se determina la calidad del estudio y del cum-
plimiento y metas que se trazaron.
Riesgos de la auditoría tiene como posibilidad que la empresa auditada se pro-
duzca errores y fallos que no sean detectadas en su momento.
Riesgo inherente es la posibilidad de errores en la información financiera an-
tes de considerar la efectividad del control interno diseñados y aplicados por la
empresa.
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Riesgo de control es la posibilidad de que los procesos de control interno no
puedan prevenir o determinar sus errores de manera anticipada.
Riesgo de detección se da al aplicar los programas de auditoría, el cual dichos
procesos no son suficientes para encontrar los errores o irregularidades.
Pruebas de la auditoría es el conjunto de técnicas de estudio que se aplican en la
evolución de la auditoría o semejanzas aplicadas con los estados financieros para
depender de pruebas coherentes y emitir opiniones
Pruebas de cumplimiento estas generan evidencias y se aplican de manera efi-
ciente y ordenada.
Pruebas sustitutivas o llamadas también de transacciones o saldos generan evi-
dencias directas sobre su validez y saldos que están incluidas en los registros
contables.
Fórmula para determinar el nivel de confianza:
NC=CT*100/PT
NC=NIVEL DE CONFIANZA
CT=CALIFICACION TOTAL
PT: PONDERACION TOTAL
NIVEL DE CONFIANZA
BAJO MODERADO ALTO
15% - 50% 51% - 75% 76% - 96%
85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%
NIVEL DE RIESGO 100 - NC
Fig. 1. Nivel de confianza
Técnicas de la auditoría son métodos prácticos de investigación y pruebas en la
cual el auditor aplica para obtener resultados adecuados y generar su opinión. Las
técnicas al ser de ayuda se convierten en varios procedimientos y se formulan en:
Técnicas de verificación ocular: Comparación, Observación, Revisión
Selectiva y Rastreo.
Técnicas de verificación verbal: Indagación.
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Técnicas de verificación escrita: Análisis, Conciliación y Confirmación.
Técnicas de verificación documental: Comprobación, Computación.
Técnicas de verificación física: Inspección.
Ejecución: Esta fase nace con la aplicación de todos los procedimientos y téc-
nicas de auditoría que permiten encontrar hallazgos representados debidamente
con las evidencias, determinando ciertos atributos.
En esta etapa se elabora y se obtiene todos los resultados y estarán sustentados
en papeles de trabajo, aquí se define la evidencia total y real que ayudaría a dar
un informe y opinión.
Es importante que el auditor mantenga un comunicación intensa y seguida con
los representados de la empresa durante este estudio, este objetivo es mantener
informados a todos interesados sobre fallos encontrados para ser expuestos y
tomar correcciones pertinentes.
Comunicación de resultados: El informe es una opinión formal resultado del
examen de auditoría interna o externa, realizada a la empresa en cierta área es-
pecífica o general.
Está dirigida a los representados de la empresa examinada, con el objetivo de
exhibir información de manera escrita o verbal sobre de lo estudiado.
Contiene el escrito y análisis como prueba de la cual será dictada en el transcurso
del estudio. Con lo que se espera que el último día, se dé a conocer los resultados
previamente guiada por los responsables y de acuerdo a la norma establecida.
Esta detallada con el dictamen, estados financiaros, apuntes corregidos, infor-
mación financiera completa, comentarios, conclusiones y recomendaciones de la
auditoría.
Seguimiento: Verifica las recomendaciones emitidas en el informe de la auditoría
para que sean cumplidas de manera adecuada y oportuna, con miras alcanzar los
resultados planificados para constatar una evidencia moderada con las siguientes
actividades:
Verificar si lo informado sobre el resultado conclusiones y recomendaciones
demostradas en el reporte, aceptan el estudio de la auditoría y así concluir
con este análisis, y demostrar con el tiempo que el trabajo fue aceptado.
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Metodología
La presente investigación estudiada es mixta, debido que se involucró al método
cualitativo y cuantitativo este tipo consiste en buscar y resolver problemas me-
diante varias observaciones. Al referirse al primer método reconoce de manera
general de todo lo pensado del tema específico y es posible enfocarse como parte
principal para entenderlo.
El segundo método son las operaciones numéricas y estadísticas con el objetivo
de obtener resultados precisos debido a la problemática estudiada, como resulta-
do generamos preguntar e hipótesis que puede ser verificadas.
De la misma manera en los estudiado busca demostrar la situación actual en la
que se encuentra las variables, así como la relación sin casualidad entre ambas
utilizando elementos cuantificables para la recolección de datos.
Se enfoco además en la entrevista hacia los representantes de la empresa para
que generen sus conocimientos de cómo se encuentra en la actualidad la empre-
sa y presentar un modelo de auditoría que beneficie.
Los métodos de investigación:
Histórico-lógico se utiliza para obtener resultados sobre una auditoría conti-
núa es decir con referencia a la recopilación de datos para realizar la audito-
ría que ayuden a implementar ayuda a la empresa.
Inductivo, deductivo es la comprobación y demostración de un acto, es decir
se aplicó como base general todas las teorías de la investigación conjuntas
con los modelos de auditoría y su aplicación en el proceso.
Analítico y sintético son el estudio de los hechos y fenómenos para después
exponer sus componentes y tener una relación importante entre ellos es de-
cir su organización y funcionamiento. Esto quiere decir que la información
obtenida tiene sentido y generar resultados eficientes.
Modelación desarrolla un representante de auditoría para aplicar en la em-
presa. La investigación evoluciono en la verificación y recolección de los da-
tos obtenidos con el estudio debidamente aplicado.
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Resultado
Como lo expuesto anteriormente a través de esta investigación, lo que se quie-
re es potencializar la eficacia del trabajo de la auditoría mejorando sus estados
financieros, optimizar sus ingresos y mostrar viabilidad en la empresa que haga
más eficiente el funcionamiento del hotel.
Fig. 2 El proceso de la Auditoría se fundamenta en cuatro fases.
Fase I planificación
Planificación-Conocimiento Preliminar
Se elaboró el respectivo programa de auditoría para realizar actividades como
obtención de la base normativa que regula las actividades de la empresa. Se pla-
nificó una visita previa para conocer el entorno organizacional y se elaboró los
diferentes papeles de trabajo referentes a esta fase.
Fig. 3 Planificación Preliminar
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El Hotel Gimnasio Oasis es una empresa privada que ofrece varios servicios hacia
sus usuarios y en base a ellos sirve para su desarrollo y funcionamiento de la ac-
tividad económica de la misma. La empresa en todo su desarrollo no ha realizado
ninguna clase de análisis y procesos administrativos para verificar o medir los
niveles de eficiencia y eficacia a los que están sometidos con la utilización de sus
recursos.
Además, se puede decir que a la empresa no se ha realizado ningún tipo de au-
ditoría para medir los niveles de eficacia y eficiencia ni para la verificación del
cumplimiento de los objetivos.
Dentro de la empresa que tiene como objetivo principal la satisfacción del cliente
debe ser de importancia enfocar los valores crear un ambiente agradable y cor-
dial a la vista y a la degustación de todos los clientes, también debe fomentar un
buen ambiente laboral entre todos los trabajadores para que brinden un servicio
de calidad
Planificación-Planificación Específica
Se realizó el programa de auditoría para ejecutar actividades relacionadas al aná-
lisis de la base normativa, a la elaboración y aplicación de cuestionarios de con-
trol interno a los funcionarios relacionados con la empresa. Se evaluó el Control
Interno y se determinó los componentes a ser analizados.
Fig. 4 Programa Auditoría, Planificación Preliminar
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Fig. 5 Cuestionario Control interno
Fig.6 Evaluación Control Interno
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Fig. 7 Nivel de Confianza y Riesgo
De acuerdo a los resultados obtenidos de la entrevista a los principales empleados
de la empresa, los controles claves determinan que el control interno se encuentra
en a confianza del 81.7% que corresponde a un nivel Confiable, de acuerdo a la
información obtenida.
Fig. 8 Evaluación Control Interno
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Fig. 9 Evaluación del Control Interno
Fig. 10 Programa Auditoría
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Fase II Ejecución
Se considera como elemento la información captada en la fase anterior y el estu-
dio acorde, como siguiente elemento al recibir la evidencia que debe cumplir con
los atributos necesarios, luego de ello se detalla los resultados con su adecuada
conclusión y de antemano será comunicado a todas las personas con el objetivo
de mejorar, realizar los cambios acordes a los comentarios.
Fig. 11 Auditoría Externa
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Fig. 12 Auditoría a los Estados Financieros
Fase III Comunicación de los resultados
Debido a que las actividades realizadas durante las fases anteriores y finaliza con
la elaboración y entrega del documento de auditoría, también identifica todas las
áreas que deben ser mejoradas, este documento contiene todas las recomenda-
ciones específicas es decir los métodos que debe cumplir para mejorar en toda el
área de trabajo.
Fig. 13 Comunicación de Resultados
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DICTAMEN DE AUDITOR INDEPENDIENTE
Biblián, 25 de julio del 2024
Señor miembros de:
Administrador
HOTEL Y GIMNASIO OASIS
Informe sobre los Estados Financieros
1. Hemos auditado el Estado de Situación Financiera del hotel y gimnasio Oasis,
al 31 de diciembre de 2023y los correspondientes Estados de Resultados,
Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, por el año terminado en esa
fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas ex-
plicativas preparadas por la Administración.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
2. La Administración de la empresa, es responsable por la preparación y pre-
sentación razonable de los estados financieros de acuerdo con las Normas
Internacionales de Contabilidad y NIIF. Esta responsabilidad incluye el dise-
ño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que
no estén afectados por distorsiones significativas y la elaboración de estima-
ciones contables de acuerdo con las circunstancias.
Responsabilidad del Auditor
3. Nuestra responsabilidad, es expresar una opinión sobre la razonabilidad
de los estados financieros basados en la auditoría, la cual fue efectuada de
acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren
que cumpla con requerimientos éticos, que planifique y realice la auditoría
para obtener certeza razonable de que los Estados Financieros no contienen
exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo.
Opinión
4. En nuestra opinión, por el efecto de los asuntos que se explican en los pá-
rrafos anteriores, los estados financieros antes mencionados, no presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera
de la empresa al 31 de diciembre de 2023, debido a que no existe el estado
de cambios en el patrimonio, tampoco el estado de flujo de efectivo, no se
verifica una contabilidad clara y oportuna para la toma de decisiones, no
existe algunos respaldos de documentos fuente para cuentas de gastos, no
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Auditoría nanciera a la Empresa Oasis por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023
está estructurado de manera adecuada la información contable y siguiendo
las etapas de proceso contable como establece las NIC y NIIF.
Atentamente,
John Romero Ismael Medina
AUDITORÍA EXTERNA
Fase IV. Seguimiento de las Recomendaciones
La finalidad de la auditoría es conseguir buenos resultados como son las reco-
mendaciones estas ayudas generan a futuro un cambio o proceso de ayuda para
mejorar el nivel de eficacia y eficiencia, con ello se obtendrá un mejor control
interno.
Conclusiones y recomendaciones
CONCLUSIONES
El gimnasio analizado presenta una estructura organizativa y operativa básica,
pero con oportunidades de mejora significativas para optimizar su rendimiento y
eficiencia. Es necesario implementar procesos y controles más sólidos para ga-
rantizar una gestión adecuada del negocio.
La auditoría se llevó a cabo mediante la revisión de documentación, observación
directa de las operaciones y entrevistas con el personal clave del gimnasio. Se
evaluaron aspectos como la estructura organizativa, los procesos de gestión, los
controles internos y el cumplimiento de requisitos legales y normativos.
Se identificaron deficiencias en áreas como la planificación estratégica, la ges-
tión de recursos humanos y la implementación de indicadores de desempeño.
Existen oportunidades de mejora en los procesos de control de ingresos, mane-
jo de inventarios y mantenimiento de equipos. Es necesario fortalecer la cultura
organizacional y el compromiso del personal para lograr una mayor eficiencia y
satisfacción de los clientes.
RECOMENDACIONES
La gerencia de la empresa deberá disponer la realización de auditoría de
manera periódica, que permita de manera oportuna diferenciar el control
interno.
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Diana Elizabeth Gonzalez Castro, John Gerardo Romero Guartan, Ismael Gonzalo Medina Carangui
La empresa deberá implementar evaluaciones a su sistema de control, de
forma recurrente y posterior, así mismo realizar arqueos, conciliación banca-
ria, identificación, y control de cuentas.
La gerencia debe receptar y aplicar las recomendaciones escritas del infor-
me de control interno y el dictamen emitido del informe de auditoría, para
que se ajuste a la realidad de la empresa y permita tomar decisiones adecua-
das para benefició de la misma.
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La violencia intrafamiliar y
su incidencia en el desarrollo
profesional de la mujer
Domestic violence and its impact on womens professional
development
Guillermo Obando Reyes
guilloobando13@gmail.com
Graduado de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Carrera de Trabajo Social, Facultad de
Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar. Manta, Ecuador.
Benito Guamán Guamán
daniloguaman1992@gmail.com
Investigador Externo en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, proyecto institucional multi-
disciplinario de investigación. Manta-Ecuador.
Marjorie Gómez Zambrano
marjoriemgomez@gmail.com
Docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Carrera de Trabajo Social, Facultad de
Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar. Manta-Ecuador.
Asunción Barreto Pico
asunbarreto@yahoo.es
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Manta-Ecuador.
Alexandra Benítez Chávez
benitezalexandra01@gmail.com
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Manta-Ecuador.
DOI: https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v9i2.1449
Artículo original. Revista Killkana Sociales. Vol. 9, No. 2, pp. 67-86, mayo-agosto, 2025.
p-ISSN 2528-8008 / e-ISSN 2588-087X. Universidad Católica de Cuenca
Recepción: 28 de noviembre de 2023 | Publicación: 30 de mayo de 2025
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Guillermo Obando Reyes, Benito Guamán Guamán, Marjorie Gómez Zambrano, Asunción Barreto Pico, Alexandra Benítez Chávez
Resumen
La violencia intrafamiliar constituye un persistente desafío social arraigado en la estruc-
tura de la sociedad a lo largo del tiempo y se caracteriza por la manifestación de actos
agresivos dentro del entorno familiar, donde un individuo ejerce su voluntad sobre otro.
Este estudio se centra en la incidencia de esta problemática en el desarrollo profesional
de la mujer, explorado según los estudiantes de Trabajo Social de la Uleam. El objetivo
fue identificar cómo la violencia intrafamiliar afecta el progreso profesional de la mu-
jer, poniendo especial énfasis en su desempeño en múltiples contextos. La metodolo-
gía adoptada para esta investigación fue de naturaleza cuantitativa, utilizando enfoques
tanto deductivos como inductivos. La recolección de datos se llevó a cabo mediante
una encuesta compuesta por 8 preguntas dirigidas a 178 estudiantes de distintos niveles
académicos. Los resultados revelaron que la violencia intrafamiliar presenta un alto nivel
de incidencia en el desarrollo profesional de las mujeres y sus principales rasgos son
la timidez, la susceptibilidad a la manipulación y la propensión a minimizar las tareas,
además se evidenció la persistente presencia de diversos tipos de violencia, tales como
la psicológica, física, sexual, verbal y de género, en el entorno familiar. En conclusión, la
violencia intrafamiliar genera un impacto significativo en el ámbito laboral y educativo,
influyendo de manera adversa en el proceso de formación académica y en la calidad de
vida de las mujeres. Dado que estos abusos tienen un impacto negativo en el desarrollo
de las competencias personales, profesionales y parentales de las mujeres, así como en
su contribución al bienestar social.
Palabras claves: Violencia Intrafamiliar, Trabajo Social, Desarrollo Profesional, Mujer,
Percepción.
Abstract
Domestic violence constitutes a persistent social challenge deeply embedded in the struc-
ture of society over time and is characterized by the manifestation of aggressive acts wi-
thin the family environment, where one individual imposes their will on another. This study
focuses on the impact of this issue on womens professional development, as explored
through the perspectives of Social Work students at Uleam. The objective was to identify
how domestic violence aects women’s professional progress, with particular emphasis
on their performance in multiple contexts. The methodology adopted for this research
was quantitative in nature, employing both deductive and inductive approaches. Data
was collected through a survey consisting of 8 questions addressed to 178 students from
various academic levels. The results revealed that domestic violence has a high level of
incidence in the professional development of women. The main traits observed in aec-
ted women include shyness, susceptibility to manipulation, and a tendency to downplay
tasks. Additionally, there was clear evidence of the persistent presence of various forms
of violence—psychological, physical, sexual, verbal, and gender-based—within the family
environment. In conclusion, domestic violence generates a significant impact in both the
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La violencia intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo profesional de la mujer
professional and educational spheres, adversely aecting women’s academic develop-
ment and quality of life. These abuses negatively influence the development of womens
personal, professional, and parental competencies, as well as their contribution to social
well-being.
Keywords: Domestic Violence, Social Work, Professional Development, Women,
Perception.
Introducción
La persistencia de la violencia intrafamiliar en pleno siglo XXI ha tenido un im-
pacto significativo en la dinámica familiar, especialmente afectando a las muje-
res, quienes son más propensas a sufrir violencia por parte de alguien con quien
mantienen un vínculo afectivo. Por ende, la relevancia de este artículo se enfoca
en comprender las consecuencias que enfrentan estas víctimas en su desarrollo
profesional, según la visión de los estudiantes de Trabajo Social.
La violencia intrafamiliar o doméstica es una problemática a nivel mundial que se
origina en el interior del seno familiar, en el cual el agresor realiza un acto violento
y agresivo en la víctima. Por ello, afirma Silva et al. (2019) lo siguiente:
La historia siempre ha sido escrita por los hombres, con una finalidad clara que
no es otra que la de continuar con la narrativa social del patriarcado, la misoginia
y la inmanencia de la mujer como una otredad, un sujeto no válido para el poder y
tendente a generar el caos en todos los espacios en los que está presente. (p. 173)
Ecuador es unos de los países donde ha conseguido que las mujeres puedan de-
sempeñarse en cualquier área laboral, así como también se lucha para que haya
una equidad en el aspecto económico.
Mientras que García (2019) analiza que:
Las desigualdades que caracterizaban al sector en las décadas pasadas práctica-
mente se han eliminado; no obstante, las mujeres continúan enfrentando mayores
dificultades para el acceso al mercado de trabajo y la obtención de una remuner-
ación justa con los beneficios y derechos de ley. (p. 7)
Actualmente, se han superado la mayoría de los obstáculos que históricamente
enfrentaban las mujeres. Sin embargo, aún persiste la problemática de la margi-
nación salarial en el ámbito laboral femenino. En este contexto, se examinaron
las percepciones de los estudiantes de Trabajo Social, ya que esta profesión está
directa o indirectamente relacionada con la intervención en casos de violencia
intrafamiliar. La violencia se define como cualquier acción que conlleva agresión
hacia otros individuos.
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Guillermo Obando Reyes, Benito Guamán Guamán, Marjorie Gómez Zambrano, Asunción Barreto Pico, Alexandra Benítez Chávez
Para la Organización Panamericana de la Salud (2020) la violencia es el empleo
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea de manera efectiva o como una
amenaza, dirigido hacia uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, con
consecuencias que pueden incluir lesiones, afectaciones psicológicas, la pérdida
de la vida, privaciones o un desarrollo inadecuado. (párr.1) Por lo que la violencia
tiene consecuencias en el aspecto social y en la salud, dado que en algunos ca-
sos trasciende a problemas de mayor índole que puede ocasionar la muerte de la
víctima.
El impacto de la violencia contra las mujeres ha sufrido un auge durante los úl-
timos años, donde los indicadores más altos corresponden a la violencia de pa-
reja, sexual, mientras que las edades de las mujeres oscilan en los 15 y 49 años,
quienes han sido víctimas por lo menos una vez en su vida. Entre las principales
consecuencias está la salud física, sexual, psicológica y reproductiva, debido al al-
cance de las agresiones sufridas a causa del agresor que incluso puede ocasionar
el femicidio, sin embargo, repercute también en la salud y el bienestar de los hijos.
Por lo tanto, esta problemática genera grandes repercusiones y un elevado costo
social y económico para la mujer, la familia y la sociedad. (OMS, 2021, párr. 4-7)
La violencia o maltrato en el hogar es cualquier tipo de patrón que se utilice para
ejercer fuerza o dominio sobre la pareja íntima. Por lo cual para la ONU (2022)
existen cinco tipos de violencia que son; Violencia Económica: Busca generar
dependencia económica controlando los recursos y obstaculizando el acceso al
dinero, empleo o educación. Violencia Psicológica: Provoca miedo mediante ame-
nazas a la pareja, hijos, bienes o mascotas, causando traumas y aislamiento social.
Violencia Emocional: Minimiza la autoestima con críticas, insultos y agresiones
verbales, afectando relaciones familiares. Violencia Física: Provoca daños cor-
porales evidentes, como golpes o moretones, visibles para los demás. Violencia
Sexual: Actos sexuales sin consentimiento, a menudo con coerción física, gene-
rando traumas graves. Violencia de Género: Busca dañar a individuos basado en
su género, mayormente perpetrada por hombres, afectando a personas de diver-
sas identidades de género y orientaciones sexuales. (pp. 5 – 9)
De igual forma, la violencia de género puede ser sexual, física, económica y psi-
cológica que pueden darse en escenarios públicos como privados. No obstante,
es imprescindible mencionar que este tipo de violencia constituye la violación de
los derechos humanos que pone en riesgo la vida de la víctima. (ACNUR, 2020,
párr. 2)
Mientras que la familia a inicios de los años era considerada como grupo de indi-
viduos, el cual comparten similitudes entre cada integrante de la que está confor-
mada, que de acuerdo con Pérez y Elena (2017) la familia “es una institución que
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La violencia intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo profesional de la mujer
se encuentra en todas las sociedades humanas y es reconocida entre los aspectos
más valorados en la vida de los individuos” (p. 67). Por tanto, también constituye
un componente natural y trascendental de la sociedad y posee derecho al amparo
de la sociedad y del Estado. Finalmente, la terminología o conceptualización de la
familia tiene diferentes perspectivas dependiendo del pensamiento filosófico que
tiene cada individuo sobre ella.
Se lo denomina violencia intrafamiliar aquella discusión que se genera dentro del
seno familiar, llevando así una discusión con cada uno de los integrantes que con-
forman la misma. Floril (2019) indica que “la violencia y el maltrato dentro del ám-
bito familiar no son de reciente aparición. Fundamentaciones históricas muestran
que ha sido unas de las características de la vida familiar aceptada desde tiempos
pasados”. (p. 194)
Las causas que generan la violencia intrafamiliar para Saldaña y Gorjón (2020)
Existen dos causas principales que desencadenan la violencia intrafamiliar. La
primera se relaciona con las dificultades de las parejas o miembros familiares para
resolver conflictos, especialmente en situaciones estresantes. Esto se agrava por
la falta de comunicación y habilidades para gestionar emociones, en particular
la ira, que suele desencadenar actos violentos. La segunda causa está vincula-
da a factores socioculturales, “que favorecen la desigualdad entre ciertos grupos
sociales como los hombres y las mujeres, los adultos y los menores, y en la vida
cotidiana la tolerancia a la violencia como forma de relacionarse.” (p. 199)
La consecuencia de la violencia intrafamiliar trae como consecuencia que el nú-
cleo familiar sienta inseguridad, miedo y sufra de agresiones físicas y psicológicas
que repercute entre cada uno de los miembros y puede dar paso a que se genere
un ciclo de agresión, dado que los hijos pueden recrear y poner en práctica lo que
logro aprender dentro de su hogar.
Cifuentes (2020) afirma que:
Las consecuencias que pueden derivarse de la violencia intrafamiliar dependen
de cómo te relacionas tú con el maltrato, ¿esto qué quiere decir? Que el impacto
de esta situación de conflicto no es asumido de la misma forma por todos los
seres humanos, pues esta varía de acuerdo con determinadas habilidades socia-
les y culturales. (párr. 19)
Las secuelas de la violencia intrafamiliar generan grandes repercusiones tanto
en la víctima como en el núcleo familiar, para ello Mayor y Salazar (2019) expo-
nen que “las principales secuelas a nivel físico encontramos: cefaleas, dolores de
espalda, trastornos gastrointestinales, disfunciones respiratorias, palpitaciones,
hiperventilación y lesiones de todo tipo” (p. 101), mientras que a nivel psicológico
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son a corto o a largo y son; la negación, la ira, el miedo, aturdimiento, soledad,
depresión, vulnerabilidad, euforia, impotencia y sentimiento de culpa.
La violencia de género en la educación superior es considerada como un proble-
ma de carácter social que afecta a comunidad universitaria, siendo las mujeres las
más propensas de ser víctimas lo que ocasiona que tiendan a desarrollar traumas
psicológicos que inciden de manera directa en su desenvolvimiento académico.
Mientras que para Manera (2019) el desarrollo profesional de las mujeres “han
experimentado un gran progreso, pero aún hay un largo camino por recorrer y es
evidente la necesidad de aumentar su participación en los cargos directivos” (p.
1). La inserción laboral de las mujeres sigue siendo un desafío, ya que enfrentan
obstáculos al buscar empleo y, en muchos casos, reciben salarios inferiores a los
hombres, lo que dificulta su participación equitativa en el ámbito laboral.
Las mujeres dentro de los roles académicos cumplen un papel fundamental en la
sociedad, debido a que aportan con sus conocimientos e incentivas para inspirar
a más mujeres a que se desarrollen de manera profesional, para adherir destrezas
que les permitan desenvolverse dentro del contexto laboral o académico.
Según una investigación realizada por Casas (2022) en:
América Latina, 26% de las niñas de 12 a 17 años no completó la Primaria y casi un
43% de las jóvenes de 18 a 23 años no culminó la Secundaria; así mismo, de cada
10 trabajadores de entre 25 y 54 años, solo 4 son mujeres. (párr. 5)
Por cuanto, aún existen las desigualdades en el ámbito académico entre hombres
y mujeres. No obstante, esto genera brechas en la igualdad de oportunidades,
dado que son las mujeres las más propensas de esta problemática a nivel mundial.
La violencia intrafamiliar es un problema arraigado en la sociedad a lo largo de la
historia, afectando principalmente a cónyuges, niños y adolescentes. Estos patro-
nes pueden perpetuarse en la vida adulta, convirtiéndose en un problema tras-
cendental que impacta directamente a los más jóvenes, quienes podrían percibir
estos comportamientos como algo natural. (Cano et al., 2021, p. 331)
No obstante, para Pineda (2022) las víctimas de la violencia intrafamiliar son prin-
cipalmente las parejas sentimentales del agresor y también sus hijos o cualquier
miembro de la familia. Por cuanto, es considerado como un problema de salud por
las consecuencias que se pueden desarrollar a causa de la violencia; en el cual
pueden ser de manera directa e indirecta y trasciende al ámbito público o privado.
(p. 35) por tanto, las repercusiones impactan de forma física y psicológicas.
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La violencia intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo profesional de la mujer
Sin embargo, es sustancial exponer el abordaje del trabajador social quien es un
profesional multicompetente que se desenvuelve en cualquier área profesional, el
cual se encarga del análisis e intervención de los casos brindando orientación y
solución a las diversas problemáticas existentes, sin embargo, el profesional tra-
baja siempre con un equipo multidisciplinario e interdisciplinario con el cual se in-
volucra con otros profesionales de distintas disciplinas al momento de intervenir.
Por ende, el trabajador social “afronta algunos desafíos específicos de la objetivi-
dad y la toma de distancia de la experiencia vivida para el estudio de la sociedad;
interviene y secciona cada una de sus partes, indaga lo que le produce satisfac-
ción o bienestar” (Córdova et al., 2021, p. 101). Por lo tanto, uno de los principales
profesionales que encabeza la intervención de violencia intrafamiliar o cualquier
otra índole que se asemeje a la temática es el profesional del Trabajo Social.
Por lo que en la Constitución de la Constitución de la República del Ecuador (2008)
en el Art. 66, reconoce y garantiza el derecho de todas las personas a la integri-
dad personal, abarcando la protección física, psíquica, moral y sexual, así como el
derecho a una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado. El Estado
asumirá la responsabilidad de prevenir, erradicar y sancionar cualquier forma de
violencia, especialmente aquella dirigida contra mujeres, niñas, niños, adolescen-
tes, personas mayores, personas con discapacidad y quienes se encuentren en
situación de vulnerabilidad o desventaja. Asimismo, adoptará medidas para com-
batir la violencia, la esclavitud y la explotación sexual en todas sus formas.
En concordancia el Código Orgánico Integral Penal (2022) establece en el Art.
155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.–Se considera vio-
lencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado
por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo
familiar.
Por lo cual, este estudio se desarrolló con el objetivo principal de identificar cómo
la violencia intrafamiliar afecta el desarrollo profesional de la mujer desde la pers-
pectiva de los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Uleam en el año
2021, además se trazaron tres objetivos específicos que buscaron identificar los
factores causales de la violencia intrafamiliar según la visión de los estudiantes de
esta carrera, determinar el impacto que esta violencia tiene en el desarrollo pro-
fesional de las mujeres según la percepción de los estudiantes, y comprender las
características de las mujeres que han experimentado violencia intrafamiliar en el
entorno laboral desde la experiencia de los estudiantes de Trabajo Social, ya que
fue pertinente realizar está investigación que aporta de manera significativa al
campo académico y profesional, dado que los resultados contribuyen de manera
directa al entendimiento del fenómeno de estudio y al desarrollo de estrategias de
prevención e intervención desde el área social.
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Por lo tanto, estos planteamientos generan interrogantes significativas: ¿La vio-
lencia intrafamiliar limita el desarrollo profesional de las mujeres? ¿Cuáles son las
repercusiones principales de esta violencia en la víctima? Finalmente, se propone
la hipótesis de que las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar probable-
mente presenten un déficit tanto en su rendimiento profesional como en su vida
cotidiana.
Metodología
La investigación se basa en un enfoque cuantitativo, el cual se centra en la reco-
lección y análisis de datos numéricos y estadísticos. Este método busca compren-
der fenómenos, patrones o comportamientos dentro de una población específica.
(Flores y Anselmo, 2019, p. 104) Por lo tanto, la selección de este enfoque es por-
que faculta entender la problemática que se investiga mediante la búsqueda de
información verídica y cuantificable del fenómeno de estudio.
Para la complementación de la investigación, se optó por el método deductivo,
el cual se centra en descomponer una problemática desde lo general hasta lo
particular. Este enfoque nos ayuda a estructurar la información proveniente de
diversas fuentes, facilitando su análisis. A través de este método, se pudo razonar
lógicamente y obtener diversas conclusiones de la investigación. Por otro lado, se
utilizó este enfoque con el método inductivo, el cual parte de observaciones es-
pecíficas para llegar a generalizaciones pertinentes al artículo. (Prieto, 2018, p. 9)
Del mismo modo, se aplicó el diseño descriptivo, dado que se centra en la recolec-
ción de datos para describir y presentar de manera objetiva las características o
comportamientos de un fenómeno o grupo, proporcionando una visión detallada
y completa sin interpretar causas o relaciones entre variables.
La población corresponde a 609 estudiantes de la Carrera de Trabajo Social, mis-
ma que se encuentra conformada de 95 hombres y 514 mujeres. La muestra se-
leccionada fue 178 estudiantes de Trabajo Social, es decir un 30%, de la población
total.
La investigación fue desarrolla después de haber superado dos etapas de cons-
trucción; por un lado, el aspecto teórico que conlleva la búsqueda de información
bibliográfica a través de fuentes primarias y secundarias que tuvo una duración
de 3 meses, mientras que la aplicación de la técnica fue de 5 meses de trabajo de
campo, para la recolección de información se utilizó la encuesta, la cual fue ela-
borada con nueve preguntas cerradas a 178 estudiantes de la Carrera de Trabajo
Social.
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La violencia intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo profesional de la mujer
Resultados
Tabla 1.
Factores que influyen en la violencia.
N°. Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje
1 Falta de comunicación 57 32%
2 Consumo de Alcohol y Drogas 42 24%
3 Patriarcado 55 31%
4 Ira o Enojo 22 12%
5 Otros 2 1%
Total 178 100%
Nota. Esta tabla muestra los factores que inciden en la violencia desde la perspectiva de los estu-
diantes de la carrera de Trabajo Social de la Uleam.
En relación con los factores que influyen en la violencia intrafamiliar, el 32% de
los encuestados identifica la falta de comunicación como la principal causa en los
hogares. Por su parte, el 31% señala al patriarcado como un factor determinante,
mientras que un 13% menciona el enojo o la ira y solo un 1% considera otras cau-
sas como responsables de la violencia intrafamiliar. Estos resultados reflejan la
presencia de múltiples factores que inciden en la dinámica de violencia dentro del
entorno familiar, destacando especialmente aspectos estructurales y emocionales.
Los resultados de la investigación tiene cierta similitud con lo expuesto por Fabían
et al. (2020) señalan que los factores que inciden en la generación de violencia
intrafamiliar, en la mayoría de los casos, están asociados al consumo de sustan-
cias psicoactivas, así como a condiciones sociales, culturales, educativas, econó-
micas, ideológicas y psicológicas. Estos elementos interactúan entre sí y pueden
crear un entorno propenso a la violencia dentro del núcleo familia, en contraste,
cuando se trata de la violencia conyugal específicamente, se identifican factores
particulares como los bajos niveles educativos, una marcada diferencia de edad
entre los miembros de la pareja, la falta de ingresos económicos estables, el con-
sumo problemático de alcohol por parte de uno de los cónyuges, y antecedentes
de haber vivido situaciones de violencia durante la infancia, por lo que estos fac-
tores contribuyen a relaciones de pareja desiguales y conflictivas, aumentando
significativamente el riesgo de ejercer o sufrir violencia en el contexto conyugal.
(p. 252)
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Tabla 2.
Tipos de violencia que incide en la mujer profesional.
Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje
1 Violencia Física. 27 15%
2 Violencia Psicológica. 58 33%
3 Violencia verbal. 27 15%
4 Violencia Sexual. 18 10%
5 Violencia de Género 46 26%
6 Otros 2 1%
Total 178 100%
Nota. Esta tabla muestra el tipo de violencia que más impacta en la mujer profesional.
El 33% de los encuestados identifica la violencia psicológica como una de las
principales formas de violencia, debido a su impacto directo en la salud mental y
emocional de las mujeres. Este tipo de violencia genera un deterioro significativo
que puede afectar negativamente su bienestar general y su desempeño en el ám-
bito profesional. Le sigue la violencia de género, mencionada por el 26%, mien-
tras que la violencia física y la violencia verbal representan un 15% cada una. La
violencia sexual fue señalada por el 10% de los participantes, y solo un 1% aludió
a otras posibles manifestaciones de violencia. Estos datos reflejan la prevalencia
de diversas formas de violencia que afectan de manera diferenciada la vida de las
mujeres.
Lo cual se relaciona con los resultados expuesto por el Mayor y Salazar (2019) que
exponen que el porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que han sido víctimas
de violencia física o sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida varía entre
el 15 % y el 71 %. La agresión por parte de la pareja es la forma más frecuente de
violencia que enfrentan las mujeres, ya que en América Latina y el Caribe, el 30 %
ha sufrido violencia física o sexual dentro de una relación, mientras que un 11 % ha
sido víctima de violencia sexual por parte de otra persona. (p. 97)
Tabla 3.
La violencia influye en desarrollo profesional de la mujer
Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje
1 Totalmente 97 54%
2 Poco 49 28%
3 Muy poco 22 12%
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La violencia intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo profesional de la mujer
4 Nada 10 6%
Total 178 100%
Nota. Esta tabla demuestra la incidencia de la violencia en el desarrollo profesional de la
mujer.
El 54% de los encuestados considera que la violencia intrafamiliar ejerce una in-
fluencia total en el desarrollo laboral de una mujer que la experimenta, al limitar
sus oportunidades de crecimiento y desempeño profesional. Por otro lado, el 28%
opina que la influencia es mínima, el 12% la califica como muy baja, y un 6% sos-
tiene que no tiene ningún efecto. Desde la perspectiva de los estudiantes de la
Carrera de Trabajo Social, la violencia es reconocida como un factor de riesgo sig-
nificativo, ya que afecta de manera directa el bienestar emocional, la estabilidad
personal y, en consecuencia, el avance de las mujeres en el ámbito laboral.
Tabla 4.
El impacto de la violencia influye en desarrollo profesional de la mujer
Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje
1 Bajo rendimiento laboral 73 41%
2 Toma de decisiones asertivas 40 22%
3 Incumplimiento de roles laborales 40 22%
4 Malas actitudes con el usuario 19 11%
5 Otros 6 3%
Total 178 100%
Nota. Esta tabla demuestra en que aspectos influye la violencia en el desarrollo profesio-
nal de la mujer.
En cuanto a la repercusión de la violencia en el progreso profesional de la mujer,
el 41% de los encuestados señala el bajo rendimiento laboral como la principal
consecuencia. Le siguen, con un 20% cada uno, la dificultad en la toma de deci-
siones y el incumplimiento de roles laborales. Además, un 11% menciona la mani-
festación de actitudes negativas hacia los usuarios, mientras que un 3% optó por
la categoría “otros”. Estos resultados evidencian que la violencia no solo afecta el
entorno personal de la mujer, sino que también impacta, de forma directa e indi-
recta, su desempeño, estabilidad y crecimiento en el ámbito profesional.
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Tabla 5.
Patrones de violencia intrafamiliar generacional.
Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje
1 Si 111 62%
2 No 67 38%
Total 178 100%
Nota. Esta tabla presenta la trasmisión de la violencia intrafamiliar a nivel generacional.
El 62% de los estudiantes encuestados confirma la repetición de hechos de vio-
lencia contra la mujer en generaciones sucesivas, mientras que el 38% niega esta
afirmación. Esto evidencia la persistencia de la violencia intrafamiliar a lo largo del
tiempo, donde las mujeres siguen siendo las principales víctimas.
La violencia de género en la educación superior es considerada como un proble-
ma de carácter social que afecta a comunidad universitaria, siendo las mujeres las
más propensas de ser víctimas lo que ocasiona que tiendan a desarrollar traumas
psicológicos que inciden de manera directa en su desenvolvimiento académico.
Según los resultados de la investigación de Garcés et al. (2020):
Los lugares de interacción social y vida cotidiana como son los entornos de di-
versión y los espacios laborales se pueden considerar de alto riesgo, ya que 1 de
cada 3 estudiantes declara haber sufrido maltrato en alguno de ellos, situación
que también evidencia mayor gravedad para las mujeres. (p. 67)
Tabla 6.
Afectación de la violencia intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo profesional
de las mujeres.
Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje
1 Muy alta 72 40%
2 Alta 64 36%
3 Media 34 19%
4 Baja 8 4%
Total 178 100%
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La violencia intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo profesional de la mujer
Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje
1 Si 108 61%
2 No 70 39%
Total 178 100%
Nota. Esta tabla demuestra el nivel de afectación de la violencia intrafamiliar y su reper-
cusión en el desarrollo profesional de las mujeres.
La violencia intrafamiliar y de género tiene un impacto significativo en el des-
empeño laboral de las mujeres. Un 61% de los encuestados indica que, aunque
muchas mujeres logran seguir en sus roles profesionales a pesar de las agresio-
nes laborales, tienden a ignorarlas o minimizarlas. Un 40% resalta que las agre-
siones, tanto dentro como fuera del entorno familiar, afectan profundamente su
rendimiento, limitando su capacidad para tomar decisiones y cumplir con sus res-
ponsabilidades laborales. Además, el 39% señala que el condicionamiento social
hacia las mujeres impide que puedan desempeñar sus roles laborales de manera
plena. Sin embargo, un 4% considera que la afectación laboral es mínima, ya que
la violencia se ha normalizado como parte de su cotidianidad. Estos datos eviden-
cian la necesidad urgente de una intervención integral que aborde la violencia
desde su origen, tanto en el entorno familiar como en el profesional.
Por cuanto los resultados de las preguntas siete y ocho se relaciona con lo mani-
festado por los autores Arango et al. (2019) que en su investigación manifiesta que
las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de agresión, dentro de cualquier
forma de violencia, suelen experimentar síntomas emocionales como ansiedad,
miedo, vergüenza e inquietud tras el episodio violento. Además, el regreso a sus
responsabilidades laborales puede actuar como un factor que agrava o desenca-
dena estos síntomas de ansiedad. (p. 282)
Tabla 7.
Características de una mujer que ha sufrido violencia intrafamiliar.
Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje
1 Es tímida o callada 62 35%
2 Se deja manipular con facilidad 50 28%
3 Se asusta fácilmente 35 20%
4 La minimizan en sus labores 25 14%
5 Otro 6 3%
Total 178 100%
Nota. Esta tabla muestra los principales signos que indican que una mujer sufre violencia
intrafamiliar.
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Según los estudiantes de Trabajo Social, una mujer que ha sufrido violencia intra-
familiar suelen ser tímidas o calladas con un 35%, el 28% menciona que tienden
a ser fácilmente manipuladas, mientras que el 20% identifica una disminución
en su rendimiento laboral. Además, un 3% mencionó otros posibles indicadores
para identificar a una mujer que ha sufrido violencia. Según la perspectiva de los
encuestados, estos diferentes indicios pueden revelar o dar indicios sobre la pre-
sencia de actos de violencia intrafamiliar en la víctima.
Lo cual se relaciona con la investigación de Arango et al. (2019) que afirma que
después de la agresión, las mujeres manifestaban síntomas y signos físicos como
llanto, nerviosismo, dificultad para concentrarse y temblores en las manos, acom-
pañados de pensamientos negativos, tales como el temor a ser despedidas, la
preocupación por no cumplir con las metas de producción, el miedo a que su
jefe se enterara de lo sucedido o la incertidumbre sobre la posibilidad de obtener
permiso para presentar una denuncia. Estos síntomas se intensificaban al enfren-
tarse al entorno laboral, especialmente al requerir permisos, buscar apoyo psico-
lógico si la empresa lo ofrecía, gestionar denuncias en caso de decidir hacerlo o
simplemente tratar de conservar su empleo. (p. 282)
Discusión y Recomendaciones
Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran que la violencia
intrafamiliar es una problemática multicausal y compleja, con repercusiones sig-
nificativas en el ámbito profesional de las mujeres. El 32 % de los encuestados
identificó la falta de comunicación como principal detonante de la violencia en
el hogar, seguido del patriarcado con un 31 % y del mal manejo de emociones
como el enojo o la ira con un 13 %. Estos datos reflejan una comprensión básica
de los factores individuales y estructurales que influyen en la violencia doméstica,
por lo que coinciden con los hallazgos de Fabían et al. (2020) que señalan que
las causas de la violencia no deben abordarse de manera aislada, pues obede-
cen a una combinación de factores sociales, culturales, educativos, económicos e
ideológicos. También indican que la violencia en relaciones de pareja suele estar
mediada por desigualdades de poder, bajo nivel educativo, diferencias de edad
significativas, falta de ingresos estables y antecedentes de violencia durante la
infancia y esto refuerza la importancia de entender la violencia intrafamiliar como
un fenómeno estructural más que individual (p. 252)
La violencia intrafamiliar no debe entenderse exclusivamente como un problema
individual o de relaciones interpersonales, sino como un fenómeno estructural
que se reproduce dentro de un contexto social y cultural que perpetúa la desigual-
dad de género. Según Villalba (2021) las estructuras laborales no son neutrales,
sino que están impregnadas de jerarquías de poder que favorecen la dominación
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La violencia intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo profesional de la mujer
masculina y la opresión de las mujeres, así mismo las estructuras reflejan y refuer-
zan las dinámicas de poder que existen en los hogares, donde la violencia es una
manifestación extrema de las desigualdades de género. (p. 14)
Respecto a las manifestaciones de la violencia, los estudiantes de Trabajo Social
identificaron en un 33 % la violencia psicológica como la forma más frecuente,
seguida por la violencia de género 26 %, física y verbal 15 % cada una, y la vio-
lencia sexual 10%. Esta priorización pone en evidencia una sensibilidad crecien-
te hacia las formas de violencia que no dejan marcas visibles, pero que afectan
profundamente la salud emocional y mental de las mujeres, interfiriendo con su
desempeño y bienestar profesional. Estos datos guardan relación con los hallaz-
gos de la OMS, que sostiene el porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que
han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja a lo largo de su
vida oscila entre el 15 % y el 71 %. La agresión dentro de la relación de pareja es la
manifestación más frecuente de violencia contra las mujeres, ya que en América
Latina y el Caribe, el 30 % ha sido víctima de violencia física o sexual en este con-
texto, mientras que un 11 % ha sufrido violencia sexual por parte de otra persona.
(Organización Mundial de la Salud, 2024)
En este sentido, las mujeres que enfrentan violencia intrafamiliar no solo sufren un
daño emocional y físico directo, sino que se ven atrapadas en un sistema que las
coloca en una posición de vulnerabilidad constante. Esto se refleja en la incapaci-
dad para acceder a recursos adecuados para su protección y en la presión social
y económica que las mantiene en ciclos de violencia, como lo indica Tiravanti et
al. (2021), quien argumenta que las mujeres en situaciones de violencia doméstica
a menudo carecen de los recursos necesarios para salir de esas circunstancias
debido a las barreras estructurales que perpetúan su dependencia económica y
emocional. (p. 6)
Respecto al impacto en el desarrollo profesional, un 54 % de los encuestados
afirma que la violencia tiene una influencia total, mientras que el 28 % considera
que su impacto es mínimo, el 12 % lo percibe como muy bajo y el 6 % no identifica
efectos. El bajo rendimiento laboral es señalado como la principal consecuencia
41 %, seguido por dificultades en la toma de decisiones 20 %, incumplimiento de
roles laborales 20 % y actitudes negativas hacia los usuarios 11 %. Solo un 3 %
señala otras consecuencias y estos efectos reflejan un deterioro en la estabilidad
profesional de las mujeres víctimas de violencia.
Garcés Estrada et al. (2020) complementan esta visión al advertir que los espa-
cios sociales cotidianos, como el entorno laboral y los espacios de recreación,
también representan riesgos significativos para las mujeres y que uno de cada
tres estudiantes reporta haber sufrido algún tipo de maltrato en estos entornos,
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Guillermo Obando Reyes, Benito Guamán Guamán, Marjorie Gómez Zambrano, Asunción Barreto Pico, Alexandra Benítez Chávez
lo que refuerza la necesidad de transformar no solo las relaciones familiares, sino
también las dinámicas institucionales que perpetúan el ciclo de la violencia. (p. 67)
El impacto de la violencia intrafamiliar en el ámbito profesional de las mujeres no
se limita a los efectos inmediatos sobre el rendimiento laboral, sino que tiene re-
percusiones más profundas en su bienestar psicológico, sus decisiones profesio-
nales y su integración en el mundo laboral. La violencia de género, según Vernaza
et al. (2023)actúa como una barrera estructural que impide a las mujeres avanzar
en sus carreras, no solo porque la violencia afecta su autoestima y confianza, sino
también porque las condiciones laborales y sociales existentes no ofrecen un sis-
tema de apoyo efectivo para ayudar a las mujeres a superar esta adversidad.
Respecto a si las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar desempeñan bien
sus labores, el 61% respondió afirmativamente, mientras que el 39% indicó lo con-
trario. Desde la perspectiva de los encuestados, la violencia intrafamiliar se perci-
be como uno de los principales obstáculos que limitan el desempeño laboral de
las mujeres, debido a las consecuencias significativas, tanto psicológicas como
físicas, derivadas de esta problemática social. Esta percepción coincide con los
hallazgos de investigaciones previas, como la de Arango et al. (2019) que en su
investigación manifiesta que las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de
agresión, dentro de cualquier forma de violencia, suelen experimentar síntomas
emocionales como ansiedad, miedo, vergüenza e inquietud tras el episodio vio-
lento. Además, el regreso a sus responsabilidades laborales puede actuar como
un factor que agrava o desencadena estos síntomas de ansiedad. (p. 282)
Por último, la percepción de los estudiantes de Trabajo Social sobre una mujer
que ha sufrido violencia intrafamiliar en el entorno laboral, la mayoría, represen-
tando un 35%, afirma que las mujeres víctimas suelen ser tímidas o calladas. El
28% menciona que tienden a ser fácilmente manipuladas, mientras que el 20%
identifica una disminución en su rendimiento laboral. Además, un 3% mencionó
otros posibles indicadores para identificar a una mujer que ha sufrido violencia.
Según la perspectiva de los encuestados, estos diferentes indicios pueden revelar
o dar indicios sobre la presencia de actos de violencia intrafamiliar en la víctima.
Lo cual se relaciona con la investigación de Arango et al. (2019) que afirma que
después de la agresión, las mujeres manifestaban síntomas y signos físicos como
llanto, nerviosismo, dificultad para concentrarse y temblores en las manos, acom-
pañados de pensamientos negativos, tales como el temor a ser despedidas, la
preocupación por no cumplir con las metas de producción, el miedo a que su jefe
se enterara de lo sucedido o la incertidumbre sobre la posibilidad de obtener per-
miso para presentar una denuncia. Estos síntomas se intensificaban al enfrentarse
al entorno laboral, especialmente al requerir permisos, buscar apoyo psicológico
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La violencia intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo profesional de la mujer
si la empresa lo ofrecía, gestionar denuncias en caso de decidir hacerlo o simple-
mente tratar de conservar su empleo. (p. 282)
El impacto de la violencia intrafamiliar sobre las mujeres se ve exacerbado por
las desigualdades sociales y económicas en las que viven muchas de ellas. La
pobreza y la falta de acceso a recursos económicos son factores clave que impi-
den a las mujeres abandonar situaciones de violencia, como lo señala Rasmane
(2021) quien establece que la violencia de género está estrechamente vinculada
a la exclusión social y económica. Por lo que la dependencia económica de los
agresores refuerza las barreras estructurales que limitan las opciones profesiona-
les de las mujeres, impidiendo su autonomía económica y, por ende, su desarrollo
profesional.
Desde una perspectiva crítica, se debe comprender que las mujeres no solo en-
frentan violencia intrafamiliar, sino que también luchan contra un sistema que las
coloca en una posición de subordinación en varios aspectos de su vida, inclui-
dos los ámbitos laborales y profesionales. A este respecto, Velásquez et al. (2020)
plantea que para abordar la violencia de género de manera efectiva, es necesario
cuestionar las estructuras de poder y la organización de las relaciones laborales y
familiares que mantienen y perpetúan estas desigualdades.
La información obtenida es de mucha relevancia, en base a la violencia intrafami-
liar y sus repercusiones dentro del rol profesional de la mujer, por lo cual se llega
a las siguientes conclusiones:
Desde la perspectiva de los estudiantes de Trabajo Social, la violencia intrafamiliar
tiene un impacto significativo en el desarrollo profesional de las mujeres. Diversos
factores, como las dificultades económicas, la falta de comunicación, el manejo
inadecuado de la ira, la influencia del patriarcado y el consumo de sustancias
psicoactivas, tanto legales como ilegales, contribuyen a la aparición de este tipo
de violencia dentro del hogar, lo que repercute negativamente en el avance profe-
sional de las mujeres.
De acuerdo con la percepción de los estudiantes, el impacto de la violencia in-
trafamiliar en las mujeres profesionales se manifiesta principalmente en un bajo
rendimiento laboral, atribuido a ser víctimas de violencia física y psicológica que
afecta directa e indirectamente su desempeño laboral. Este impacto se extiende
a la toma de decisiones asertivas, la falta de cumplimiento de funciones en la em-
presa y, por último, una actitud negativa en el lugar de trabajo.
Asimismo, según la perspectiva de los encuestados, las características predomi-
nantes de una mujer que sufre violencia intrafamiliar en el ámbito laboral incluyen
timidez, susceptibilidad a la persuasión, miedo o temor, y la posibilidad de ser
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minimizada por sus colegas. Estos indicadores podrían revelar signos de una mu-
jer que está siendo agredida en su hogar.
Es esencial subrayar que la violencia intrafamiliar es una preocupación social vi-
gente, donde las mujeres suelen ser las principales afectadas. Esta investigación,
basada en la percepción de estudiantes de Trabajo Social, expone diversas reper-
cusiones de la violencia en las mujeres, identificando causas y consecuencias que
han impactado en su desarrollo profesional. Es crucial, además, promover más
investigaciones sobre la violencia familiar y su efecto en los miembros de la fami-
lia, para comprender mejor el nivel de violencia de género en la ciudad de Manta.
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Compliance y gestión de riesgos
judiciales en el Ecuador
Compliance and judicial risk management in Ecuador
Fabián Alejandro Romero Jarrín
fabian.romero@ucacue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca. Cuenca-Ecuador
Andres Sebastian Vásquez
sebascv1313@gmail.com
Universidad Católica de Cuenca. Cuenca-Ecuador
DOI: https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v9i2.1610
Resumen
El presente artículo analiza las diversas ventajas de la implementación de las estrate-
gias de compliance en la gestión de riesgos judiciales dentro del entorno empresarial
ecuatoriano, abordando principalmente los retos normativos y culturales que afectan la
efectividad en su aplicación. Con el desarrollo de la normativa local, particularmente la
Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción
(LORCIPMA), Ecuador ha dado pasos significativos para integrar el compliance en su
marco legal, identificándolo inicialmente como un atenuante a la responsabilidad penal
de la persona jurídica, a aquellas empresas que implementen este sistema dentro de sus
operaciones, cumpliendo con los requisitos que la misma ley dispone para una correcta
Artículo original. Revista Killkana Sociales. Vol. 9, No. 2, pp. 87-109, mayo-agosto, 2025.
p-ISSN 2528-8008 / e-ISSN 2588-087X. Universidad Católica de Cuenca
Recepción: 27 de enero de 2025 | Publicación: 30 de mayo de 2025
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aplicación de dicho sistema. Sin embargo, la aplicación de estas estrategias enfrenta
desafíos considerables debido a la limitada familiaridad con el concepto en muchas em-
presas, la escasez de profesionales especializados y una cultura empresarial que aún no
valora plenamente la importancia del cumplimiento normativo.
El estudio presenta un análisis comparativo con otros países de América Latina, reve-
lando que Ecuador está rezagado en la adopción de sistemas de compliance robustos,
lo que subraya la necesidad de fortalecer tanto el marco normativo como la formación
de talento especializado. A través de la revisión de casos y la identificación de mejores
prácticas, se propone que las empresas ecuatorianas adopten un enfoque más proactivo
en la gestión de riesgos, adaptando el compliance a sus necesidades específicas y fo-
mentando una cultura organizacional ética. Este enfoque no solo contribuirá a minimizar
riesgos legales dentro y fuera de la empresa, sino también a mejorar la reputación y la
competitividad en el mercado global.
Palabras clave: Compliance, gestión de riesgos, cultura empresarial, responsabilidad
penal, entorno empresarial.
Abstract:
This article examines the implementation of compliance strategies in the management of
legal risks within the Ecuadorian business environment, addressing the regulatory and
cultural challenges that impact their eectiveness. With the development of local regu-
lations, particularly the 2021 Organic Law Reforming the Comprehensive Organic Penal
Code in Anti-Corruption Matters (LORCIPMA), Ecuador has taken significant steps to
integrate compliance into its legal framework. However, the application of these strate-
gies faces considerable challenges due to the limited familiarity with the concept in many
companies, the scarcity of specialized professionals, and a business culture that does not
yet fully appreciate the importance of regulatory compliance.
The study presents a comparative analysis with other Latin American countries, revea-
ling that Ecuador lags in the adoption of robust compliance systems, highlighting the
need to strengthen both the regulatory framework and the development of specialized
talent. Through case reviews and the identification of best practices, it is proposed that
Ecuadorian companies adopt a more proactive approach to risk management by tailoring
compliance to their specific needs and fostering an ethical organizational culture. This
approach will not only help minimize legal risks but also enhance reputation and compe-
titiveness in the global market.
Keywords: Compliance, risk management, business culture, criminal liability, business
environment.
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Compliance y gestión de riesgos judiciales en el Ecuador
Introducción:
En el entorno empresarial moderno, el compliance ha emergido como una herra-
mienta esencial para garantizar el cumplimiento normativo y la gestión efectiva de
riesgos dentro de las organizaciones. Este concepto, que originalmente se desa-
rrolló en el contexto anglosajón, ha ido ganando relevancia a nivel global debido
a su capacidad para estandarizar procesos y promover una cultura organizacional
basada en la legalidad y la ética. En un mundo donde las empresas enfrentan un
creciente número de regulaciones y expectativas de transparencia, el compliance
se presenta no solo como un mecanismo de prevención de delitos y sanciones,
sino también como una estrategia integral para fortalecer la reputación y la com-
petitividad empresarial.
El contexto ecuatoriano no es la excepción en esta tendencia global. Con el de-
sarrollo de la normativa local, especialmente la promulgación de la Ley Orgánica
Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción (en
adelante LORCIPMA), Ecuador ha comenzado a incorporar formalmente el com-
pliance en su marco legal. Esta ley introduce el compliance como un factor ate-
nuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo un
precedente importante en la forma en que las empresas deben gestionar sus ries-
gos legales. Sin embargo, a pesar de este avance normativo, el país aún enfrenta
desafíos significativos en la implementación efectiva de sistemas de compliance,
tanto a nivel normativo como cultural.
Uno de los principales beneficios del compliance radica en su capacidad para
adaptar y personalizar las estrategias de cumplimiento a las necesidades espe-
cíficas de cada empresa. Esto implica que, aunque existan estándares y mejores
prácticas globales, cada organización debe desarrollar un sistema de compliance
que se ajuste a su contexto operativo, sus riesgos específicos y su cultura orga-
nizacional. En este sentido, el compliance no solo se limita a cumplir con las nor-
mativas vigentes, sino que también busca crear un entorno empresarial donde la
ética y la legalidad sean pilares fundamentales.
El sistema de compliance en Ecuador, aunque incipiente, presenta una gran opor-
tunidad para las empresas que buscan no solo evitar sanciones legales, sino
también mejorar su eficiencia operativa y su posición en el mercado. La correcta
implementación de un sistema de compliance puede resultar en una mayor pro-
ductividad, una mejor gestión de los riesgos y una reputación más sólida, ele-
mentos clave en un entorno empresarial cada vez más competitivo. Sin embargo,
para lograr estos beneficios, es crucial que las empresas ecuatorianas superen los
desafíos normativos y culturales que actualmente limitan la adopción efectiva del
compliance.
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En este contexto, la presente investigación se centra en analizar las estrategias
de compliance más efectivas para la gestión de riesgos judiciales en el entorno
empresarial ecuatoriano. El estudio aborda tanto los aspectos normativos como
culturales del compliance en Ecuador, destacando la importancia de adaptar es-
tas estrategias a las características específicas del mercado local. Además, se
exploran las mejores prácticas internacionales que podrían ser aplicables en el
contexto ecuatoriano, con el objetivo de proponer recomendaciones que ayuden
a las empresas a implementar sistemas de compliance que no solo cumplan con
la normativa vigente, sino que también contribuyan a su sostenibilidad y éxito a
largo plazo.
La investigación también examina cómo el compliance puede integrarse con otras
herramientas y prácticas empresariales, como la gestión de riesgos y la auditoría
interna, para crear un marco más completo y eficaz de cumplimiento normativo.
Este enfoque integral no solo ayudará a las empresas a evitar sanciones legales,
sino que también les permitirá anticipar y mitigar riesgos potenciales antes de
que se conviertan en problemas graves. Con esto, se espera que las empresas
ecuatorianas puedan mejorar su competitividad en el mercado global y estable-
cerse como líderes en buenas prácticas corporativas.
Metodología
La investigación sigue un enfoque cualitativo de diseño no experimental, en el
cual se evita la manipulación de variables y se trabaja bajo condiciones controla-
das para describir y analizar la implementación del compliance en el ámbito em-
presarial ecuatoriano. Al no tratarse de un experimento, no se inducen situaciones
ni se alteran las condiciones investigadas.
El desarrollo del trabajo se organiza en dos etapas principales: una etapa diag-
nóstica-situacional y una etapa propositiva.
En la primera etapa, se implementa el método inductivo, enfocado en la explora-
ción y descripción de elementos doctrinarios, normativos y documentales relacio-
nados con el compliance. Esta fase tiene como objetivo comprender la situación
actual del compliance en Ecuador, revisando la evolución normativa, en particular,
la LORCIPMA de 2021, así como otras normativas relevantes. Se identifican los
factores formales e informales que han influido en la adopción y aplicación del
compliance en el entorno empresarial ecuatoriano.
En la segunda etapa propositiva, se emplea el método analítico para examinar
aspectos clave que determinarían la viabilidad y efectividad del compliance en
Ecuador. Este análisis se sustenta en la comparación internacional, donde se
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Compliance y gestión de riesgos judiciales en el Ecuador
identifican casos de éxito, lecciones aprendidas y mejores prácticas de países que
han implementado sistemas de compliance robustos. Estas experiencias interna-
cionales se contrastan con el contexto ecuatoriano, proponiendo adaptaciones y
recomendaciones prácticas que pueden mejorar la implementación del complian-
ce en el país.
Resultados
El análisis normativo evidenció que la LORCIPMA de 2021 introdujo el compliance
como atenuante en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embar-
go, la regulación presenta limitaciones en su alcance, predominando un enfoque
reactivo más que preventivo, y falencias en su reglamentación, lo que genera am-
bigüedades para su implementación.
Se identificó que la cultura empresarial ecuatoriana tiende a priorizar enfoques
reactivos frente a riesgos legales, lo que refleja una limitada familiaridad con el
compliance como herramienta estratégica. Además, el estudio señala la escasez
de talento humano especializado en este campo, atribuida a la poca oferta de for-
mación académica y profesional en temas relacionados con el compliance.
El análisis comparativo con países como Chile, Argentina y México mostró que es-
tos han avanzado significativamente en la adopción de sistemas de compliance,
gracias a marcos normativos más claros y una mayor conciencia empresarial. En
comparación, Ecuador se encuentra rezagado en este aspecto.
Se observó, a partir de la revisión documental y de casos relevantes, que la imple-
mentación de sistemas de compliance efectivos en otros contextos ha resultado
en beneficios tangibles como la mejora de la productividad, la estandarización de
procesos y el fortalecimiento de la reputación empresarial.
Contexto y relevancia del compliance
Es indudable que el concepto de compliance se ha establecido como un tema de
estudio y aplicación de gran relevancia, principalmente en el ámbito del derecho
empresarial. Esto se debe, en gran medida, a la globalización, que ha obligado al
sector empresarial a mantenerse competitivo dentro de la sociedad y el mercado
productivo en constante evolución, haciendo esencial el uso de herramientas que
faciliten la interacción de la empresa con estos avances. Aunque el concepto de
compliance, o “cumplimiento” en español, se originó hace casi cincuenta años,
en la década de los 70, cuando el famoso caso Watergate reveló prácticas de
encubrimiento, espionaje y corrupción en multinacionales estadounidenses, en
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nuestro país y en América Latina en general, sigue siendo un concepto relativa-
mente nuevo.
Para contextualizar el tema, es importante responder primero: ¿Qué es el com-
pliance? El término compliance, que proviene del derecho anglosajón, se refiere
al sistema integrado de cumplimiento normativo dentro de una empresa, adop-
tado por el sector empresarial con el objetivo de garantizar el cumplimiento de
las normas legales inherentes a cada compañía, según la actividad que esta de-
sarrolle, estableciendo procedimientos adecuados para la prevención, control y
reacción ante posibles irregularidades de cumplimiento normativo. Sin embargo,
en la actualidad, el compliance va más allá del simple cumplimiento normativo;
también abarca el cumplimiento de políticas internas y de buenas prácticas los
ámbitos ambiental, tributario, laboral, entre otros, enfocándose en alcanzar un
camino de autorregulación que permita prever inconvenientes de manera interna
(Bacigalupo, 2021).
Según el Art. 14 del Código de Comercio, la empresa se define como “la unidad
económica a través de la cual se organizan elementos personales, materiales e
inmateriales para desarrollar una actividad mercantil determinada” (Ecuador, co-
municación personal, 29 de mayo de 2019). Por tanto, es válido afirmar que una
empresa es un ente que desarrolla sus actividades ordenadas y organizadas, en-
focando sus esfuerzos y recursos para desarrollar una actividad económica, ya
sea para un beneficio público o privado. Este orden está estrechamente ligado al
cumplimiento de la ley, y es aquí donde el compliance juega un papel fundamental
como facilitador de dicho cumplimiento (Koontz et al., 2012).
Actualmente, el ámbito empresarial ecuatoriano ha experimentado un desarrollo
significativo a nivel mundial, con un creciente número de empresas ecuatorianas
que han ganado reconocimiento internacional. Esto se debe, en gran medida, a
la capacidad de adaptabilidad de las empresas nacionales ante el avance y desa-
rrollo del mercado internacional. Por lo tanto, resulta imposible que el compliance
quede ajeno a las actuales exigencias del entorno empresarial, ya que es funda-
mental mantener y gestionar adecuadamente los riesgos judiciales que se puedan
presentar en una organización. Desde un punto de vista jurídico, el compliance es
el sistema de cumplimiento de los elementos y requisitos emanados de la norma,
con la única finalidad de evitar los riesgos judiciales y acciones ilegitimas en las
que la empresa puede recaer (Leo Catela, 2021). Actualmente, el cumplimiento
regulatorio es una de las principales preocupaciones de los gerentes y represen-
tantes de las organizaciones empresariales, pues fallar en el cumplimiento de al-
guna norma conlleva un impacto económico y genera un impacto reputacional
respecto a la marca.
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Compliance y gestión de riesgos judiciales en el Ecuador
En la actualidad, el compliance cumple un papel importante en el escenario em-
presarial, ya que no solo se enfoca únicamente en el cumplimiento de obligacio-
nes y en la protección de los intereses y la ética de la empresa, sino que también
desempeña funciones importantes como la integridad corporativa, la protección
de datos, la seguridad de la información, el debido seguimiento a trámites de pro-
veedores y consumidores, la conducta competitiva y de mercado, así como su
conexión directa con la gestión de riesgos (Olivera, 2023).
Según Casanovas (Casanovas, 2016), el compliance se centra en un enfoque pre-
ventivo que involucra a todos los trabajadores y operadores de la empresa. Este
enfoque busca que los empleados estén familiarizados y capacitados para detec-
tar y mitigar delitos en los que la empresa podría incurrir. Entre los delitos más
comunes que pueden afectar a una empresa se incluyen el cohecho, fraude, colu-
sión, malversación de fondos, lavado de capitales o activos, y evasión de impues-
tos, así como el mal uso de datos personales y las afectaciones al medio ambiente
que puedan ser causadas por la organización o sus colaboradores.
La importancia de esta herramienta radica en que transforma el modelo tradicio-
nal de ejercicio de la abogacía. Actualmente, los profesionales del derecho ope-
ramos bajo un modelo reactivo, en el que actuamos únicamente cuando nuestro
cliente ya está enfrentando un problema o ha cometido un ilícito. En este contexto,
nos vemos obligados a patrocinar el caso judicial cuando este ya ha surgido, con
el único objetivo de contenerlo o absolver de responsabilidad a nuestro cliente,
sin realizar un exhaustivo análisis del origen del problema. Sin embargo, el modelo
de compliance propone la implementación de una estructura sólida de gestión de
riesgos, que, aplicada internamente en la empresa, prevé y anticipa la aparición de
conflictos judiciales que puedan poner en riesgo el patrimonio o la reputación de
la empresa. En otras palabras, se trata de actuar antes de que surja el problema.
La Gestión de Riesgos
Cuando hablamos de gestión de riesgos, nos referimos a todas las acciones y
procesos diseñados para identificar y mitigar cualquier tipo de riesgo que pueda
afectar la productividad de una empresa. Esta gestión se enfoca en anticipar esos
riesgos mediante un proceso sistemático de identificación, evaluación y revisión
de posibles contratiempos. Al anticipar estos riesgos, la empresa puede ajustar
sus procesos y estrategias, protegiendo tanto sus activos como sus ganancias
frente a posibles impactos negativos.
El objetivo de la gestión de riesgos se enfoca en reducir pérdidas mediante el
aprovechamiento de las oportunidades y capacidades de la organización, valién-
dose de la integración de procesos y recursos para identificar y manejar ries-
gos potenciales, tanto internos como externos de la organización. Estos riesgos
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pueden influir en la productividad, independientemente de que la organización
sea de carácter comercial, industrial o de prestación pública.
Las formas tradicionales de ejecutar la gestión de riesgos incluyen, por un lado,
la creación de un área específica dentro del organigrama de la empresa, es decir,
un departamento interno dedicado exclusivamente a la gestión de riesgos; y por
otro lado, la contratación de terceros que ofrezcan servicios de consultoría para
identificar y evaluar los riesgos que pueden afectar a la empresa (Tamayo Saborit
et al., 2020).
El compliance es sin duda una herramienta que puede potenciar significativamen-
te la gestión de riesgos, además de mejorar la eficiencia operativa de las empre-
sas. La adopción de sistemas de compliance permite establecer procesos claros
y definidos que faciliten el seguimiento de normativas, regulaciones y la realiza-
ción de auditorías internas. Estos sistemas definen los puntos críticos donde la
empresa es susceptible de cometer errores, minimizando de manera importante
el riesgo de errores humanos y asegurando el cumplimiento de reglamentos y
normativas.
La gestión de riesgos es esencial para las organizaciones, al enfocarse en identifi-
car, evaluar y gestionar riesgos a nivel empresarial mediante un enfoque sistemá-
tico. Este enfoque puede facilitarse con un sistema de compliance bien aplicado
a las acciones de la empresa, ya que una ventaja del compliance es que también
facilita la recolección y gestión de datos, permitiendo a las empresas identificar
actividades y patrones organizacionales que podrían generar riesgos potenciales
y posibles incumplimientos. Es fundamental que, además de implementar herra-
mientas de compliance, la empresa promueva la capacitación continua de sus
empleados, a través de sesiones periódicas que aseguren que todos estén actua-
lizados respecto a las políticas y normativas vigentes (Anton & Nucu, 2020).
Es importante aclarar que la implementación de un programa de compliance no
elimina completamente el riesgo de delito. Por la naturaleza del sistema, su fun-
ción principal es la de ofrecer reconocimiento temprano y prevención, pero no
incluye objetivos específicos como sancionar el incumplimiento o determinar res-
ponsabilidades dentro de la organización; en otras palabras, identificar a los cola-
boradores que infringieron la norma y luego sancionarlos es una tarea que queda
en manos de la administración de justicia y de quien desempeñe ese rol dentro de
la empresa. Sin embargo, el compliance puede facilitar este proceso al establecer
una trazabilidad de procesos bien regulada, lo que justifica que sea visto como un
eximente o atenuante de sanciones o penas (Artaza Varela, 2013).
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Compliance y gestión de riesgos judiciales en el Ecuador
Desafíos normativos
El Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) regula la responsabilidad penal
de las personas jurídicas en su artículo 49, señalando que estas pueden ser res-
ponsables por delitos cometidos en su beneficio o en el de sus asociados. Esta
responsabilidad recae sobre actos u omisiones de quienes ejercen control, admi-
nistración, dirección o representación dentro de la organización, incluidos man-
datarios, agentes u otros actores que actúen bajo sus órdenes. Además, se aclara
que esta responsabilidad es independiente de la de las personas naturales invo-
lucradas y persiste incluso si estas no son identificadas, salvo cuando el delito
beneficie a un tercero ajeno a la persona jurídica.
El artículo 50 del COIP establece que la responsabilidad penal de las personas
jurídicas no desaparece si se presentan situaciones como la concurrencia de res-
ponsabilidades con personas naturales, el fallecimiento de estas, su elusión de
la justicia o la extinción de su propia responsabilidad. También se especifica que
esta responsabilidad se mantiene aun en casos de fusión, transformación, esci-
sión o disolución de la persona jurídica.
Por otro lado, la LORCIPMA introdujo el numeral 7 y sus literales al artículo 45 del
COIP como circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas. En particular, el literal d dispone que será considerada atenuante la
implementación, antes de la comisión del delito, de sistemas de integridad, nor-
mas, programas y/o políticas de cumplimiento, prevención, dirección y supervi-
sión. Estos sistemas deben estar a cargo de un departamento u órgano autónomo
en el caso de personas jurídicas de mayor dimensión, o de una persona respon-
sable en pequeñas y medianas empresas, integrando su funcionamiento en todos
los niveles directivos, gerenciales, asesores, administrativos, representativos y
operativos de la organización (COIP, art. 45.7.d, reformado por LORCIPMA, 2021).
Asimismo, el artículo 49 del COIP, reformado por la LORCIPMA (Art. 3), introduce
once requisitos mínimos para que las empresas puedan implementar sistemas
de cumplimiento que sean reconocidos como atenuantes de la responsabilidad
penal. Entre estos requisitos se incluyen medidas como la gestión de riesgos, la
supervisión continua, la capacitación del personal, la existencia de códigos de
ética y el establecimiento de mecanismos de denuncia.
Por otra parte, la “Ley Orgánica de prevención, detección y combate del delito de
lavado de activos y de la financiación de otros delitos” (LOPDCDLA, 2024) define,
en su artículo 1, como objetivo principal la prevención, detección y combate del
lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de
destrucción masiva. Esta norma resulta particularmente relevante en el contexto
ecuatoriano, donde las actividades relacionadas con el lavado de activos tienen
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un impacto significativo en el sector empresarial, lo que obliga a adoptar medidas
para recuperar bienes ilícitos tanto en el país como en el exterior.
En este marco, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) actúa como
organismo encargado de recibir y analizar los reportes de operaciones finan-
cieras inusuales o sospechosas, a través del Sistema de Antilavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT). Este sistema permite a las institucio-
nes obligadas —financieras y no financieras— registrar y reportar sus operacio-
nes. Además, la UAFE tiene la facultad de incorporar nuevos sujetos obligados,
solicitar información adicional y, en caso de incumplimiento, aplicar sanciones
administrativas.
Hasta aquí, se ha mencionado la normativa vigente en cuanto al derecho positivo
que puede influir en la aplicación de un sistema de compliance. Sin embargo, al
realizar una búsqueda en otros cuerpos normativos que traten o regulen el entor-
no empresarial, no se ha encontrado normativa que se enfoque específicamente
en términos de compliance.
TABLA 1
Leyes que atienden actuaciones de empresas, y lo que manifiestan respecto al
compliance
Fuente: (Núñez et al., 2023)
Como se ha evidenciado en lo expuesto anteriormente, más allá de las buenas
prácticas de manejo organizacional que las empresas pueden implementar de
manera voluntaria, en Ecuador no existe una regulación específica sobre buenas
prácticas en los ámbitos social, empresarial y ambiental, menos aún se dispo-
ne de una regulación explícita que aborde temas de compliance, excepto por la
LORCIPMA. Aunque esta ley menciona los sistemas de compliance únicamente
significativo en el sector empresarial, lo que obliga a adoptar medidas para recuperar bienes ilícitos tanto
en el país como en el exterior.
En este marco, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) actúa como organismo
encargado de recibir y analizar los reportes de operaciones financieras inusuales o sospechosas, a través
del Sistema de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT). Este sistema permite
a las instituciones obligadas financieras y no financieras registrar y reportar sus operaciones.
Además, la UAFE tiene la facultad de incorporar nuevos sujetos obligados, solicitar información
adicional y, en caso de incumplimiento, aplicar sanciones administrativas.
Hasta aquí, se ha mencionado la normativa vigente en cuanto al derecho positivo que puede influir en la
aplicación de un sistema de compliance. Sin embargo, al realizar una búsqueda en otros cuerpos
normativos que traten o regulen el entorno empresarial, no se ha encontrado normativa que se enfoque
específicamente en términos de compliance.
TABLA 1
Leyes que atienden actuaciones de empresas, y lo que manifiestan respecto al compliance
Fuente: (Núñez et al., 2023)
Como se ha evidenciado en lo expuesto anteriormente, más allá de las buenas prácticas de
manejo organizacional que las empresas pueden implementar de manera voluntaria, en Ecuador no existe
una regulación específica sobre buenas prácticas en los ámbitos social, empresarial y ambiental, menos
aún se dispone de una regulación explícita que aborde temas de compliance, excepto por la LORCIPMA.
Aunque esta ley menciona los sistemas de compliance únicamente como un atenuante y permite la
imputación de delitos a personas jurídicas, representa un avance significativo al integrar en el marco
normativo nacional un sistema que facilita el seguimiento normativo y legal de las operaciones
empresariales (Núñez et al., 2023).
3.4. Desafíos culturales y su impacto en la implementación de sistemas de Compliance.
La implementación de un sistema de compliance en Ecuador es un tema relativamente novedoso
para el sector empresarial. A pesar de su creciente importancia, aún persisten muchos desafíos que deben
superarse para lograr una efectiva expansión e implementación del compliance en el ámbito empresarial.
La implementación de sistemas de compliance enfrenta desafíos similares a los observados en otras áreas
del derecho, donde factores como el crecimiento demográfico, la innovación tecnológica y la
globalización complican la aplicación efectiva de nuevos sistemas y regulaciones (Romero et al., 2024).
La Ley Orgánica de Regulación
y Control del Poder de
Mercado 2011
Este código materia de
libertades de competencia,
hasta el momento no ha
regulado o ha referenciado
ningun tipo de reglamentacion
en términos de compliance.
Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor 2000
Esta ley enfocada a las
practicas abusivas de los
establecimientos comerciales
en menoscavo al consumidor,
no mencionan nada enrminos
de compliance o su aplicacion
Ley Orgánica de Protección
de Datos Personales 2021
Esta ley enfocada a la
incorporación no aborda
concretamente un sistema de
compliance, únicamente
menciona la obligatoriedad de
las empresas de signar un
delegado para el tratamiento de
datos, lo cual se traduce como
un oficial de cumplimiento en
materia de compliance.
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como un atenuante y permite la imputación de delitos a personas jurídicas, repre-
senta un avance significativo al integrar en el marco normativo nacional un siste-
ma que facilita el seguimiento normativo y legal de las operaciones empresariales
(Núñez et al., 2023).
Desafíos culturales y su impacto en la implementación de sistemas de
Compliance
La implementación de un sistema de compliance en Ecuador es un tema relati-
vamente novedoso para el sector empresarial. A pesar de su creciente importan-
cia, aún persisten muchos desafíos que deben superarse para lograr una efectiva
expansión e implementación del compliance en el ámbito empresarial. La imple-
mentación de sistemas de compliance enfrenta desafíos similares a los observa-
dos en otras áreas del derecho, donde factores como el crecimiento demográfico,
la innovación tecnológica y la globalización complican la aplicación efectiva de
nuevos sistemas y regulaciones (Romero et al., 2024). Esto refleja la necesidad
de un enfoque flexible y adaptable para asegurar la efectividad de las políticas de
cumplimiento en un entorno en constante cambio.
Según datos de KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), organización que con-
centra una red de firmas de auditoría y consultoría a nivel global, solo el 9% de las
empresas en América Latina, excluyendo a las multinacionales, cuentan con un
sistema de compliance sólido y bien estructurado, es decir, con un alto estándar
en controles normativos en todas sus actividades. Estas cifras refuerzan la impor-
tancia de implementar estrategias de compliance en las empresas de Ecuador y
América Latina en general, dado que un sistema bien aplicado ofrece numerosas
ventajas que van más allá del mero cumplimiento legal y normativo, trayendo con-
sigo beneficios significativos para las organizaciones empresariales (Una triple
amenaza en las Américas–KPMG México, 2024).
Varios autores coinciden en que este bajo índice de aplicación del compliance
en América Latina se debe, en gran medida, a un desconocimiento generalizado
sobre el sistema. Este es el primer y más importante desafío cultural que enfrenta
el compliance: las empresas y la sociedad en general no están familiarizadas con
este término. Desde su aparición, su aplicación quedó restringida a las regiones
donde se originó, es decir, las regiones anglosajonas, mientras que en Ecuador
y el resto de América Latina, el concepto de compliance es relativamente nuevo.
Esto ha llevado a una subvaloración generalizada de su importancia, resultando
en un cumplimiento normativo superficial y poco efectivo, lleno de contratiem-
pos, ilegalidades e inestabilidades administrativas. No obstante, su aplicación en
muchas empresas todavía está en una etapa de desarrollo, lo cual, aunque es un
desafío, también es un punto de partida alentador.
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Otro desafío práctico para las empresas que desean implementar un siste-
ma de compliance es la falta de talento humano especializado en esta área. El
“Compliance Oicer” es el profesional encargado de revisar el cumplimiento nor-
mativo en una empresa, desempeñando un rol crucial que va más allá de una
simple función consultiva, siendo un participante clave en la toma de decisiones.
La escasez de profesionales especializados en cumplimiento normativo se debe
en gran parte a la novedad del concepto. La mayoría de los profesionales del
derecho, o abogados que ingresan al campo laboral, ni siquiera están familiariza-
dos con esta rama del cumplimiento normativo. Este problema se agrava por la
limitada oferta de programas de estudio o especialización en compliance, lo que
también resulta en una escasez de información e investigación académica sobre
el tema de compliance en nuestra región. Tradicionalmente, las empresas suelen
delegar el control del cumplimiento normativo a los gerentes o a los encargados
de diversas áreas de acción, lo que genera una duplicación de funciones. Esta
práctica está lejos de lo que propone el compliance en términos de prevención
de riesgos judiciales. Aunque cada persona dentro de la empresa debe velar por
su estabilidad y correcto desarrollo, es necesario contar con un órgano auditor
enfocado exclusivamente en identificar las posibles falencias en el cumplimiento
normativo.
El compliance en nuestro país se enfrenta a una cultura de corrupción que, en
algunos casos, se ha normalizado, donde las personas con poder tienden a actuar
en su propio beneficio personal y patrimonial. Aunque no se puede generalizar,
la historia revela datos desalentadores sobre diversos casos de corrupción en el
entorno empresarial. En este sentido, la implementación de un sistema de cumpli-
miento normativo integral a través de un Compliance Oicer puede ser un punto
de partida crucial para mejorar la cultura empresarial y desterrar la corrupción.
Este desafío debe ser enfrentado por un Compliance Oicer con ética, ideales y
firmeza, capaz de solicitar a sus superiores que no realicen acciones que puedan
comprometer el cumplimiento normativo, sin temor a represalias o a perder su
empleo. Este profesional debe ser capaz de priorizar el beneficio general de la
empresa sobre intereses particulares (Newbery, 2019).
Estos desafíos culturales representan un reto significativo para el ámbito empre-
sarial ecuatoriano y latinoamericano. Los líderes y directivos empresariales son
los principales responsables de impulsar el desarrollo y la implementación de un
sistema de compliance que permita a las empresas operar en un entorno normati-
vo ético. Esto se logra a través de la capacitación del personal y la implementación
de sistemas efectivos de control interno, lo cual es facilitado por el compliance.
La academia también puede desempeñar un papel crucial en esta problemáti-
ca, generando campos de estudio e investigación que desarrollen y adapten el
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Compliance y gestión de riesgos judiciales en el Ecuador
compliance al contexto empresarial local, atendiendo las particularidades que di-
ferencian a los empresarios de sus contrapartes internacionales.
Por último, no debemos olvidar a otros actores clave en la eficaz aplicación del
sistema de compliance, como las autoridades y organismos o entidades de con-
trol. Estos tienen la responsabilidad legítima de facilitar procesos que promuevan
la integridad y el buen actuar corporativo en todas sus dimensiones, mediante la
correcta creación y aplicación de normativas que respalden la implementación de
sistemas de cumplimiento normativo en la región.
Estrategias de compliance, y su aporte en la mitigación de riesgos judiciales.
La implementación del compliance en las empresas ecuatorianas conlleva princi-
palmente dos grandes beneficios, por un lado es un gran aporte para la produc-
tividad y en consecuencia a la reputación de la empresa y por el otro desempeña
un rol de atenuante a las penas cuando por cualquier motivo alguno de los indi-
viduos pertenecientes a la empresa ponen en riesgo la integridad de la persona
jurídica, este último debe contener las estrategias correctas para la actividad de la
empresa en la que se pretende implementar, es decir el sistema de compliance no
será completamente igual al de otra empresa, por más similares que estas sean, lo
que significa que cada empresa debe contar con unas determinadas estrategias
propias para la actividad que realicen.
A diferencia de la mediación tributaria intraprocesal, que se ha considerado insu-
ficiente para eliminar la presunción penal establecida en el acta de determinación,
el compliance ofrece un marco más integral y preventivo para la gestión de ries-
gos legales, minimizando la exposición a sanciones penales a través de estrate-
gias proactivas y específicas para cada organización (Herrera & Romero, 2023).
Al hablar de las estrategias con las que puede actuar el compliance para una
correcta gestión de riesgos, nos topamos con un sin número de posibilidades de
aplicación, sin embargo, a continuación, se hace referencia a las estrategias que
generalmente son las más comunes y efectivas dentro de un sistema eficiente de
cumplimiento normativo.
Uso de tecnología (RegTech)
La implementación de tecnologías para el cumplimiento normativo implica la
creación o aplicación de programas y sistemas que se centran en el buen uso y
manejo adecuado de la información de la empresa, tanto internamente como ex-
ternamente, considerando los riesgos que surgen al incumplir una norma.
El término RegTech, derivado de las palabras en inglés Regulation y Technology, se
refiere al uso de tecnología dentro de una empresa para asegurar el cumplimiento
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normativo. Es decir, abarca herramientas diseñadas para resolver conflictos lega-
les o gestionar las cargas normativas específicas de cada organización. Este tipo
de tecnología incluye una amplia variedad de herramientas, entre las cuales la
inteligencia artificial (IA) se destaca como una de las más efectivas y confiables
en la actualidad.
En este sentido, Álvaro Écija, durante la Semana Internacional del Compliance
(2021), destacó cómo la IA puede ayudar a identificar brechas legales empresa-
riales mediante el uso de estadísticas matemáticas y algoritmos de aprendizaje
automático (machine learning). Según Écija, es posible utilizar datos históricos,
como sanciones económicas pasadas, para medir amenazas legales. Este enfo-
que ya se está explorando en sistemas como “Mia”, una solución tecnológica que
facilita a los responsables de cumplimiento normativo realizar diagnósticos, anali-
zar riesgos y tomar decisiones legales en áreas como medio ambiente, protección
de datos y prevención del blanqueo de capitales (Meler, 2021).
Implementación de políticas claras en la gestión de riesgos judiciales
La implementación de políticas en el ámbito empresarial se refiere a aquellos
procedimientos internos de una organización que definen los procesos y linea-
mientos a seguir por todos los empleados. Estas políticas proporcionan las herra-
mientas y directrices necesarias para que la empresa desarrolle sus actividades
de manera eficiente y rentable, estableciendo los pasos a seguir ante diversas
circunstancias. Es fundamental que estas políticas sean comprensibles, precisas
y accesibles para cada colaborador de la empresa.
La estrategia de implementar políticas claras en una empresa puede llevarnos a
cuestionar su necesidad, especialmente cuando ya existe un ordenamiento jurídi-
co que regula el comportamiento de cada persona. La respuesta a esta inquietud
es sencilla: las políticas empresariales alcanzan un nivel de aplicación directa y
concreta que las normas generales difícilmente logran. Sin embargo, es crucial
que estas políticas no contravengan en ningún caso las leyes existentes. El ob-
jetivo específico de unas buenas políticas empresariales es reforzar las leyes del
sistema jurídico, superando incluso los niveles de exigencia mínimos establecidos
por la normativa, con el fin de cumplir con los estándares de factibilidad autoim-
puestos por la empresa (Casanovas, 2016).
Estas políticas empresariales deben abarcar todas las áreas dentro de la organi-
zación, sin dejar espacios que puedan generar riesgos futuros para la empresa.
Esto es especialmente importante en el ámbito del cumplimiento normativo, don-
de múltiples aspectos deben ser considerados, tales como la protección de datos,
el control en las cadenas de suministro, el cumplimiento tributario, la gestión de la
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Compliance y gestión de riesgos judiciales en el Ecuador
nómina laboral, la responsabilidad ambiental, entre otros factores que deben ser
claramente delimitados.
Fomento de la ética
El objetivo del compliance, como se ha mencionado anteriormente, es dotar a la
empresa de seguridad ante eventuales crisis que puedan afectarla. Sin embargo,
su implementación debe ser firme y seguir una serie de pasos necesarios para su
ejecución, en los cuales la ética y la transparencia estén siempre presentes.
No cabe duda de que un comportamiento transparente y honesto dentro de una
empresa es bien visto por la comunidad en general, fortaleciendo significativa-
mente su reputación y otorgándole una ventaja competitiva en el mercado. Hoy
en día, la sociedad busca vincularse con organizaciones que valoren la integridad
y formen parte de una cultura organizacional sólida. Al hablar de cultura organi-
zacional, nos referimos a un patrón de comportamiento generalizado en el que
se conjugan creencias, actitudes y expectativas que modulan la conducta y que,
posteriormente, se reflejan en normas que guían el comportamiento de los indivi-
duos (Reyes Hernández & Moros Fernández, 2019).
La aplicación del compliance dentro de una organización no solo asegura el cum-
plimiento de las leyes y normativas, sino que también es crucial para fomentar la
ética y la cultura organizacional. El compliance promueve el establecimiento de
un estándar de comportamiento al que todos los miembros de la empresa deben
adherirse. Más allá de la prevención de multas o sanciones, el compliance es, por
excelencia, una herramienta que la empresa puede utilizar para promover una
cultura integral y beneficiosa para la colectividad.
Certificación de calidad del Compliance
Un modelo de compliance es una alternativa sumamente viable para el entorno
empresarial actual, en el que las empresas enfrentan un marco regulatorio cada
vez más estricto, que requiere la asignación de esfuerzos y recursos para generar
espacios de análisis y mitigación de riesgos judiciales. Actualmente, dichos proce-
dimientos se encuentran debidamente certificados y avalados por las reconocidas
normas ISO (International Organization for Standardization). Esta organización es
ampliamente reconocida por ser un programa de estandarización internacional
de procedimientos, a través del cual se identifican los requisitos, especificaciones
y características mínimas que debe tener un producto o servicio para ser apto y de
calidad para su consumo. Esto, sin duda, otorga un valor agregado a la aplicación
del compliance, ya que define un estándar de procedimientos que la empresa y
el oficial de cumplimiento deben ejecutar. Dentro de la nomenclatura de las nor-
mas ISO, para analizar su relación con el compliance, es importante mencionar
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la norma ISO 31000 de Gestión de Riesgos, que reconoce a los riesgos como un
elemento generador de valor al trazar objetivos para evitar que la empresa se vea
envuelta en irregularidades (Balderas & Gallardo, 2023).
Sin embargo, para abordar específicamente la materia de compliance, es nece-
sario analizar la norma ISO 37301, que hace referencia a los requisitos necesa-
rios para aplicar, mantener y mejorar el sistema de compliance dentro de una
organización. Esta norma, en su última actualización de 2024, reemplaza a la pre-
existente ISO 19600, que fue la primera en abordar temáticas de compliance. La
ISO 37301/2024 incorpora directrices mejoradas y renovadas en la aplicación del
compliance, abordando temas de competencia, concientización y comunicación
efectiva, ampliando así el alcance y las expectativas del sistema de cumplimiento
(Bayancela, 2022).
Entre los principales aspectos que introduce la ISO 37301/2024, se destaca la
necesidad de que el compliance se integre con otros sistemas previamente imple-
mentados en la empresa. Por ejemplo, se puede mencionar el sistema de gestión
de calidad (ISO 9001) y la seguridad de la información (ISO 27001), que son estric-
tamente necesarios para el correcto desarrollo de las actividades empresariales.
Otro aspecto positivo que introduce la ISO 37301/2024 es la gestión de riesgos
actualizada y la mejora continua, brindando directrices sobre cómo los gerentes o
responsables de las empresas deben identificar, evaluar y gestionar los distintos
tipos de riesgos, utilizando la ciberseguridad y la tecnología en general. Asimismo,
la norma afirma que, mediante estos métodos, las organizaciones deben garanti-
zar la mejora continua del sistema de cumplimiento normativo, adaptándose a los
cambios constantes que pueda experimentar el sistema normativo local e inter-
nacional (PECB, s. f.).
Auditoría interna
El sistema de compliance también incluye entre sus procedimientos la creación
de espacios para la auditoría interna y la revisión continua de las actividades de
la empresa. Estos procesos tienen como objetivo corregir a tiempo cualquier de-
ficiencia o mala práctica que pudiera existir, evitando así que se conviertan en
problemas legales que comprometan la estabilidad y el prestigio de la empresa.
La auditoría interna es un eje fundamental dentro del ejercicio del compliance.
s allá de ser una herramienta de prevención, también es una herramienta de
medición de la capacidad de respuesta de los planes de contingencia que la em-
presa aplica ante factores que pongan en riesgo su integridad y reputación. Según
Yerovi, la auditoría es la revisión sistemática de actividades o situaciones con el
objetivo de realizar una minuciosa evaluación del cumplimiento de las reglas apli-
cables a las mismas (Yerovi et al., 2018).
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Compliance y gestión de riesgos judiciales en el Ecuador
Canales de Denuncia
Otro procedimiento que ha demostrado ser efectivo en la experiencia de varias
empresas es la habilitación de canales o espacios de denuncias completamente
confidenciales, donde en ninguna circunstancia se generen perjuicios para el tra-
bajador o empleado que utilice estos canales. Este procedimiento es fundamental
para fomentar un entorno equitativo dentro de la empresa, promoviendo un servi-
cio transparente y responsable. Estos canales permiten a los empleados comuni-
car actividades que puedan poner en riesgo o dañar la reputación de la empresa.
Según Oliver Suaña, el encargado directo de implementar canales de denuncia
efectivos y confidenciales es el Compliance Oicer, quien incluso puede contar
con el apoyo de entidades externas a la empresa. La importancia de este proce-
dimiento, que forma parte integral del compliance, radica en que los canales de
denuncia juegan un papel crucial en la prevención de delitos dentro de la em-
presa, ya que facilitan la identificación de conductas que puedan estar directa o
indirectamente relacionadas con un ilícito. Esto brinda a la empresa la oportuni-
dad de aplicar medidas correctivas a tiempo. Es importante destacar que estos
mecanismos no solo refuerzan la confianza de los empleados y colaboradores en
la empresa, sino que también son de gran importancia para la sostenibilidad ope-
rativa a lo largo del tiempo (Suaña, 2023).
Requisitos normativos del compliance en Ecuador
En el ámbito empresarial ecuatoriano, la implementación de un programa de
políticas de cumplimiento no solo es factible, sino también estratégica, ya que,
como se establece en el COIP, estos sistemas pueden ser considerados atenuan-
tes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, siempre que se hayan
implementado antes de la comisión del delito. Esta disposición, introducida por la
LORCIPMA, se encuentra específicamente en el artículo 49 del COIP, reformado
por el artículo 3 de la mencionada ley.
Un aporte clave de la reforma es la enumeración de los requisitos mínimos que
deben cumplir los sistemas de cumplimiento para que sean reconocidos como
atenuantes de la responsabilidad penal. Estos requisitos, contenidos en el artí-
culo 49, hacen referencia a las pautas generales establecidas en el numeral 7 del
artículo 45 del COIP. Por tanto, para afirmar que un sistema de compliance está
bien diseñado en el contexto ecuatoriano, este debe cumplir con los lineamientos
mínimos exigidos por la normativa, los cuales se detallan a continuación:
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Artículo 49 del COIP (Reformado por LORCIPMA, 2021):
(...) “La responsabilidad penal de la persona jurídica se atenuará de conformidad
con el número 7 del artículo 45 del presente Código. Los sistemas de integri-
dad, normas, programas y/o políticas de cumplimiento, prevención, dirección y/o
supervisión, deberán incorporar los siguientes requisitos mínimos, sin perjuicio
de las disposiciones del Reglamento que se dicte para el efecto, y de otras nor-
mas específicas: 1. Identificación, detección y administración de actividades en
las que se presente riesgo; 2. Controles internos con responsables para procesos
que representen riesgo; 3. Supervisión y monitoreo continuo, tanto interno como
evaluaciones independientes de los sistemas, programas y políticas, protocolos o
procedimientos para la adopción y ejecución de decisiones sociales; 4. Modelos
de gestión financiera; 5. Canal de denuncias; 6. Código de Ética; 7. Programas de
capacitación del personal; 8. Mecanismos de investigación interna; 9. Obligación
de informar al encargado de cumplimiento sobre posibles riesgos o incumplimien-
tos; 10. Normas para sancionar disciplinariamente las vulneraciones del sistema;
y, 11. Programas ‘conozca a su cliente’ o debida diligencia.
El primer requisito, relacionado con la identificación, detección y administración
de actividades con riesgo, implica realizar un diagnóstico detallado de los posi-
bles riesgos a los que pueda enfrentarse la empresa. Estos riesgos deben estar
claramente identificados y clasificados en una matriz que permita medir su nivel
de impacto y probabilidad, facilitando su gestión adecuada en el ámbito empre-
sarial y judicial.
El segundo requisito establece la necesidad de implementar controles internos
en las áreas identificadas como riesgosas, asignando responsables específicos
que supervisen y gestionen estas actividades. Esto asegura la vigilancia conti-
nua y refuerza la capacidad de la empresa para mitigar posibles incumplimientos
normativos.
El tercer requisito se centra en la supervisión y el monitoreo continuo de los sis-
temas y procesos de cumplimiento, incluyendo auditorías internas y evaluaciones
externas independientes. Estas prácticas garantizan que el sistema de complian-
ce sea eficaz y cumpla con estándares internacionales, como las certificaciones
ISO, que evalúan la calidad y sostenibilidad de las prácticas empresariales.
El cuarto requisito aborda los modelos de gestión financiera, definidos como es-
tructuras estratégicas diseñadas para optimizar los recursos de la empresa y pre-
venir posibles ilícitos.
El quinto requisito exige la implementación de un canal de denuncias, herra-
mienta clave para promover la ética corporativa. Este canal debe garantizar la
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confidencialidad y protección de los alertadores, facilitando la identificación de
irregularidades internas. El Compliance Oicer es responsable de recibir, evaluar
y dar respuesta a las denuncias en tiempo oportuno, fortaleciendo así la confianza
interna y externa de la empresa.
El sexto requisito, el código de ética, constituye un marco normativo interno que
orienta la conducta de los empleados y directivos, promoviendo prácticas respon-
sables y sostenibles. Este código refuerza la cultura organizacional y mejora la re-
putación empresarial al alinear las decisiones y comportamientos con principios
éticos fundamentales (Moscoso del Prado et al., 2017).
El séptimo requisito enfatiza la importancia de los programas de capacitación,
que son esenciales para garantizar que los empleados comprendan y cumplan
con las normativas aplicables. Además de reducir errores y optimizar procesos, la
capacitación contribuye al desarrollo profesional del personal, generando benefi-
cios tanto operativos como estratégicos.
El octavo requisito establece la necesidad de contar con mecanismos de investi-
gación interna, que permitan identificar y gestionar irregularidades de forma opor-
tuna y eficiente. Estos mecanismos deben respetar los principios de confidencia-
lidad y debido proceso, asegurando que las investigaciones internas protejan los
intereses de la organización mientras cumplen con las normativas aplicables.
El noveno requisito obliga a los responsables de cumplimiento a informar sobre
riesgos e incumplimientos detectados, garantizando la gestión eficaz de estas si-
tuaciones. El Compliance Oicer tiene un rol central en este proceso, ya que debe
investigar, reportar y coordinar acciones correctivas. Según Bayancela (2022),
omitir esta responsabilidad podría generar consecuencias legales, incluyendo
sanciones penales, especialmente en casos de incumplimiento relacionados con
el lavado de activos.
El décimo requisito exige establecer normas disciplinarias claras para sancionar
violaciones al sistema de compliance.
Finalmente, el undécimo requisito aborda los programas de “conozca a su cliente”
(Know Your Customer o KYC), que buscan recopilar información detallada sobre
los clientes para prevenir actividades ilícitas como el lavado de activos. Estos pro-
gramas deben garantizar la protección de datos personales en línea con las leyes
de privacidad, asegurando la seguridad de la información recopilada y su correcto
uso.
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Conclusiones
El compliance representa una herramienta fundamental para la gestión de riesgos
judiciales en el contexto empresarial ecuatoriano. Si bien la LORCIPMA ha intro-
ducido avances significativos al considerar los sistemas de cumplimiento como
atenuantes de la responsabilidad penal, su impacto está limitado por deficiencias
normativas y culturales. La ausencia de un marco regulatorio detallado y espe-
cífico sobre compliance reduce la claridad en su implementación, lo que genera
incertidumbre para las empresas que buscan cumplir con estas exigencias.
Desde el punto de vista cultural, el desconocimiento del compliance y la falta de
talento humano especializado representan barreras críticas. La limitada oferta de
formación académica y profesional en esta área, sumada a una cultura empresa-
rial predominantemente reactiva, dificulta la incorporación efectiva de sistemas
de cumplimiento normativo. Esto contrasta con países como Chile, Argentina y
México, donde marcos normativos más desarrollados y una mayor conciencia
empresarial han permitido la consolidación del compliance como una práctica
estándar.
En términos estratégicos, el artículo ha destacado la importancia de herramien-
tas como la tecnología (RegTech), la promoción de la ética organizacional y la
implementación de políticas claras para fortalecer los sistemas de compliance.
Estas estrategias no solo ayudan a las empresas a mitigar riesgos legales, sino
que también mejoran su competitividad y reputación en un mercado cada vez
más exigente. La integración de estándares internacionales, como la ISO 37301,
se presenta como una oportunidad clave para alinear las prácticas empresariales
con las mejores referencias globales, aunque su adaptación al contexto ecuatoria-
no requiere un esfuerzo coordinado entre el sector público, privado y la academia.
Es necesario indicar que la implementación efectiva del compliance en Ecuador
no solo depende de ajustes normativos, sino también de un cambio cultural pro-
fundo que fomente la ética y la transparencia en las empresas. Esto incluye la ca-
pacitación continua de los empleados, el fortalecimiento de los controles internos
y el compromiso de los líderes empresariales con el cumplimiento normativo.
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