Revista Killkana Sociales
Vol. 9, No. 3 | septiembre-diciembre 2025 | ISSN: 2528-8008. ISSN Elect.: 2588-087X
https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v9i3.1690
79-100
Artículo de investigaciónhe. Revista Killkana Sociales. Vol. 9, No. 3, pp. 79-100, septiembre-diciembre, 2025.
p-ISSN 2528-8008 / e-ISSN 2588-087X. Universidad Católica de Cuenca
Procesos electorales y crisis de hegemonía
en la transición constitucional del Ecuador
(1931 – 1933)
1
Electoral processes and hegemony crises in the
constitutional transition of Ecuador (1931-1933)
Recepción: 08 de agosto de 2025 | Aprobación: 05 de septiembre de 2025 | Publicación: 30 de septiembre de 2025
Carlos Fernando Yerbabuena Torres
2
cyerbabuena@unach.edu.ec
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
3
;
Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador
4
DOI: https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v9i3.1690
Resumen
Este artículo examina los procesos electorales y la crisis de hegemonía durante la transi-
ción constitucional en Ecuador, entre los años 1931 y 1933, un período considerado clave
dentro de la historia política del país. El análisis se centra en cómo la disolución del orden
oligárquico y la fragmentación de los partidos políticos generaron un ambiente de ines-
tabilidad, en el cual las élites tradicionales perdieron capacidad de articulación, mientras
que los sectores populares comenzaron a desempeñar un rol protagónico en el ámbito
político. La investigación aborda diversos factores que configuraron el proceso electoral,
1
El presente trabajo forma parte de la tesis doctoral “Campañas políticas y elecciones presidenciales en el
Ecuador. 1931 – 1933”. Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Financiado por la Universidad Andina
Simón Bolívar, Sede Ecuador, a través de sus becas doctorales.
2
cyerbabuena@unach.edu.ec; https://orcid.org/0009-0003-5403-1371.
3
UASB. Candidato doctoral del programa Doctorado en Historia Latinoamericana
4
UNACH. Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías. Carrera de Pedagogía de la Historia
y las Ciencias Sociales
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como la influencia del modelo agroexportador y su eventual colapso, el surgimiento de
liderazgos carismáticos, el funcionamiento de los partidos políticos, la legislación electoral
vigente y la movilización social. A ello se suma el análisis de las interacciones entre actores,
instituciones y valores políticos, lo cual permite comprender la complejidad del escenario
electoral y el modo en que la crisis económica y social incidió en la redefinición del poder
político y en la legitimidad del Estado. El estudio se fundamenta en fuentes primarias como
la prensa nacional y regional, documentos de archivo y hojas volantes, además de biblio-
grafía especializada. Los hallazgos evidencian que, más allá del conflicto electoral, lo que
realmente estaba en disputa era la capacidad de las élites para sostener su hegemonía ante
la creciente presencia política de los sectores subalternos. También se resaltan las limita-
ciones de los partidos tradicionales para responder a las demandas sociales, el papel del
ejército como nuevo actor político en ascenso, y la emergencia de liderazgos personalistas
que anticiparon transformaciones significativas en la política ecuatoriana. En su conjunto,
el artículo ofrece una perspectiva integral que contribuye a una mejor comprensión de los
procesos de cambio y continuidad en la historia electoral del Ecuador.
Palabras claves: crisis, hegemonía, partidos políticos, participación popular, procesos
electorales.
Abstract
This article explores the electoral processes and the crisis of hegemony that unfolded
during Ecuador’s constitutional transition between 1931 and 1933 an era regarded as
pivotal for understanding the reorganization of national political structures. It investigates
how the disintegration of the oligarchic order and the internal fragmentation of political
parties created a climate of instability, undermining the traditional elites’ capacity to
maintain political consensus, while simultaneously allowing popular sectors to emerge as
central actors in the political sphere. The analysis considers the impact of the collapsing
agro-export model, the emergence of charismatic leadership, the function of political
parties, the prevailing electoral legislation, and patterns of social mobilization in shaping
the electoral landscape. In addition, the study examines the interplay between political
actors, institutions, and ideological values, which helps reveal the complexity of the
elections and how the broader economic and social crisis contributed to the reshaping of
political legitimacy and the authority of the state. Drawing from primary sources including
national and regional newspapers, archival records, and political pamphlets alongside
scholarly literature, the research demonstrates that the core issue extended beyond
electoral rivalries. At stake was the capacity of the ruling elites to uphold their hegemonic
dominance amid the rising political engagement of subaltern groups. The findings
further underscore the inability of traditional political parties to eectively address social
demands, the emergence of the military as a key political force, and the rise of personalist
leaderships that would later redefine the country’s political trajectory. Altogether, the
article oers a broad and integrative perspective that enhances the understanding of how
electoral processes became arenas of conflict, negotiation, and transformation central to
the study of political change and continuity in Ecuadorian history.
Keywords: crisis, electoral processes, hegemony, political parties, popular participation.
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Procesos electorales y crisis de hegemonía en la transición constucional del Ecuador (1931 – 1933)
Introducción
El estudio de los procesos electorales se ha consolidado como un campo central
para comprender la dinámica política de los Estados y los cambios en sus es-
tructuras de poder. En el Ecuador, la etapa comprendida entre 1931 y 1933 estuvo
marcada por una profunda crisis de hegemonía que reflejó el debilitamiento del
sistema oligárquico y el surgimiento de nuevas formas de participación popular.
La política electoral, lejos de representar únicamente la elección de autoridades,
se convirtió en un escenario de confrontación entre élites tradicionales, sectores
emergentes y un aparato estatal en proceso de redefinición. Esta investigación
busca examinar dicho contexto con un enfoque crítico y multidimensional.
La propuesta teórica de Antonio Annino (1995) resulta fundamental para orientar
este análisis. El autor plantea que los procesos electorales deben estudiarse a
partir de la interacción entre tres categorías: actores, instituciones y valores. Bajo
este enfoque, las elecciones no se reducen a la proclamación de un ganador, sino
que constituyen espacios de negociación, conflicto y redefinición del poder políti-
co. Este marco interpretativo permite examinar cómo, en el Ecuador de inicios de
la década de 1930, las instituciones estatales, los partidos políticos y los sectores
sociales interactuaron en medio de tensiones estructurales y coyunturales que
pusieron en entredicho la legitimidad del sistema político vigente.
En este sentido, el objetivo general de la investigación es analizar los proce-
sos electorales y la crisis de hegemonía durante la transición constitucional del
Ecuador en el periodo 1931–1933. Entre los objetivos específicos se plantea exami-
nar el papel desempeñado por los partidos políticos y las instituciones estatales,
identificar la participación de los sectores populares en los comicios y valorar el
impacto de la crisis económica y social sobre la legitimidad del poder. Con ello se
busca aportar una visión integral que permita comprender las características de
un momento histórico en el que se redefinió el orden político nacional.
Las preguntas de investigación que guían el trabajo permiten precisar el alcance
del análisis: ¿cómo influyó el colapso del modelo agroexportador en los procesos
electorales del período? ¿Qué papel desempeñaron los sectores populares y el
ejército en la disputa por el poder? ¿De qué manera las dinámicas partidarias y
la normativa electoral contribuyeron a profundizar la inestabilidad institucional?
Estas interrogantes orientan la interpretación hacia la identificación de los facto-
res que configuraron la crisis de hegemonía y posibilitan explicar la complejidad
de las transformaciones políticas que atravesó el país en esos años.
La pertinencia de este estudio se justifica tanto en el ámbito académico como en el
social. Desde el punto de vista académico, amplía y complementa la historiografía
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existente al integrar la interacción entre actores sociales, instituciones políticas y
valores ideológicos en el análisis electoral. En el plano social, la investigación re-
sulta relevante porque permite comprender los orígenes de fenómenos políticos
como el personalismo y la política de masas, que tuvieron una influencia decisiva
en el desarrollo de la democracia ecuatoriana durante el siglo XX. De esta forma,
el trabajo no solo aborda un período particular, sino que aporta claves para inter-
pretar procesos de largo alcance.
El contexto internacional refuerza la importancia del tema. La Gran Depresión de
1929 impactó severamente en los países latinoamericanos al debilitar sus modelos
agroexportadores y agudizar las tensiones sociales. En Perú, Bolivia y Chile, por
ejemplo, surgieron movimientos obreros y campesinos que cuestionaron el poder
de las élites y provocaron crisis políticas similares a las observadas en el Ecuador.
Analizar el caso ecuatoriano dentro de este marco regional permite situar los pro-
cesos locales en una perspectiva comparada, mostrando cómo la inestabilidad
nacional estuvo estrechamente vinculada con dinámicas globales de recesión
económica y redefinición del rol del Estado.
Asimismo, esta investigación contribuye al debate historiográfico sobre la forma-
ción de sistemas políticos en América Latina. Al resaltar la participación de los
sectores populares junto con las tensiones entre élites tradicionales, se amplía
la mirada más allá de los caudillos y partidos dominantes. El estudio dialoga con
enfoques comparativos sobre hegemonía y representación política en sociedades
en transición, reforzando la utilidad de la historia electoral como herramienta para
comprender los procesos de construcción de ciudadanía. Con ello se aporta a
discusiones académicas actuales sobre democracia, legitimidad y participación
en contextos de crisis política.
Es necesario señalar las limitaciones que enfrenta el estudio. La investigación
se apoya principalmente en fuentes periodísticas y documentos de archivo, los
cuales reflejan perspectivas atravesadas por intereses políticos y regionales, lo
que obliga a un análisis crítico de su contenido. Además, el recorte temporal cir-
cunscrito a los años 1931–1933 restringe la observación de procesos de más largo
plazo y la comparación directa con otros períodos de la historia ecuatoriana. A
pesar de estas limitaciones, el enfoque adoptado y la riqueza de los materiales
permiten desarrollar una interpretación sólida que contribuye a la comprensión
de un momento clave en la historia política del país.
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Procesos electorales y crisis de hegemonía en la transición constucional del Ecuador (1931 – 1933)
Metodología
Enfoque de investigación
La investigación se desarrolló bajo un enfoque histórico–analítico, orientado a
comprender los procesos políticos en su contexto social y económico. Se consi-
deró que el estudio de los procesos electorales no podía reducirse a la identifica-
ción de resultados, sino que debía incluir el análisis de las dinámicas estructurales
que los configuraron. Desde esta perspectiva, se buscó identificar las tensiones
entre actores sociales, instituciones estatales y valores políticos en un período de
inestabilidad. Este enfoque permitió abordar las elecciones como escenarios de
disputa por la hegemonía, más allá de la mera competencia partidaria.
Categorías de análisis
El estudio se guio por la propuesta de Antonio Annino (1995), quien planteó que
los procesos electorales deben analizarse desde la interacción entre tres cate-
gorías: actores, instituciones y valores. Bajo esta metodología, se examinó el pa-
pel de candidatos, comités, votantes, partidos y prensa como actores relevan-
tes. También se consideraron las instituciones estatales, entre ellas el Congreso
Nacional, el Ejército, la Policía y los Cabildos. Finalmente, se analizaron los valores
políticos e ideológicos que estructuraron la ciudadanía y las representaciones so-
ciales de la época.
Fuentes primarias
La investigación se sustentó en fuentes primarias que permitieron reconstruir los
acontecimientos políticos del período 1931–1933. Entre ellas se utilizaron los pe-
riódicos de circulación nacional El Comercio y El Universo, así como el diario re-
gional La Razón. A estas fuentes se sumaron hojas volantes y panfletos conserva-
dos en bibliotecas y archivos nacionales, los cuales ofrecieron información sobre
campañas, discursos y movilización social. Estos materiales se seleccionaron por
su capacidad para reflejar la diversidad de perspectivas en un contexto de crisis
de hegemonía.
Fuentes secundarias
El análisis se complementó con fuentes secundarias de carácter historiográfico
y teórico que permitieron contextualizar y contrastar la información recopilada.
Se consultaron obras de autores como Agustín Cueva, Juan Maiguashca, Valeria
Coronel, Carlos Espinosa y otros especialistas en historia política ecuatoriana.
Estos estudios sirvieron para establecer un diálogo con la interpretación de las
fuentes primarias y para situar el caso ecuatoriano dentro de debates regionales
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más amplios. Asimismo, se incorporaron aportes de la sociología política y la teo-
ría del Estado, lo que enriqueció la perspectiva analítica.
Procedimiento de análisis
El procedimiento de análisis consistió en una lectura crítica y comparativa de las
fuentes, identificando discursos políticos, actores en disputa y estrategias de mo-
vilización. Se clasificaron los materiales en función de las categorías de análi-
sis propuestas, lo que permitió estructurar la información de manera sistemática.
Posteriormente, se contrastaron los hallazgos empíricos con los marcos teóricos
disponibles, a fin de generar una interpretación integral. Este proceso implicó re-
conocer la existencia de sesgos en las fuentes, particularmente en la prensa, lo
que exigió una evaluación cuidadosa de cada evidencia antes de su incorporación.
Limitaciones metodológicas
El estudio enfrentó algunas limitaciones derivadas del tipo de fuentes empleadas
y del marco temporal delimitado. La dependencia de periódicos y documentos
de archivo implicó trabajar con materiales que respondían a intereses políticos
y regionales, lo que obligó a considerar los sesgos en su contenido. Además, el
recorte temporal de dos años redujo la posibilidad de establecer comparaciones
con períodos previos o posteriores. A pesar de estas restricciones, la metodología
adoptada permitió construir un análisis sólido, en el que se integraron factores
estructurales y coyunturales para explicar la crisis de hegemonía en el Ecuador.
Resultados
Los resultados de la investigación se presentan en seis apartados que reflejan las
principales dimensiones de la crisis de hegemonía y de los procesos electorales
en el Ecuador entre 1931 y 1933. En primer lugar, se analiza la estructura de poder
del Estado y las tensiones que limitaron su funcionamiento. Posteriormente, se
examinan los factores estructurales y coyunturales que detonaron la crisis. Se es-
tudia también el papel de los partidos políticos, las formas de participación de los
sectores populares y las disposiciones normativas que regularon las elecciones.
Se describen los acontecimientos que redefinieron el poder político en un contex-
to de inestabilidad institucional.
La estructura de poder del Estado y su dinámica política
El análisis del Estado ecuatoriano en la década de 1930 exige comprenderlo no
solo como aparato institucional, sino como una construcción histórica atravesada
por conflictos sociales y luchas por la hegemonía. Weber (1997) lo definió como el
monopolio de la violencia legítima (p. 1056), mientras que Bourdieu (2014) subrayó
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su capacidad simbólica de imponer categorías sociales (p. 7). Borón (2000), desde
el marxismo, lo concibió como condensación histórica, pacto de dominación, apa-
rato institucional y espacio de conflicto. En el caso ecuatoriano, Cueva (1988) lo
entendió como un Estado oligárquico articulado con intereses serranos, costeños
y extranjeros, mientras que Maiguashca (1992) destacó su carácter administrativo
e integrador, aunque limitado por debilidad fiscal y tensiones regionales. Estas
visiones, más que opuestas, son complementarias: el Estado de 1931-1933 funcio-
naba a la vez como aparato burocrático, campo de lucha y expresión de clases,
pese a que la Constitución de 1929 lo definiera formalmente como “democrático y
representativo” (CPRE, art. 4).
La estructura institucional de este Estado era frágil y operaba de forma inestable.
El Poder Ejecutivo dependía de la correlación de fuerzas entre Congreso, élites
regionales y ejército: Ayora fue derrocado en 1931, Larrea Alba fracasó en ins-
taurar un régimen autoritario, Bonifaz fue despojado del triunfo electoral por su
nacionalidad, y Martínez Mera destituido por carecer de legitimidad (El Universo,
1931, 24 agosto, p. 1; El Comercio, 1931, 16 octubre, p. 1; Pareja, 1979, p. 363-369). El
Legislativo, bicameral desde 1929, integraba diputados y senadores de represen-
tación social, aunque en la práctica respondían a intereses partidarios (Espinosa,
2010, p. 591-595). Las pugnas faccionales prevalecieron sobre la deliberación,
como en 1933 con la destitución de Martínez Mera (La Razón, 1933, p. 1-2). El
Judicial, sin autonomía definida, quedaba subordinado al Congreso, lo que faci-
litó decisiones arbitrarias como la anulación del triunfo de Bonifaz (López, 2005,
p. 170). Así, los tres poderes mostraban debilidad, permeabilidad y dependencia
coyuntural.
Aunque la inestabilidad predominó, las reformas posteriores a la Revolución
Juliana aportaron cierta continuidad institucional. La creación del Banco Central,
la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Previsión Social y los Consejos
Provinciales buscó modernizar la gestión estatal y reforzar la cohesión territorial
(Durán, 2000, p. 18; Espinosa, 2010, p. 591). Sin embargo, estas instituciones fun-
cionaban en un marco donde la norma chocaba con prácticas personalistas, y los
intereses corporativos prevalecían sobre la legalidad. En este ambiente, las elec-
ciones de los años treinta perdieron legitimidad, pues eran vistas como procesos
manipulados por las élites. Liberales y conservadores buscaban recomponerse,
mientras fuerzas socialistas, comunistas y regionales aparecían aún débiles y
fragmentadas, como lo evidenció el fracaso de la Asamblea de Concentración de
las Izquierdas (Almeida, 1990, p. 173; Pareja, 1979, p. 369-370; Espinosa, 2010, p.
595; El Comercio, 1931, 17 septiembre, p. 1).
Este escenario puede entenderse con el concepto gramsciano de crisis de he-
gemonía: la incapacidad de la clase dirigente para sostener consensos, lo que
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abre paso a la irrupción de masas subalternas (Gramsci, 1971, p. 52). La burguesía
agroexportadora, fortalecida tras 1895, perdió su capacidad de dirección política
(Cueva, 1997, p. 22-23). Las transformaciones económicas regionales también mo-
dificaron las lealtades tradicionales: el colapso del cacao en la Costa debilitó rela-
ciones patronales; la industrialización textil incipiente desestabilizó el sistema ha-
cendatario en la Sierra centro-norte; y los artesanos minifundistas de la Sierra sur,
insertos en el comercio internacional de paja toquilla, empezaron a emanciparse
del control terrateniente (Maiguashca & North, 1991, p. 99-108). Estos cambios
diluyeron la autoridad paternal de las élites y facilitaron resistencias organizadas.
En síntesis, el Estado de los años treinta se configuró como un aparato en crisis
y disputa, en el que los sectores populares comenzaron a convertirse en actores
políticos con capacidad transformadora.
Factores causales: crisis estructural y eventos detonantes
La coyuntura política y electoral de los años treinta en Ecuador estuvo marcada
por una crisis estructural derivada de la fragilidad del modelo agroexportador y
de relaciones de poder heredadas de la colonia. Aunque la economía se integró
al mercado mundial mediante la exportación de cacao, no alcanzó un desarrollo
capitalista pleno (Cueva, 1997; Fernández, 1979, p. 91-92). La estructura agraria
mostraba una dualidad: en la Costa, la élite agroexportadora articulada con la
banca guayaquileña (Guerrero, 2017, p. 124); en la Sierra, una oligarquía terrate-
niente conservadora de fuerte control local (Guerrero, 2017, p. 124). Pese a sus
diferencias, ambas élites establecieron un pacto precario de poder expresado en
elecciones fraudulentas y reparto de privilegios (Quintero, 1997; Cueva, 1997), que
consolidó un régimen plutocrático dependiente del mercado externo (Atienza,
2011, p. 23-32).
La vulnerabilidad del modelo se evidenció con la crisis cacaotera de 1916-1925: la
inflación posguerra y la plaga de la “escoba de bruja” redujeron las exportaciones
de 20,2 millones de dólares en 1920 a 7,5 millones en 1923, afectando a la banca
guayaquileña y al sistema político (Cueva, 1997, p. 26). La emisión descontrolada
de billetes, la devaluación del sucre y el encarecimiento de la vida agravaron la
pobreza (Espinosa, 2010, p. 571), lo que derivó en huelgas y protestas que desa-
fiaron al liberalismo (Pareja, 1979, p. 336; Páez, 1990, p. 127). La huelga general de
noviembre de 1922 y su violenta represión, con más de un millar de muertos según
testimonios (Pareja, 1979, p. 337), marcaron un punto de inflexión: los trabajadores
comenzaron a reorganizarse en torno a núcleos socialistas que cuestionaban la
hegemonía oligárquica (Coronel, 2018, p. 198).
El golpe militar de 1925 inauguró la Revolución Juliana, un proceso heterogé-
neo que buscó limitar la supremacía oligárquica. Para Cueva (1990, p. 95) fue un
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Procesos electorales y crisis de hegemonía en la transición constucional del Ecuador (1931 – 1933)
intento fallido de transformación social; Espinosa (2010, p. 592) resaltó su carác-
ter regulador y benefactor; Coronel (2018, p. 202) destacó su apertura hacia los
derechos sociales, y Paz y Miño (2013, p. 16) lo consideró una bisagra histórica.
Entre sus aportes estuvo el surgimiento del ejército como actor político autónomo
(Paz y Miño, 2013, p. 28), la ampliación de funciones sociales del Estado y la en-
trada de sectores medios en la burocracia. Sin embargo, no logró consolidar una
alternativa económica: la dependencia agroexportadora persistió y se profundizó
con la Gran Depresión de 1929, que afectó gravemente el comercio exterior y los
ingresos fiscales (Naranjo, 2018, p. 84).
La recesión redujo exportaciones, transacciones internas y presupuesto estatal,
debilitando el apoyo social al julianismo. Los excesos burocráticos, la falta de pla-
nificación y el aumento de impuestos e inflación generaron descontento en cla-
ses medias y populares (Cueva, 1991, p. 72; Pareja, 1979, p. 359). El régimen se
derechizó, reprimiendo manifestaciones campesinas y urbanas (Almeida, 1990,
p. 176). La crisis alcanzó su punto de quiebre en agosto de 1931 con el derro-
camiento de Isidro Ayora (Cueva, 1990, p. 97). Los breves gobiernos posteriores
fracasaron en estabilizar la situación: Larrea Alba fue percibido como dictatorial
y Alfredo Baquerizo Moreno condujo a unas elecciones conflictivas (Pareja, 1979,
p. 359-360). Lejos de garantizar una transición ordenada, este proceso evidenció
el ingreso de actores populares en el campo político y la incapacidad de las élites
tradicionales para controlar la participación autónoma.
Partidos políticos
Siguiendo a Sartori (2005), los partidos políticos son agrupaciones que compiten
en elecciones para situar a sus candidatos en cargos públicos, mediando entre
ciudadanía y poder (p. 101). Mejía (1998, 2003) coincide en que constituyen meca-
nismos de representación que simplifican la identificación de propuestas y legi-
timan el acceso al poder (p. 289). Sin embargo, en el Ecuador de las décadas de
1920 y 1930 este papel se vio tensionado por la crisis institucional y la transfor-
mación de las prácticas electorales, que mostraron tanto la importancia como las
limitaciones de los partidos para articular proyectos colectivos. En este contexto
surgieron cuatro fuerzas principales: el Partido Conservador, el Partido Liberal
Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista, todos con una identidad fluc-
tuante y una marcada fragmentación que los convirtió en espacios de negocia-
ción coyuntural más que en vehículos programáticos sólidos.
El Partido Conservador, el más antiguo del país, enfrentó una crisis interna desde
fines del siglo XIX. Aunque se reorganizó en 1925 bajo Jacinto Jijón y Caamaño
(Paz y Miño, 1994, p. 95), en los años treinta no logró recuperar protagonismo.
Pese a declararse en ocasiones fuera de las elecciones, parte de sus bases
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apoyó a Neptalí Bonifaz a través de la Compactación Obrera Nacional en 1931 (El
Comercio, 1931, 16 septiembre; Quintero, 1997, p. 260). En 1932 presentó a Manuel
Sotomayor Luna, que alcanzó el segundo lugar, y en 1933, sin candidato propio,
varios conservadores respaldaron a José María Velasco Ibarra (El Comercio, 1932,
6 octubre; Ayala, 1989, p. 135). El Conservador se convirtió así en un partido que
denunciaba fraudes y mantenía presencia parcial, pero sin recuperar el poder.
El Partido Liberal Radical, fundado en 1896 por Eloy Alfaro, mantuvo peso polí-
tico tras su muerte en 1912, aunque marcado por divisiones internas (Cárdenas,
1994, p. 247). Durante la transición de 1931-1933, estas fracturas se profundizaron:
presentó candidaturas múltiples, intentó alianzas fallidas con los socialistas y ca-
reció de cohesión. En 1931 postuló a Cesáreo Carrera y Modesto Larrea Jijón (El
Comercio, 1931, 17 septiembre), y en 1932 triunfó con Juan de Dios Martínez Mera
gracias al respaldo gubernamental (El Comercio, 1931, 20 octubre; Ayala, 1989, p.
135). No obstante, en 1933, las pugnas internas dispersaron apoyos hacia socialis-
tas y hacia Velasco Ibarra, debilitando aún más su legitimidad entre los sectores
populares (Cueva, 1997, p. 34-38). Así, el liberalismo sobrevivió como fuerza influ-
yente, pero corroído por sus fracturas.
El Partido Socialista, creado en 1926 bajo inspiración marxista, emergió como al-
ternativa frente al liberalismo y al conservadurismo. Su base integró intelectuales,
trabajadores artesanales, militares y sectores medios urbanos (Rodas, 2006, p.
29). Aunque en 1931 y 1932 careció de candidatos propios, apoyó indirectamente
a Ildefonso Mendoza y Pablo Haníbal Vela, este último en tercer lugar en 1932
(Ayala, 1989, p. 135). En 1933 lanzó por primera vez un candidato propio, Carlos
Zambrano Orellana, quien alcanzó el segundo lugar, demostrando la capacidad
del socialismo para articular agendas obreras y sindicales más allá del binarismo
liberal-conservador. Su avance mostró cómo las fuerzas de izquierda empezaban
a disputar con mayor fuerza el espacio electoral, aunque aún con limitaciones
organizativas.
El Partido Comunista surgió en 1931 tras una escisión socialista y se vinculó a la
Internacional Comunista, aunque su origen se remontaba a la Federación Juvenil
Comunista de 1929 (Spenser, 2015, p. 133-157). Reconocido legalmente en 1933,
tuvo implantación limitada y un desempeño electoral reducido (Moncada, 1994,
p. 83). Su primera participación fue ese año con Ricardo Paredes, quien quedó
en cuarto lugar (Rodas, 2010; Ayala, 1989, p. 135). El comunismo, aunque marginal
en esta etapa, estuvo marcado por su reciente fundación, el débil arraigo social y
la propaganda anticomunista (El Comercio, 1931, 6 septiembre). No obstante, su
irrupción representó el inicio de una corriente política que, aunque minoritaria,
introdujo tensiones adicionales al sistema electoral y a la hegemonía de las élites
tradicionales.
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Procesos electorales y crisis de hegemonía en la transición constucional del Ecuador (1931 – 1933)
Sectores populares
Durante los procesos electorales de la década de 1930, los sectores populares
dejaron de ocupar un papel marginal para convertirse en actores centrales de la
política ecuatoriana. Su participación no respondió a una identidad homogénea,
sino a un proceso dinámico de politización, marcado por tensiones y disputas
internas (Bustos, 1992, p. 74). Así, la identidad política de los subalternos urbanos
se configuró como una construcción social en oposición al poder establecido, ar-
ticulando diversas demandas que reflejaban la heterogeneidad de estos grupos.
En este contexto, se distinguieron dos vertientes de acción popular: por un lado, la
multitud espontánea, conformada por vendedores ambulantes, estudiantes, des-
empleados y artesanos, cuya movilización respondía a coyunturas específicas; y,
por otro lado, los trabajadores organizados, que actuaban a través de sindicatos,
ligas campesinas y gremios estudiantiles (Bustos, 1991, p. 95 – 96). La noción de
“multitud” permite entender a estos sectores como un sujeto diverso que, pese a
sus diferencias internas, compartía experiencias comunes de exclusión y precarie-
dad, generando formas colectivas de acción política (Hard y Negri, 2004, p. 128).
La multitud adquirió protagonismo no solo en manifestaciones callejeras, sino
también en la arena electoral. Según Maiguashca y North (1991), estas expresio-
nes deben comprenderse como luchas sociales en formación, donde los indivi-
duos interpretaron sus condiciones materiales a partir de referentes culturales
heredados. Este proceso otorgó a los sectores populares un carácter politizado,
pero no unificado, lo que explica su capacidad para desbordar los marcos parti-
darios tradicionales e irrumpir en la esfera pública con repertorios novedosos de
movilización (p. 95).
En cuanto a la segunda vertiente, los trabajadores organizados representaron una
de las fuerzas sociales más dinámicas en los procesos electorales. Su participa-
ción en la política nacional no fue espontánea, sino el resultado de un proceso de
organización y politización promovido principalmente por el Partido Socialista.
Este partido surgió como una alternativa al desencanto generado por el Partido
Liberal, el cual se demostró incapaz de cumplir las expectativas sociales de los
sectores populares. Este partido desempeñó un papel fundamental en la orga-
nización de los trabajadores. Promovió la creación de sindicatos campesinos e
indígenas en regiones como Cayambe y Milagro (Almeida, 1990, p. 175), y articu-
ló a sectores urbanos precarizados mediante organizaciones como la Sociedad
Artística e Industrial de Pichincha, que en 1931 se posicionó políticamente opuesta
a la candidatura de Neptalí Bonifaz (Bustos, 1991, p. 108). Estos espacios expre-
saron la necesidad de mejores condiciones laborales, justicia social y acceso a la
tierra, combinando movilización callejera con participación electoral.
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Carlos Manuel Nuñe Michuy, Katherine Cecibel Saltos Paredes, Erika Germania Herrera Irazábal, Jacqueline Isabel Cabezas Cerna
Frente al avance socialista, el conservadurismo replanteó su estrategia impul-
sando organizaciones de inspiración católica, como la Compactación Obrera
Nacional, que defendía la mejora de las condiciones de vida, aunque bajo un en-
foque reformista y en oposición de la lucha de clases (Espinosa, 2018, p. 56). Tanto
la izquierda como la derecha coincidieron ocasionalmente en luchas populares,
como las protestas contra el Estanco de Fósforos o la caída de Isidro Ayora. Sin
embargo, estas alianzas fueron circunstanciales y se quebraron en medio de vio-
lentos enfrentamientos, reafirmando que los sectores populares constituían un
actor decisivo, pero diverso, en la crisis de hegemonía que atravesó la transición
constitucional de 1931 a 1933 (López, 2015, p.15).
Normativas legales de los procesos electorales
En el Ecuador, los procesos electorales de inicios del siglo XX se desenvolvieron
en un contexto de fragilidad institucional, en el que las constituciones republica-
nas convivían con constantes cambios de gobierno (Posada, 2003, p. 319). Aunque
desde 1856 se realizaron elecciones presidenciales, la democracia seguía siendo
de carácter censitario, restringida por condiciones como alfabetización, edad, gé-
nero y situación económica, lo que generó un electorado reducido y excluyente
(Pareja, 1979). Para la década de 1930, estas limitaciones persistían, a pesar de la
normativa vigente.
Las elecciones de 1931, 1932 y 1933 se realizaron bajo la Constitución de 1929 y la
Ley de Elecciones de ese mismo año. La Carta Magna, considerada bisagra entre
los siglos XIX y XX, consolidó derechos liberales e introdujo principios sociales
vinculados al trabajo, la salud y la protección de la infancia (Paz y Miño, 2007).
En materia electoral, amplió la ciudadanía al reconocer el voto femenino, convir-
tiendo al Ecuador en el primer país latinoamericano en legalizarlo (Constitución
Política de la República del Ecuador, 1929; Prieto y Goetschel, 2008). No obstante,
el requisito de saber leer y escribir limitó su alcance, ya que la mayoría de la po-
blación era analfabeta (Quintero, 1997).
La normativa disponía que, antes de votar, los ciudadanos debían inscribirse en
Juntas Parroquiales, que funcionaban anualmente en septiembre y nuevamen-
te días ante de los comicios para corregir datos o resolver reclamos (Ley de
Elecciones, 1929). El sufragio era directo, voluntario y se realizaba durante dos
días en espacios públicos designados por las autoridades. Las papeletas, manus-
critas en papel simple, debían contener únicamente el nombre del candidato, y
tras el cierre de las urnas, las actas se remitían al Consejo Provincial para el es-
crutinio general (Yerbabuena, 2023, p. 107).
A pesar de la formalidad del procedimiento, el número de votantes se mantu-
vo bajo, lo que evidencia, la persistencia de un electorado restringido y poco
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Procesos electorales y crisis de hegemonía en la transición constucional del Ecuador (1931 – 1933)
representativo. Además de la exclusión estructural de amplios sectores popula-
res, la apatía hacia el sufragio se reflejó en una débil inscripción ciudadana y en la
desconfianza hacia un sistema marcado por fraudes y prácticas clientelares, fac-
tores que limitaron el desarrollo de una democracia efectiva durante la transición
constitucional de 1931 – 1933 (Yerbabuena, 2023, p. 108).
El inicio de las campañas presidenciales de la década de 1930 respondía a la or-
ganización de comités y grupos políticos que proponían candidatos sin que exis-
tiera un órgano formal que legitimara las postulaciones. En 1931, agricultores y
obreros promovieron la candidatura de Neptalí Bonifaz, conformando directorios
provinciales y comunicando sus resoluciones a través de la prensa nacional (El
Comercio, 1931, 18 septiembre). La aceptación de la candidatura se formalizaba
también en los periódicos mediante manifiestos o cartas abiertas, en las que los
aspirantes expresaban su disposición a representar intereses nacionales más allá
de un círculo partidario específico (El Comercio, 1931, 20 septiembre).
El respaldo electoral se canalizaba a través de comités pro candidatos, que des-
empeñaban un papel crucial en la propaganda política. Estos podían estar ligados
a partidos, pero en muchos casos se organizaban en torno a la figura del pre-
sidenciable, lo que ocasionaba tensiones entre comités centrales y cantonales.
La fragmentación política se reflejó en las elecciones de 1932, cuando facciones
liberales impulsaron candidaturas distintas, como las de José Federico Intriago
en Manabí y Juan de Dios Martínez Mera en Guayaquil, mientras que los socialis-
tas, tras disolver el Comité de Concentración de Izquierdas, decidieron abstener-
se de participar formalmente, aunque algunos de sus militares apoyaron a Pablo
Haníbal Vela (El Comercio, 1932, 18 y 22 septiembre, 3 octubre)
El contexto electoral de los años treinta también evidenció la emergencia de la
política de masas. Aunque solo entre el 3% y 4% de la población estaba habilita-
da para sufragar, amplios sectores no votantes se involucraban activamente en
mítines, comités y actos de campaña (Yerbabuena, 2023, p. 114). En parroquias
como Alfaro, en Quito, la diferencia entre inscritos en el padrón y miembros de
cubes pro candidatos muestra que la movilización popular no siempre se tradu-
cía en votos (El Comercio, 1931, 27 septiembre). Esta participación respondía, en
gran medida, a la búsqueda de un “buen patrón” tras la crisis de los años veinte y
treinta, lo que explica el atractivo de liderazgos carismáticos como los de Bonifaz
en 1931 y Velasco Ibarra en 1933 (Ospina, 2021, p. 217).
Desarrollo de los acontecimientos: impacto y redefinición del poder
El periodo de 1931-1933 marcó una etapa de redefinición del poder político en el
Ecuador, en medio de una crisis heredada de la Revolución Juliana y los efectos
de la Gran Depresión. El agotamiento del reformismo, la caída de los ingresos
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fiscales y el creciente descontento de las élites y de la población urbana acen-
tuaron la inestabilidad institucional. En este contexto, la relación entre Ejecutivo y
Legislativo se tornó conflictiva, alimentada por una prensa crítica que amplificaba
las tensiones y contribuía a un clima de desconfianza generalizada (El Comercio,
1931). La fractura entre poderes del Estado evidenció la incapacidad de sostener
consensos mínimos, debilitando la legitimidad gubernamental.
La crisis alcanzó un punto de quiebre en agosto de 1931, cuando sectores del
Ejército, en particular Batallón Chimborazo, se negaron a respaldar al presidente
Ayora y protagonizaron una insurrección que contó con el apoyo de amplios sec-
tores populares movilizados en Quito (El Universo, 1931, 25 agosto). Ante la pre-
sión civil y militar, Ayora presentó su renuncia, delegando provisionalmente el po-
der a Luis Larrea Alba, quien poco después intentó instaurar una dictadura militar
con apoyo parcial de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la reacción popular y el
rechazo del Congreso forzaron su dimisión inmediata, dando paso a un interinato
de Alfredo Baquerizo Moreno, encargado de convocar elecciones presidenciales
conforme a la Constitución de 1929 (El Comercio, 1931, 16 octubre).
Las elecciones de octubre de 1931 evidenciaron la improvisación de los partidos
y la fragmentación del sistema político. Mientras los liberales no lograron uni-
ficar candidaturas, los conservadores apoyaron de manera informal a Neptalí
Bonifaz, respaldado también por sectores campesinos y obreros organizados (El
Comercio, 1931, 17 septiembre). A pesar de la participación de nuevas fuerzas so-
ciales, el proceso se caracterizó por irregularidades en el conteo y ausencia de
una institucionalidad electoral sólida, lo que debilitó aún más la confianza en los
mecanismos de representación (Yerbabuena, 2023, p. 118).
La elección de Neptalí Bonifaz en 1931 agravó la crisis política al ser cuestionada su
nacionalidad, lo que enfrentó al Congreso con sus seguidores (El Comercio, 1931,
4 octubre). La anulación de su triunfo desembocó en la Guerra de los Cuatro Días
(agosto de 1932), un enfrentamiento sangriento que dividió a militares y obreros,
evidenciando la fragilidad del sistema y la incapacidad de las instituciones para
canalizar la disputa por el poder (Gómez, 1933; El Universo, 1932. 3 septiembre).
Tras la guerra civil, el Congreso designó a Alberto Guerrero Martínez como presi-
dente interino y convocó nuevas elecciones. En los comicios de octubre, Juan de
Dios Martínez Mera resultó electo, aunque persistieron dudas sobre el proceso. La
novedad fue la participación de mujeres como candidatas, un hecho pionero en
la política nacional. Sin embargo, la inestabilidad continuó, reflejando la falta de
consensos y la prolongación de la crisis de hegemonía (El Comercio, 1932, p. 1-6)
El gobierno de Juan de Dios Martínez (1932-1933) se vio debilitado por la posgue-
rra civil, la crisis económica y protestas sociales como la revuelta de Riobamba,
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que reflejaron la fractura militar y el descontento ciudadano (Cueva, 1997, p. 38;
La Razón; 1933, 18 mayo). La oposición creció en el Congreso, donde José María
Velasco Ibarra se consolidó como una figura política, apoyado por paros obreros y
sectores urbanos. La destitución de Martínez Mera en octubre de 1933 abrió paso
al interinato de Abelardo Montalvo y, finalmente, a las elecciones de diciembre, en
las que Velasco Ibarra triunfó ampliamente, marcando el inicio de un nuevo ciclo
político sustentado más en el liderazgo personal que en los partidos tradicionales
(El Comercio, 1933, 18 y 29 octubre).
Discusión
La investigación mostró que la crisis de hegemonía ecuatoriana de 1931-1933 no
fue un hecho aislado, sino el reflejo de un proceso estructural de larga duración.
El deterioro del modelo agroexportador, junto con la fragmentación de las élites
serranas y costeñas, debilitó la capacidad de las clases dominantes para mante-
ner consensos estables. Este hallazgo coincide con Cueva (1997), quien vinculó
la crisis cacaotera y la dependencia del capital extranjero con la desintegración
del orden oligárquico. También se relaciona con Espinosa (2010), que resaltó la
debilidad del Estado para enfrentar los conflictos sociales, mostrando cómo la
fragilidad estructural impidió una respuesta institucional efectiva en un contexto
de creciente conflictividad.
Otro aspecto central fue la emergencia de los sectores populares como actores
políticos activos más allá del sufragio, a través de huelgas, protestas y organi-
zaciones sindicales y campesinas. Estos resultados dialogan con Maiguashca y
North (1991), quienes destacaron que los cambios económicos regionales rom-
pieron lealtades tradicionales y permitieron nuevas formas de acción colectiva.
Bustos (1991) complementó esta visión al mostrar cómo la politización obrera en
Quito redefinió identidades de clase, reforzando la idea de que la crisis de hege-
monía abrió espacios para la acción subalterna. En este sentido, la investigación
evidencia cómo la movilización popular no solo tensionó las relaciones de poder,
sino que también modificó la relación entre élites y sectores subordinados en la
arena política.
La investigación también abordó el papel de los partidos políticos como mediado-
res entre ciudadanía y poder, aunque su debilidad y fragmentación programática
limitaron su alcance. Coincidiendo con Quintero (1997), se observa que el sistema
partidario del período careció de cohesión y operó más como un espacio de ne-
gociación coyuntural que como un vehículo de representación duradero. Coronel
(2018) apuntó en la misma línea, señalando la ausencia de proyectos nacionales
inclusivos en las plataformas partidarias. Esto revela que, en lugar de articular un
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programa estable, los partidos funcionaron como mecanismos circunstanciales,
lo que aumentó la fragilidad del sistema político y dejó un vacío de representación
que fue ocupado por otros actores.
Se destacó la irrupción del ejército como un actor político autónomo, cuyo papel
ya no se limitó a respaldar caudillos, sino que buscó proyectarse como garante de
estabilidad institucional. Paz y Miño (2013) subrayó su función modernizadora tras
la Revolución Juliana, aunque los datos muestran que su intervención también
debilitó la legitimidad del sistema representativo y desplazó a los partidos en la
gestión de los conflictos. Coronel (2022) advirtió que la tensión entre civiles y mi-
litares se convirtió en un rasgo constante de la política del siglo XX, lo que ayuda a
entender cómo la inestabilidad se mantuvo pese a la ampliación del rol castrense.
Así, el ejército emergió como fuerza ambivalente: modernizadora en apariencia,
pero generadora de nuevas tensiones en la institucionalidad democrática.
La comparación regional permitió insertar estos resultados en un marco más am-
plio. Procesos similares de crisis de representación y emergencia de actores po-
pulares se evidenciaron en otros países andinos durante los años treinta, confir-
mando que el caso ecuatoriano formó parte de una tendencia latinoamericana de
reconfiguración estatal. Esto refuerza la idea de que los procesos electorales no
deben verse como episodios aislados, sino como condensaciones de disputas so-
ciales y económicas de largo plazo. Ospina (2021) subrayó que la construcción de
un Estado transformista en Ecuador estuvo atravesada por tensiones entre mo-
dernización, conflicto social y búsqueda de legitimidad, lo que se confirma con los
hallazgos de este estudio. De esta manera, la crisis de hegemonía se inscribe en
dinámicas estructurales y regionales que excedieron las coyunturas inmediatas.
Conclusiones
Se concluye que los procesos electorales ocurridos entre 1931 y 1933 pusieron de
manifiesto la crisis de hegemonía de un sistema oligárquico en proceso de des-
composición. Lejos de consolidar consensos, dichos comicios se transformaron
en escenarios de confrontación, anticipando el surgimiento de nuevas dinámicas
políticas caracterizadas por una creciente participación popular y una marcada
inestabilidad institucional.
Se identificó que tanto los partidos políticos como las instituciones estatales
desempeñaron un rol limitado en el sostenimiento de la gobernabilidad. La frag-
mentación interna, los constantes enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el
Legislativo, así como la falta de autonomía del poder judicial, pusieron en evidencia
la debilidad de las estructuras estatales, lo cual intensificó la crisis de legitimidad.
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Procesos electorales y crisis de hegemonía en la transición constucional del Ecuador (1931 – 1933)
Los resultados demostraron que los sectores populares alcanzaron un papel pro-
tagónico mediante su involucramiento en manifestaciones, huelgas y la organi-
zación sindical. Estas formas de acción colectiva desbordaron los canales tradi-
cionales de representación política, alterando de forma significativa la relación
entre las élites y los grupos subalternos, y consolidando así el surgimiento de una
política de masas en el país.
Se concluye que la profunda crisis económica y social originada por el colapso
del modelo agroexportador fue un factor clave en el escenario de inestabilidad
política. La reducción de los ingresos fiscales, el incremento de la inflación y el
creciente malestar social alimentaron la fragmentación del sistema partidario y
propiciaron el ascenso de liderazgos personalistas, como el encarnado por José
María Velasco Ibarra.
Se subraya que el período comprendido entre 1931 y 1933 representa un punto de
quiebre en la trayectoria política del Ecuador. La crisis de hegemonía evidenció la
incapacidad de las élites tradicionales para sostener acuerdos duraderos y abrió
camino a nuevas modalidades de participación política. Esta investigación aporta
a la comprensión de los orígenes de la política moderna ecuatoriana, permitiendo
además situar el caso dentro de un contexto comparativo más amplio en el marco
latinoamericano.
Agradecimientos
A la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, por su apoyo incondicional
para este trabajo de investigación.
Financiación
El presente trabajo forma parte de la tesis doctoral “Campañas políticas y elec-
ciones presidenciales en el Ecuador. 1931 – 1933”, financiada por la Universidad
Andina Simón Bolivar, Sede Ecuador, a través de sus becas doctorales.
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Carlos Manuel Nuñe Michuy, Katherine Cecibel Saltos Paredes, Erika Germania Herrera Irazábal, Jacqueline Isabel Cabezas Cerna
El Universo 1931, 1932.
La Razón 1933.
