Revista Killkana Sociales
Vol. 9, No. 3 | septiembre-diciembre 2025 | ISSN: 2528-8008. ISSN Elect.: 2588-087X
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La responsabilidad extracontractual
en Ecuador: una perspectiva
desde el derecho constitucional,
administrativo y civil
Extracontractual liability in Ecuador: a perspective from
constitutional, administrative and civil law
Recepción: 03 de junio de 2025 | Aprobación: 05 de septiembre de 2025 | Publicación: 30 de septiembre de 2025
Maria Gabriela Reyes Idrovo
mreyesi@ucacue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.
Germán Vélez Crespo
segundo.velez@ucacue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.
DOI: https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v9i3.1501
Resumen
Este estudio analiza en profundidad la responsabilidad extracontractual en Ecuador desde tres
perspectivas esenciales del derecho: constitucional, administrativo y civil. A través de este enfo-
que integral, se busca comprender cómo interactúan estas ramas para determinar la responsabi-
lidad por daños y perjuicios que no derivan de una relación contractual.
Desde la perspectiva constitucional, se examinan principios clave como el acceso a la justicia, la
tutela judicial efectiva y el derecho a una reparación integral. La Constitución ecuatoriana estable-
ce que el Estado es responsable por los daños que cause cuando vulnera derechos fundamenta-
les, ya sea por acción u omisión.
Contribución didáctica docente. Revista Killkana Sociales. Vol. 9, No. 3, pp. 1-20, septiembre-diciembre, 2025.
p-ISSN 2528-8008 / e-ISSN 2588-087X. Universidad Católica de Cuenca
Diego Trelles Vicuña
dtrelles@ucacue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.
Revista Killkana Sociales
Vol. 9, No. 3 | septiembre-diciembre 2025 | ISSN: 2528-8008. ISSN Elect.: 2588-087X
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Maria Gabriela Reyes Idrovo, Germán Vélez Crespo, Diego Trelles Vicuña
En el ámbito administrativo, el estudio aborda la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios
cuando, en el ejercicio de sus funciones, generan daños a los ciudadanos. El Código Orgánico
Administrativo (COA) regula este tipo de responsabilidad, estableciendo que el Estado debe in-
demnizar cuando se demuestre que un daño fue causado de manera antijurídica.
Desde el derecho civil, el estudio explora los fundamentos de la responsabilidad extracontractual y
los requisitos necesarios para exigir una reparación. Se destacan elementos clave como la existen-
cia de un daño real, la antijuridicidad del acto, la relación de causalidad entre el hecho y el daño, y
la imputabilidad del responsable. Se analizan también las diferencias entre la responsabilidad sub-
jetiva, basada en la culpa, y la responsabilidad objetiva sin necesidad de probar dolo o negligencia.
El estudio emplea una metodología de revisión exhaustiva de la legislación, la doctrina y la juris-
prudencia vigente para ilustrar la aplicación práctica de estos principios en Ecuador. A través del
análisis de sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia, se identifican
los criterios utilizados para determinar la responsabilidad en distintos escenarios, permitiendo
entender los avances logrados y las áreas que requieren mejoras en la aplicación de la normativa.
Palabras clave: responsabilidad extracontractual, estado, principios de responsabilidad, respon-
sabilidad civil, administrativo, constitucional.
Abstract
This study provides an in-depth analysis of non-contractual liability in Ecuador from three essential
legal perspectives: constitutional, administrative, and civil. Through this comprehensive approach,
it seeks to understand how these branches interact to determine liability for damages not arising
from a contractual relationship.
From a constitutional perspective, it examines key principles such as access to justice, eective
judicial protection, and the right to full reparation. The Ecuadorian Constitution establishes that the
State is liable for the damages it causes when it violates fundamental rights, whether by action or
omission.
In the administrative sphere, the study addresses the liability of the State and its oicials when,
in the exercise of their functions, they cause harm to citizens. The Organic Administrative Code
(COA) regulates this type of liability, establishing that the State must compensate when it is proven
that harm was caused unlawfully.
From a civil law perspective, the study explores the foundations of non-contractual liability and the
requirements necessary to demand reparation. Key elements are highlighted, such as the existence
of actual harm, the unlawfulness of the act, the causal relationship between the act and the harm,
and the accountability of the responsible party. The dierences between subjective liability, based
on fault, and strict liability without the need to prove intent or negligence are also analyzed.
The study employs a methodology for an exhaustive review of current legislation, doctrine, and
jurisprudence to illustrate the practical application of these principles in Ecuador. Through the
analysis of rulings from the Constitutional Court and the National Court of Justice, the criteria used
to determine liability in dierent scenarios are identified, allowing us to understand the progress
made and the areas that require improvement in the application of the regulations.
Keywords: extracontractual liability, state, principles of liability, civil, administrative, constitutional.
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La responsabilidad extracontractual en Ecuador: una perspecva desde el derecho
Introducción
La responsabilidad extracontractual, como parte esencial del sistema jurídico
ecuatoriano, ha sido objeto de un escrutinio detenido desde diversas perspectivas
legales. Este artículo se adentra en el complejo entramado de la responsabilidad
por daños y perjuicios en Ecuador, examinando su naturaleza y alcance desde tres
dimensiones esenciales: el derecho constitucional, administrativo y civil. En un
contexto donde la protección de los derechos individuales y colectivos constituye
un pilar fundamental del Estado de derecho, resulta crucial comprender cómo
estas distintas ramas del derecho interactúan para garantizar una justicia efectiva
y equitativa.
El derecho constitucional ecuatoriano proporciona el marco normativo funda-
mental que influye en la responsabilidad extracontractual. Como señala Smith
(2018), la Constitución de la República del Ecuador de 2008 consagra el acceso
a la justicia como un derecho fundamental, garantizando a todas las personas la
posibilidad de demandar la reparación por daños y perjuicios derivados de actos
ilícitos. Este principio constitucional sienta las bases para el análisis de la respon-
sabilidad extracontractual en el país, enfatizando la importancia de un sistema
judicial accesible y eficiente.
Por otro lado, el derecho administrativo ecuatoriano regula la responsabilidad del
Estado y de los particulares en casos de daños causados por acciones u omisio-
nes. Según Gómez (2020), en Ecuador, el régimen de responsabilidad adminis-
trativa se rige por principios de legalidad, imparcialidad y eficiencia, buscando
garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos frente a actuaciones
estatales indebidas. Este enfoque administrativo de la responsabilidad comple-
menta la perspectiva constitucional, proporcionando un marco normativo especí-
fico para casos que involucran a la administración pública.
Desde el ámbito civil, la responsabilidad extracontractual se examina a través del
prisma de las normas y principios que rigen las relaciones entre particulares. De
acuerdo con Pérez (2019), en Ecuador, la responsabilidad civil por daños y perjui-
cios se fundamenta en la teoría del riesgo creado y en el principio de reparación
integral, que busca restablecer la situación anterior al daño en la medida de lo
posible. Este enfoque civil de la responsabilidad aporta una perspectiva comple-
mentaria, centrada en la protección de los derechos individuales y en la compen-
sación adecuada de los perjuicios sufridos.
En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo examinar de manera
integral la responsabilidad extracontractual en Ecuador, considerando su trata-
miento desde las dimensiones constitucional, administrativa y civil. Para ello, se
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realizará una revisión exhaustiva de la literatura jurídica pertinente, así como un
análisis de casos jurisprudenciales relevantes que permitan ilustrar la aplicación
práctica de los principios legales discutidos.
La responsabilidad extracontractual del Estado en el Ecuador es un tema de re-
levancia tanto en el ámbito del derecho administrativo como en el derecho civil.
Este tema aborda las situaciones en las cuales el Estado, en el ejercicio de sus
funciones, causa daños a los ciudadanos, ya sea por acciones u omisiones. En
este contexto, es fundamental comprender las implicaciones legales y las nor-
mativas que rigen esta responsabilidad, tanto desde la perspectiva del derecho
administrativo como del derecho civil. El derecho administrativo regula las rela-
ciones entre los ciudadanos y el Estado, estableciendo los procedimientos y las
normativas que guían la actuación de la administración pública. En este marco,
la responsabilidad extracontractual del Estado se deriva de acciones u omisiones
que causen daños a los individuos en el ejercicio de sus funciones públicas.
Por otro lado, el derecho civil se encarga de regular las relaciones entre los parti-
culares, incluyendo los casos en los que se vean afectados por actos del Estado.
En este sentido, la responsabilidad extracontractual del Estado se enmarca dentro
de las disposiciones legales que establecen la reparación de daños causados a
los ciudadanos. Es esencial analizar cómo se articulan estas dos ramas del de-
recho en el contexto ecuatoriano para entender de qué manera se garantiza la
protección de los derechos de los ciudadanos frente a las acciones del Estado.
En este artículo, se explorarán los principios y las normativas que orientan la res-
ponsabilidad extracontractual del Estado en Ecuador, así como los mecanismos
disponibles para la reparación de los daños causados a los ciudadanos.
Como señala González (2018), “la responsabilidad del Estado se fundamenta en
el principio de legalidad y en el deber de reparación integral del daño causado”.
Asimismo, según la Constitución de la República del Ecuador (2008), “el Estado
será responsable por los daños que causen sus agentes”.
Desarrollo
La responsabilidad extracontractual en Ecuador constituye un tema de vital im-
portancia en el ámbito jurídico, abarcando áreas fundamentales del derecho
constitucional, administrativo y civil. En este contexto, se busca una comprensión
integral de las implicaciones legales y las obligaciones del Estado frente a los
ciudadanos en situaciones donde se causen daños y perjuicios fuera de un con-
trato explícito. En palabras de Pérez (2019), la responsabilidad extracontractual
del Estado en Ecuador se encuentra anclada principalmente en la Constitución y
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La responsabilidad extracontractual en Ecuador: una perspecva desde el derecho
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia. Esto
subraya la centralidad de este tema en el marco legal del país.
Además, Gutiérrez (2020) enfatiza que esta responsabilidad no solo implica la
reparación del daño, sino también la salvaguardia de los derechos fundamentales
de los ciudadanos, evidenciando así la estrecha relación entre la responsabilidad
estatal y el respeto a los derechos humanos. Para profundizar en este tema, resul-
ta esencial examinar cómo se define y aplica la responsabilidad extracontractual
en el contexto ecuatoriano desde una perspectiva multidisciplinaria. Rodríguez
(2018) destaca que, en el ámbito del derecho constitucional, la responsabilidad
del Estado se fundamenta en el deber de proteger los derechos fundamentales de
los ciudadanos, establecido en la Constitución. Este deber se extiende a todas las
ramas del Estado y se materializa a través de la reparación integral en casos de
violación de estos derechos.
En el ámbito administrativo, la responsabilidad extracontractual se relaciona es-
trechamente con la actuación de los funcionarios públicos y la prestación de ser-
vicios públicos. López (2021) subraya que los ciudadanos pueden demandar res-
ponsabilidad al Estado por actos u omisiones de sus agentes que causen daños,
lo que resalta la importancia de garantizar una prestación adecuada de servicios y
el respeto a los derechos de los ciudadanos. En el ámbito civil, la responsabilidad
extracontractual se rige por los principios fundamentales del derecho civil, como
la culpa, el daño y el nexo causal. Martínez (2017) señala que la jurisprudencia
ecuatoriana ha establecido que el Estado es responsable de reparar los daños
causados por sus agentes en el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando se
demuestre la existencia de estos elementos.
La responsabilidad extracontractual del Estado desde una perspectiva social es
un tema crucial que examina cómo las acciones gubernamentales impactan en la
sociedad y cómo se establecen los mecanismos de reparación en caso de daños o
perjuicios. García (2018) destaca que esta responsabilidad se basa en el principio
de solidaridad estatal hacia los ciudadanos, reflejando el compromiso del Estado
de proteger sus intereses y derechos. Como ya se mencionó, la literatura acadé-
mica resalta la importancia de considerar el impacto social de la responsabilidad
extracontractual del Estado. López (2020) subraya que esta responsabilidad no
se limita a reparar el daño material, sino que también implica compensar el sufri-
miento y las afectaciones emocionales y sociales causadas a los individuos y co-
munidades afectadas. Esto enfatiza la necesidad de adoptar un enfoque integral
que considere tanto el aspecto financiero como el bienestar humano.
En Ecuador, la responsabilidad extracontractual del Estado ha evolucionado
significativamente en la jurisprudencia, consolidándose como un mecanismo
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clave para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos. La Corte
Constitucional, en la Sentencia No. 651-17-EP/22, reafirmó que las demandas de
reparación por daños causados por el Estado deben ser conocidas por la juris-
dicción contencioso-administrativa, garantizando así un proceso especializado y
adecuado para resolver estos conflictos. Esta decisión no solo refuerza el acceso
a la justicia, sino que también enfatiza la obligación del Estado de asumir su res-
ponsabilidad cuando sus acciones u omisiones causan perjuicios a las personas.
En este sentido, la Corte ha insistido en que la reparación debe ser efectiva y
proporcional al daño ocasionado, evitando dilaciones innecesarias en los proce-
sos judiciales y garantizando que las víctimas reciban la compensación que les
corresponde (Corte Constitucional del Ecuador, 2022).
Ya no solo en materia civil y constitucional, sino en materia administrativa, la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia ha sentado pre-
cedentes importantes en cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado, como
lo profundizaremos más adelante, veremos por ejemplo como con la Resolución
No. 112-2018, la Corte abordó la falta o deficiencia en la prestación de servicios pú-
blicos, estableciendo que el Estado debe responder por los perjuicios ocasionados
sin necesidad de que la víctima pruebe la culpa o el dolo del funcionario involucra-
do. Este criterio es relevante porque refuerza el principio de responsabilidad obje-
tiva, que se fundamenta en la sola existencia del daño y su vínculo con la actuación
estatal. Además, se ha destacado que la indemnización no debe ser meramente
simbólica, sino que debe garantizar una reparación integral acorde con el perjuicio
sufrido. Con estos pronunciamientos, la jurisprudencia ecuatoriana avanza hacia
un modelo más garantista, en el que la administración pública es llamada a res-
ponder de manera efectiva por los daños que cause, fortaleciendo así la confianza
de la ciudadanía en el sistema de justicia (Corte Nacional de Justicia, 2018).
La jurisprudencia ha sido clave en la definición y aplicación de la responsabilidad
extracontractual del Estado desde una perspectiva social. Fernández (2019) seña-
la que las decisiones judiciales han establecido criterios para determinar cuándo
el Estado debe responder por los daños causados a la sociedad, especialmente en
casos de violaciones a los derechos humanos o desastres naturales. En conclu-
sión, la responsabilidad extracontractual del Estado desde el punto de vista social
implica reconocer y atender las repercusiones que las acciones gubernamentales
tienen en la sociedad. Es esencial que el Estado asuma su responsabilidad en la
protección y reparación de los derechos y el bienestar de los ciudadanos, promo-
viendo así un desarrollo social equitativo y sostenible.
Derecho administrativo
El derecho administrativo en Ecuador aborda la responsabilidad extracontractual del
Estado a través de diversos elementos. Entre ellos, se destacan la figura del servicio
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La responsabilidad extracontractual en Ecuador: una perspecva desde el derecho
público, la cual establece que la administración debe actuar de manera eficiente y
respetando los derechos de los ciudadanos (Cevallos, 2018). Además, se considera
la teoría del riesgo creado, que implica que el Estado es responsable de los daños
que cause en el ejercicio de sus funciones, incluso sin culpa (Santos, 2016).
Abordar la responsabilidad extracontractual del Estado implica sumergirse en la
compleja relación entre este y los particulares, marcada por una evolución signi-
ficativa. Anteriormente, el Estado carecía de responsabilidad hacia la sociedad,
pero en la actualidad, la legislación reconoce la obligación de compensar cual-
quier daño o perjuicio ocasionado a un individuo. Según Guanoluisa Almache,
Crespo-Berti y Liscano Chapeta (2021), tanto el Estado como cualquier individuo
que actúe en nombre de una autoridad pública deben reparar las violaciones a los
derechos de los ciudadanos, ya sea por deficiencias en los servicios públicos o
por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones.
Letelier Wartenberg (2002) indica que las responsabilidades extracontractuales
surgen de incumplimientos de las responsabilidades estatales y constitucionales,
lo cual se vincula directamente con el tema penitenciario y su manejo deficiente
por parte del Estado. Por otro lado, León-Otálora (2019) destaca que la relación
entre el Estado y las personas privadas de libertad es especial, ya que estos indi-
viduos, al estar privados de su libertad, enfrentan limitaciones para satisfacer sus
necesidades, las cuales deben ser suplidas por el Estado.
La responsabilidad extracontractual del Estado en Ecuador, vista desde la óptica
del derecho administrativo, es un pilar esencial en la relación entre el gobierno
y los ciudadanos, garantizando la protección de los derechos individuales ante
las acciones u omisiones de la administración pública. En palabras de Martínez
(2018), en el ámbito del derecho administrativo, la responsabilidad estatal se fun-
damenta en el principio de legalidad y en la obligación de los funcionarios públi-
cos de actuar diligentemente y con eficiencia en el ejercicio de sus funciones. Esto
implica que el Estado debe responder por los daños causados a los ciudadanos
debido a acciones negligentes o ilegales de sus representantes.
Cuando la administración pública guarda silencio ante las solicitudes de los ciu-
dadanos, no solo incumple su deber de respuesta, sino que también puede ge-
nerar daños que deriven en la responsabilidad extracontractual del Estado. En
Ecuador, la normativa exige que las entidades estatales se pronuncien dentro de
plazos establecidos, pero en la práctica, la falta de respuesta sigue siendo un pro-
blema recurrente. Esta omisión puede afectar derechos fundamentales y generar
inseguridad jurídica, dejando a los ciudadanos en una situación de indefensión.
Cuando el silencio administrativo causa un perjuicio real y comprobable, el Estado
puede ser obligado a reparar el daño, ya que su falta de acción constituye una
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vulneración de derechos que puede considerarse una falta de servicio. Para evitar
que esta situación continúe afectando a los ciudadanos, se ha planteado la nece-
sidad de reforzar los mecanismos de control y sanción dentro de la administra-
ción pública, asegurando no solo el cumplimiento de los plazos de respuesta, sino
también la reparación integral en los casos donde el silencio administrativo haya
ocasionado un perjuicio legítimo (Vélez Crespo & Torres Rodas, 2022).
En el derecho administrativo ecuatoriano, el juicio de repetición es una herramien-
ta legal que permite al Estado recuperar los montos que ha tenido que pagar en
indemnizaciones cuando un funcionario público, por su actuación negligente o
dolosa, ha causado un daño a un tercero. Aunque la Constitución de 2008 con-
templa este mecanismo como una forma de garantizar la responsabilidad de los
servidores públicos, su aplicación en la práctica ha sido bastante limitada. Esto se
debe, en gran parte, a la falta de claridad en las normas que lo regulan y a la au-
sencia de procedimientos bien definidos para su ejecución. Como consecuencia,
en muchos casos el Estado asume los costos de las indemnizaciones sin poder
exigir que los funcionarios responsables respondan por los perjuicios causados.
Esta situación no solo afecta el manejo eficiente de los recursos públicos, sino que
también debilita la confianza en el sistema de responsabilidad estatal, ya que la
falta de aplicación efectiva de este mecanismo puede generar un mensaje de im-
punidad dentro de la administración pública (Reyes Idrovo & Torres Rodas, 2022).
Por otro lado, Gómez (2020) destaca que la responsabilidad extracontractual del
Estado en el ámbito administrativo también requiere la implementación de medi-
das preventivas para evitar la ocurrencia de daños. Esto abarca el establecimiento
de protocolos y controles internos que aseguren la calidad y seguridad de los
servicios públicos ofrecidos. En este contexto, es imperativo que el Estado fomen-
te una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todas sus actividades
administrativas. Según Fernández (2019), la transparencia no solo contribuye a
prevenir posibles reclamos de responsabilidad, sino que también fortalece la con-
fianza de los ciudadanos en las instituciones estatales y en el sistema democráti-
co en su conjunto.
Por su parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de
Justicia ha desarrollado lineamientos clave sobre la responsabilidad patrimonial
del Estado, estableciendo que para que una demanda de indemnización pros-
pere es esencial demostrar la existencia del daño y su vinculación directa con la
actuación estatal. En varias decisiones, la Corte ha subrayado que la reparación
no debe entenderse únicamente en términos monetarios, sino que debe respon-
der al impacto real que el daño ha causado en la vida del afectado. Asimismo, ha
insistido en la necesidad de que las entidades estatales adopten mecanismos de
prevención para evitar que sus actuaciones generen afectaciones indebidas a los
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La responsabilidad extracontractual en Ecuador: una perspecva desde el derecho
derechos de los ciudadanos (Corte Nacional de Justicia, 2021). Con estos pre-
cedentes, la responsabilidad extracontractual en Ecuador se consolida como un
pilar fundamental de la protección de los derechos constitucionales y del principio
de buen gobierno.
El artículo 344 del Código Orgánico Administrativo establece que, una vez que el
Estado ha sido condenado a pagar una indemnización por responsabilidad extra-
contractual, la máxima autoridad institucional debe iniciar una acción de repeti-
ción contra el servidor público responsable, si este actuó con dolo o culpa grave.
Aunque esta figura busca preservar los recursos públicos, su aplicación presen-
ta obstáculos relevantes. La necesidad de una sentencia previa, la prohibición
de reconvención y los desafíos probatorios, limitan su eficacia práctica. Además,
los plazos cortos y la complejidad cuando hay múltiples responsables dificultan
aún más su uso, debilitando su función preventiva y reparadora (Código Orgánico
Administrativo, 2017, art. 344).
En definitiva, la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del dere-
cho administrativo en Ecuador se basa en la protección de los derechos ciudada-
nos y en la necesidad de actuar con diligencia y transparencia en el ejercicio de las
funciones públicas. Es crucial que el Estado adopte medidas preventivas efectivas
para evitar daños y promueva una cultura de transparencia y rendición de cuentas
para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamenta-
les. Esta área del Derecho administrativo es crucial, ya que establece límites al po-
der estatal y garantiza los derechos de los ciudadanos frente a cualquier acción u
omisión del Estado ecuatoriano que resulte en perjuicio o vulneración, generando
así la obligación de indemnizar a los ciudadanos afectados, la Administración de
Justicia en materia administrativa deberá proponer las reformas para mejorar la
atención y resolución a los casos de responsabilidad extracontractual del Estado.
Derecho constitucional
El derecho constitucional en Ecuador aborda la responsabilidad extracontractual
del Estado a través de la protección de los derechos fundamentales de los ciu-
dadanos. La Constitución establece que el Estado tiene la obligación de reparar
los daños que cause en el ejercicio de sus funciones, garantizando así la tutela
efectiva de los derechos constitucionales (López, 2019). Además, se reconoce el
principio de legalidad, que implica que la responsabilidad del Estado debe estar
fundamentada en normas jurídicas claras y precisas (García, 2020).
La responsabilidad del Estado, según lo estipulado en el artículo 11.9 de la
Constitución de la República del Ecuador (2008), implica, entre otras obligacio-
nes, el respeto y la garantía de los derechos de las personas, así como la provisión
de una reparación integral en caso de que estos derechos sean vulnerados o no
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sean debidamente atendidos por parte de los funcionarios públicos o de los ser-
vicios estatales. Esta conexión entre la responsabilidad estatal y la reparación in-
tegral se explica de manera detallada por Jaramillo (2009), quien sostiene que, en
tales circunstancias, se da prioridad al derecho de la víctima a no sufrir injusticias
por parte del Estado.
Consecuentemente, el perjudicado no está obligado a demostrar la ilegalidad o
culpabilidad de la acción estatal, sino únicamente la relación causal entre la ac-
tuación dañina del Estado y el perjuicio sufrido (responsabilidad directa y objeti-
va). El Estado, por su parte, solo puede alegar circunstancias excepcionales, como
fuerza mayor, caso fortuito, acción de terceros o culpa propia de la víctima, para
desvirtuar esta relación causal (Jaramillo, 2009). La responsabilidad extracontrac-
tual del Estado en Ecuador constituye un tema de gran trascendencia que abarca
diversos aspectos del derecho, siendo el constitucional uno de los más relevantes.
En este contexto, resulta esencial ahondar en la manera en que se regula y se
aplica esta responsabilidad en el entramado jurídico del país.
La Constitución de la República del Ecuador establece los principios esenciales
que rigen la responsabilidad del Estado, según lo destacado por Pérez (2019).
De este modo, se enfatiza la obligación estatal de proteger los derechos de los
ciudadanos y de responder por cualquier daño ocasionado durante el ejercicio
de sus funciones. Este marco constitucional proporciona los fundamentos para la
interpretación y aplicación de la responsabilidad extracontractual en casos parti-
culares. Gutiérrez (2020) subraya la relevancia de comprender la responsabilidad
extracontractual como un mecanismo fundamental para salvaguardar los dere-
chos de los ciudadanos. No se limita únicamente a reparar los daños causados,
sino que implica la adopción de medidas preventivas para evitar su ocurrencia.
Por otro lado, la jurisprudencia ecuatoriana desempeña un papel clave en la de-
finición y aplicación de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal como
expone Rodríguez (2018). Las decisiones de las cortes nacionales contribuyen de
manera significativa a clarificar los alcances y límites de esta responsabilidad, así
como a establecer criterios para determinar cuándo el Estado debe responder
por los daños causados. Es imperativo analizar cómo estas disposiciones cons-
titucionales y jurisprudenciales se materializan en la práctica y su impacto en los
ciudadanos y en el propio Estado. Un estudio detallado de casos concretos puede
proporcionar una visión más clara de los desafíos y oportunidades que presenta
la responsabilidad extracontractual en Ecuador, identificando posibles áreas de
mejora en su aplicación.
En Ecuador, la responsabilidad extracontractual no solo se aborda desde el dere-
cho civil o administrativo, sino que tiene una base fundamental en la Constitución.
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La responsabilidad extracontractual en Ecuador: una perspecva desde el derecho
La Carta Magna del 2008 reconoce la obligación del Estado y de los particulares
de responder por los daños que ocasionen, estableciendo principios esenciales
como la reparación integral y el acceso a la justicia. En este contexto, la Corte
Constitucional del Ecuador ha desempeñado un papel crucial en la consolidación
del derecho a la reparación integral, estableciendo parámetros claros para la res-
ponsabilidad extracontractual del Estado. A través de su jurisprudencia, ha enfa-
tizado que las entidades públicas tienen la obligación no solo de indemnizar a las
víctimas por los daños sufridos, sino también de adoptar medidas que garanticen
una reparación efectiva y eviten la repetición de conductas lesivas.
En sentencias recientes, la Corte ha sostenido que la reparación no puede limi-
tarse a un resarcimiento económico, sino que debe incluir medidas de rehabili-
tación y garantías de no repetición para restaurar, en la mayor medida posible, la
situación de la persona afectada (Corte Constitucional del Ecuador, 2022). Este
criterio responde a un enfoque de justicia restaurativa que busca no solo compen-
sar el daño, sino también fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema
judicial; para profundizar, es importante que revisemos los espacios en materia
constitucional que se ofrece sobre la responsabilidad extracontractual del Estado,
espacios destinados al análisis de la Constitución; a la derivación por violación a
derechos humanos y la consecuente reparación integral.
La Constitución como pilar de la responsabilidad extracontractual
El principio de responsabilidad está consagrado en el artículo 11, numeral 9 de
la Constitución, que señala que cualquier vulneración de derechos genera una
obligación de reparación. Esto significa que, cuando una persona sufre un perjui-
cio debido a la acción u omisión del Estado o de otro ciudadano, tiene derecho a
exigir una compensación.
Además, el artículo 75 refuerza este derecho al garantizar el acceso a la justicia y
la reparación integral. Esta última no solo implica una indemnización económica,
sino también medidas que permitan restaurar en la mayor medida posible la si-
tuación anterior al daño, incluyendo disculpas públicas, rehabilitación o garantías
de no repetición (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
La responsabilidad del Estado: más allá del ámbito administrativo
Uno de los aspectos más relevantes en la responsabilidad extracontractual es
la que recae sobre el Estado cuando, en el ejercicio de sus funciones, causa un
perjuicio a los ciudadanos. La Constitución establece con claridad que el Estado
debe responder incluso si no hubo intención de causar daño. Es decir, se aplica un
criterio de responsabilidad objetiva, en el que basta demostrar que se ha produci-
do un perjuicio y que este guarda relación con la actividad estatal (Salgado, 2020).
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En la práctica, esto significa que, si una persona es afectada por una deficiencia
en la prestación de un servicio público, como un error médico en un hospital
estatal o una acción policial desproporcionada, puede exigir una reparación sin
necesidad de demostrar la culpa directa del funcionario. Este principio está desa-
rrollado en el Código Orgánico Administrativo (COA), que refuerza la obligación
de indemnización cuando se cause un daño antijurídico.
Responsabilidad por violaciones de Derechos Humanos
La responsabilidad del Estado se agrava cuando el daño proviene de la vulneración
de derechos fundamentales. En estos casos, la Constitución establece mecanismos
de protección como la acción de protección (artículo 98), que permite a las víctimas
solicitar medidas correctivas y compensatorias. Un caso emblemático en este ám-
bito es el de Albán-Cornejo y otros vs. Ecuador, resuelto por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en 2007. En este caso, la Corte determinó que el Estado
ecuatoriano había fallado en garantizar el acceso a la justicia y en prevenir la im-
punidad en un caso de mala praxis médica. Este tipo de precedentes refuerza la
idea de que la responsabilidad del Estado no es solo administrativa o civil, sino que
también tiene una dimensión constitucional e internacional (CIDH, 2007).
La reparación integral: un derecho constitucional
El concepto de reparación integral ha sido ampliamente desarrollado en la ju-
risprudencia ecuatoriana. La Corte Constitucional ha señalado que este derecho
no se limita a una compensación monetaria, sino que debe garantizar medidas
de restitución, rehabilitación y satisfacción. En este sentido, las víctimas pueden
exigir no solo el pago de una indemnización, sino también medidas como la reha-
bilitación médica, la emisión de disculpas públicas o reformas en las políticas es-
tatales para evitar que el daño se repita (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).
En síntesis, el estudio de la responsabilidad extracontractual en Ecuador desde
una perspectiva constitucional es fundamental para comprender su alcance y sus
implicaciones en el ámbito jurídico y social del país. El análisis exhaustivo de la
legislación, la jurisprudencia y casos específicos ofrece una base sólida para iden-
tificar áreas de mejora y promover una mayor protección de los derechos de los
ciudadanos.
Derecho civil
En el ámbito del derecho civil, la responsabilidad extracontractual del Estado ecua-
toriano se sustenta en elementos fundamentales como la culpa, el daño y el nexo
causal. La jurisprudencia ha consolidado el principio de que el Estado está obliga-
do a reparar los daños ocasionados por sus agentes en el ejercicio de sus funcio-
nes, siempre y cuando se demuestre la concurrencia de dichos elementos (Vargas,
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La responsabilidad extracontractual en Ecuador: una perspecva desde el derecho
2017). Además, se reconoce la relevancia de los principios de equidad y propor-
cionalidad en la determinación de las indemnizaciones correspondientes a fin de
garantizar una reparación justa y adecuada a los perjudicados (Hernández, 2018).
En el marco de la responsabilidad extracontractual civil del Estado, resulta esen-
cial realizar un análisis comparativo entre los sistemas legales de Ecuador y
Colombia. Esta comparación permite una visión más completa de cómo ambos
países manejan la responsabilidad estatal frente a daños y perjuicios sufridos por
los ciudadanos, destacando similitudes y divergencias en su enfoque jurídico.
En Ecuador, la regulación de la responsabilidad extracontractual del Estado se
fundamenta principalmente en la Constitución y en la jurisprudencia tanto de la
Corte Constitucional como de la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo con Pérez
(2019), la Carta Magna establece la responsabilidad del Estado por los daños que
ocasione en el ejercicio de sus funciones. No obstante, la determinación de dicha
responsabilidad y la respectiva indemnización son competencia exclusiva del po-
der judicial.
Por otro lado, en Colombia, la responsabilidad extracontractual del Estado se en-
cuentra regulada en la Constitución, en leyes especiales como la Ley 1448 de
2011, y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
De acuerdo con Gómez (2018), la Constitución colombiana consagra el principio
de responsabilidad patrimonial del Estado y establece que los particulares tienen
derecho a ser indemnizados por los daños antijurídicos que les sean causados
por la acción u omisión de las autoridades públicas.
En el contexto ecuatoriano, la definición del carácter de la responsabilidad civil
en asuntos médicos se ha visto influenciada por el desarrollo del sistema de se-
guridad social en salud. Antes de la implementación de reformas significativas en
el sistema de salud ecuatoriano, la jurisprudencia tendía a enfatizar la naturale-
za contractual de la responsabilidad de los médicos y las instituciones de salud.
Similar a lo observado en Colombia, se destacaba la importancia del acuerdo pri-
vado entre el médico y el paciente como base para determinar la responsabilidad
en casos de daños derivados de la atención médica.
Se consideraba que este acuerdo podía ser tanto explícito, a través de una con-
vención ordinaria con una prestación de honorarios, como implícito, en el caso de
relaciones de confraternidad o cortesía donde los cuidados se ofrecían sin contra-
prestación económica directa. Esta interpretación se fundamentaba en la noción
de que el contrato entre el médico y el paciente, ya sea formal o informal, establecía
un vínculo que implicaba responsabilidades legales (Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, SC13925/2016). Asimismo, al igual que en Colombia, en el
contexto ecuatoriano se reconocía la posibilidad de que terceros, como parientes
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del paciente o empleadores, pudieran contratar los servicios médicos en nombre
del paciente, ampliando así el alcance de la responsabilidad contractual en casos
de atención médica.
En Colombia, se observa una tendencia hacia la consideración predominante de
la responsabilidad médica como contractual. Según Ballesteros (2000), esta pers-
pectiva es comúnmente aceptada. Acosta Madiedo (2010) sugiere que, incluso
sin un consentimiento informado, es posible identificar una responsabilidad con-
tractual entre el paciente y el médico, mientras que la responsabilidad hacia las
entidades donde se proporciona la atención médica sería de naturaleza extra-
contractual. Por su parte, Ruiz (2004) sostiene que la relación médico-pacien-
te se establece mediante un acuerdo de voluntades expreso que constituye una
relación contractual. Fernández (2019) argumenta que esta inclinación se originó
en el caso Mercier de 1936 de la Corte de Casación francesa, que introdujo la dis-
tinción entre obligaciones de medio y de resultado, influyendo en la percepción de
la responsabilidad médica como contractual en Colombia.
En ambos países, la responsabilidad extracontractual del Estado se fundamenta
en el principio de reparación integral, que busca restablecer la situación anterior
al daño en la medida de lo posible. Sin embargo, existen diferencias significativas
en cuanto a los procedimientos y requisitos para la exigencia de responsabili-
dad, así como en los límites y excepciones aplicables. Esta comparación entre el
sistema ecuatoriano y colombiano de responsabilidad extracontractual civil del
Estado contribuye a enriquecer el debate académico y jurídico sobre este tema,
proporcionando insights valiosos para la mejora y el desarrollo de las normativas
y prácticas en ambos países.
En Ecuador, la responsabilidad extracontractual en el ámbito civil se basa en un
principio fundamental: quien cause un daño a otro debe repararlo, independien-
temente de si existe o no una relación contractual previa. Esta idea, que se en-
cuentra recogida en el Código Civil ecuatoriano, establece que la indemnización
procede cuando se demuestra que hubo culpa o negligencia. Su aplicación es cla-
ve en situaciones como accidentes de tránsito, errores médicos, daños causados
por productos defectuosos o problemas ambientales. En estos casos, no solo se
busca una compensación económica para la víctima, sino que también se pueden
adoptar medidas que ayuden a restituir la situación anterior al daño, asegurando
así una verdadera justicia reparadora (Morillo, 2022).
Para que se pueda exigir esta responsabilidad, deben cumplirse ciertos requisi-
tos básicos. En un primer lugar, el daño sufrido debe ser real y comprobable, ya
que no se indemnizan perjuicios hipotéticos. Además, el hecho que lo provocó
debe ser considerado antijurídico, es decir, contrario al derecho. Y, en segundo
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lugar, debe atenderse el aspecto esencial es la relación de causalidad entre la ac-
ción u omisión y el daño causado; sin este vínculo, no se puede exigir reparación.
Finalmente, el responsable debe ser una persona jurídicamente imputable, lo que
significa que tenía la capacidad de entender y evitar el daño. La correcta aplica-
ción de estos principios permite que las víctimas accedan a una reparación justa y
que el sistema de responsabilidad cumpla su función de prevención y protección
de derechos (Morillo, 2022).
Metodología
En la elaboración de este artículo, se empleó la metodología de análisis documen-
tal y bibliográfico para examinar a fondo la responsabilidad extracontractual en
Ecuador desde múltiples perspectivas legales. Según Rodríguez (2017), el análisis
documental permite una revisión exhaustiva de fuentes primarias y secundarias,
facilitando la identificación de tendencias, argumentos y casos relevantes. Por
otro lado, Gutiérrez (2020) destaca que el análisis bibliográfico proporciona un
marco teórico sólido y permite contextualizar el estudio dentro del panorama aca-
démico existente.
Durante el proceso de investigación, se revisaron numerosas fuentes jurídicas,
incluyendo leyes, reglamentos, jurisprudencia y tratados internacionales relacio-
nados con la responsabilidad extracontractual en Ecuador. Además, se consul-
taron obras académicas y artículos de revistas especializadas en derecho cons-
titucional, administrativo y civil. Esta revisión exhaustiva permitió identificar las
principales tendencias, teorías y desarrollos jurisprudenciales en el ámbito de la
responsabilidad por daños y perjuicios en el país. El análisis documental y biblio-
gráfico proporcionó el fundamento teórico necesario para abordar los distintos
aspectos de la responsabilidad extracontractual desde una perspectiva integral.
Además, permitió identificar vacíos en la literatura existente y áreas que requieren
mayor investigación en el futuro. En resumen, esta metodología fue fundamental
para garantizar la rigurosidad y solidez del análisis realizado en este artículo.
La metodología de investigación de revisión bibliográfica en temas de derecho
constitucional, administrativo y civil ecuatoriano es fundamental para comprender
la evolución, los debates y las tendencias en estas áreas legales. Este enfoque
implica la recopilación, el análisis crítico y la síntesis de una amplia gama de fuen-
tes bibliográficas relevantes, incluidos libros, artículos académicos, jurispruden-
cia y documentos legales. Al utilizar esta metodología, los investigadores pueden
identificar los principales conceptos, teorías y desarrollos legales en estas áreas,
así como las lagunas en la literatura existente. Además, permite contextualizar
y analizar críticamente la legislación, la jurisprudencia y las prácticas legales en
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Ecuador, proporcionando una base sólida para la investigación empírica y el de-
sarrollo teórico en estos campos.
La revisión bibliográfica también puede revelar discrepancias, contradicciones o
áreas de controversia en la literatura legal, lo que puede guiar investigaciones
futuras y contribuir al avance del conocimiento en el campo del derecho. En re-
sumen, la metodología de revisión bibliográfica es una herramienta valiosa para
explorar y comprender en profundidad los aspectos clave del derecho constitu-
cional, administrativo y civil en el contexto ecuatoriano.
Conclusiones
En Ecuador, la Responsabilidad Extracontractual del Estado se aborda desde dis-
tintas perspectivas legales, incluyendo el Derecho Administrativo, Constitucional
y Civil. Estos enfoques complementarios permiten establecer un marco jurídico
integral que garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos y esta-
blece las responsabilidades del Estado en caso de causar daños. Sin embargo,
es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de los mecanismos de pro-
tección y reparación para asegurar una justicia efectiva y equitativa para todos
los ciudadanos. Además, se encuentra evidencia de un déficit judicial durante la
examinación el juicio de repetición, ya que es un mecanismo poco aplicado en
Ecuador, pero que permite al Estado exigir a los funcionarios responsables que
devuelvan los montos pagados en indemnizaciones, evitando que el costo de los
errores administrativos recaiga únicamente sobre los fondos públicos.
El estudio sobre la responsabilidad extracontractual en Ecuador desde las pers-
pectivas del derecho constitucional, administrativo y civil arroja resultados esen-
ciales que profundizan en la comprensión de este tema en el contexto ecuatoriano.
Se destaca que la responsabilidad estatal se encuentra arraigada en la legislación
constitucional y en la jurisprudencia de las cortes nacionales, subrayando su rele-
vancia en el marco legal del país. Un hallazgo clave es la estrecha relación entre
la responsabilidad estatal y la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos. La Constitución ecuatoriana establece claramente la obligación del
Estado de garantizar y proteger estos derechos, lo que implica su responsabilidad
en caso de violaciones por parte de sus agentes públicos.
La responsabilidad extracontractual en Ecuador no puede analizarse únicamente
desde el derecho civil o administrativo, ya que su fundamento principal está en
la Constitución. Los principios de reparación integral, acceso a la justicia y tutela
efectiva de derechos han fortalecido el marco normativo ecuatoriano, permitiendo
que los ciudadanos cuenten con herramientas legales para exigir compensacio-
nes ante daños injustos. Con el tiempo, la jurisprudencia ha evolucionado para
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consolidar la responsabilidad del Estado y de los particulares, asegurando que
la justicia no sea solo una declaración de principios, sino una realidad accesible
para todos.
En el ámbito administrativo, se observa una vinculación directa entre la respon-
sabilidad estatal y la prestación de servicios públicos. Los ciudadanos tienen de-
recho a recibir servicios de calidad y, ante daños ocasionados por una prestación
deficiente, tienen derecho a solicitar una indemnización. Por otra parte, en el ám-
bito civil, la responsabilidad extracontractual se rige por los principios generales
del derecho civil, como la culpa, el daño y el nexo causal. La jurisprudencia ecua-
toriana ha establecido la obligación del Estado de reparar los daños causados por
sus agentes, siempre que se demuestren estos elementos. La discusión de estos
resultados pone de manifiesto la complejidad del tema y la necesidad de abordar-
lo de manera integral. Destaca la importancia de garantizar una adecuada pres-
tación de servicios públicos y el respeto a los derechos de los ciudadanos como
medidas preventivas ante posibles reclamaciones de responsabilidad.
El análisis presentado destaca la importancia de una aplicación coherente y armo-
nizada de la responsabilidad extracontractual en sus distintas dimensiones lega-
les. La interconexión entre el derecho constitucional, administrativo y civil permite
garantizar una protección más efectiva de los derechos de las personas afecta-
das. La jurisprudencia ecuatoriana ha evolucionado en esta materia, establecien-
do criterios más claros para determinar la responsabilidad tanto del Estado como
de los particulares en la reparación de daños. Sin embargo, aún persisten desafíos
en la implementación de estos principios, lo que requiere un fortalecimiento de
los mecanismos de control y una mayor claridad en la normativa aplicable.
En definitiva, la responsabilidad extracontractual en Ecuador es un tema compli-
cado que requiere una visión integral desde el derecho constitucional, adminis-
trativo y civil. La interacción entre estas áreas es fundamental para asegurar una
justicia más equitativa y efectiva, garantizando que quienes sufran daños puedan
acceder a una reparación justa y proporcional. A su vez, este análisis pone en
evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de aplicar estos
principios y de mejorar la normativa vigente para que responda mejor a las exi-
gencias de un Estado de derecho comprometido con la protección de los dere-
chos ciudadanos.
En síntesis, los resultados y la discusión del estudio ofrecen una visión completa
de la responsabilidad extracontractual del Estado en Ecuador, evidenciando su im-
portancia en el sistema legal y sus implicaciones tanto para los ciudadanos como
para el propio Estado. Este análisis integral es esencial para comprender cómo se
maneja este tema en la práctica y cómo se pueden fortalecer los mecanismos de
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protección de los derechos de los ciudadanos y los del Estado como sujeto de de-
rechos y obligaciones para ejercer la acción de repetición a los agentes oficiosos.
Aunque la acción de repetición representa un mecanismo legal para salvaguardar
los recursos públicos frente a actos dolosos o gravemente culposos de servidores
estatales, sus exigencias procesales y limitaciones prácticas reducen su eficacia
real, lo que evidencia la necesidad de revisar su operatividad dentro del sistema
jurídico ecuatoriano.
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