Revista Killkana Sociales Vol. 5, No. 2, mayo-agosto, 2021
45Las Bananeras y la masacre de Guayaquil: literatura y génesis
Gallegos (2016) hace: «El jefe de zona, el general Panza, era un serrano, chupista insigne» (p.
195); sin embargo, es apresurado armar que se trataría del mismo ente, dada la intención
estética y no historiográca de la novela.
Además, para hablar en clave de la disposición del orden social y político, esta
década marcó el pulso iniciado de la anterior, cuando ya surgía una incipiente náusea social:
«Aunque hubo conictos, estos no afectaron el orden sino hasta 1910, si bien la situación
social fue muy tensa, incluyendo acciones de violencia, como ocurrió en 1928» (Ansaldi &
Giordano, 2016, p. 552). También, esa conguración del orden se da tras las decisiones que
recayeron en la población y se transmitieron directamente a los generales: Barriga tuvo el
mandato del presidente Tamayo de restablecer el orden en Guayaquil para el ocaso del 15 de
noviembre, al precio que fuese.
De otro lado, el orden en las revueltas de los bananeros tuvo una medida de coerción
que, en la madrugada del 6 de diciembre, prohibía asambleas y reuniones de más de tres
personas, además de un decreto legislativo, enviado desde Bogotá, que designaba funciones a
Cortés Vargas para aplicar procedimientos, menguado, a su vez, en una disposición de estado
de sitio en la ciudad. En este punto, el Ministerio de Guerra fue determinante. García Márquez
(1976) reeja dicho mandato, en un marco en que los militares no optaron por una vía pacíca,
más allá de que algunas fuentes reeren que los militares sí hicieron medidas previas al fuego
y, en tal inclinación, no hubo acato por parte de los huelguistas: «La ley marcial facultaba al
ejército para asumir funciones de árbitro de la controversia, pero no se hizo ninguna tentativa
de conciliación» (p. 254). Asimismo, se dice que hubo tiros al aire de parte de los militares en
Guayaquil y que intentaron, presuntamente, contrarrestar así la huelga.
Otra semejanza denitoria entre ambas masacres fue las características del pliego
de peticiones. Los nueve puntos enumerados por los sindicalistas bananeros fueron el
pago de un seguro colectivo obligatorio y de uno contra accidentes laborales; el derecho al
descanso dominical, como se ve en el fragmento de García Márquez, líneas atrás; aumento
de los jornales; eliminación de los comisariatos; pagos semanales y en efectivo; abolición de
los vales; supresión de los intermediarios en los contratos, y la creación de hospitales. Estos
nueve puntos tuvieron una paradójica reprimenda por parte de los militares y que muestra una
anomia en el establecimiento del «orden», pues presuntamente uno de los coroneles, tras la
masacre, dejó nueve cadáveres visibles como respuesta alusiva a la cantidad de puntos del
pliego, nueve. Este plano de requerimientos tuvo una dirección precisa, la UFCo, y no hubo
mención directa hacia el Gobierno. En este orden de ideas, los cuatro pliegos de los gremios
en las huelgas de Guayaquil fueron la libertad de los obreros recluidos, el descenso de la
divisa, el aviso de despido con un plazo pertinente y la disminución de las horas de trabajo;
este último es idéntico a uno de los pliegos de los bananeros.
Adicionalmente, hubo una diferencia en la dirección política de la huelga; pues,
mientras en Colombia la querella era con la UFCo, la desazón en Ecuador fue frente al gobierno
de José Luis Tamayo, quien tuvo una relación burocrática, desde años atrás, con el poderoso
Banco Comercial y Agrícola, lo cual jugaba en desfavor del mandatario a quien se le acusaba
los supuestos benecios de las élites, mientras el resto de la población se quedaba sin
herramientas para afrontar la crisis: «Los conictos entre las distintas fracciones oligárquicas
se tejieron de modo complejo y no tardaron en emerger apenas la crisis económica tocó las
bras más delicadas del engranaje político» (Ansaldi & Giordano, 2016, p. 558).
A esta altura, se hace preciso mencionar el nexo factual entre la oligarquía, las